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Los criptoactivos y la legalidad (y IV)

Ildemaro Pacheo

Y para terminar este paseo por la legalidad de los Criptoactivos, cerramos la saga con lo que pasa en USA, ya que la introducción de la CLARITY Act ha generado una de las batallas de cabildeo más tumbarranchos en la historia reciente de la regulación financiera estadounidense. Los actores económicos han asumido posiciones divergentes basadas en cómo la ley afecta sus modelos de negocio y su participación en el sistema monetario, obvio, cada quien cuida su parcela con furia.

Las asociaciones bancarias tradicionales, han centrado su oposición en la capacidad de las plataformas de activos digitales para ofrecer rendimientos por la tenencia de stablecoins. El argumento bancario es estructural: si las stablecoins que rinden intereses no están sujetas a los mismos requisitos prudenciales, de reserva y de seguros de depósito que los bancos comerciales, se creará un campo de juego desigual que incentivará la fuga de depósitos del sistema bancario tradicional hacia instrumentos digitales. Tiene lógica, banca 1 criptos 0. Este sector teme que una migración masiva de depósitos hacia tokens totalmente respaldad que reduzca drásticamente la capacidad de los bancos para financiar. Los cabilderos bancarios han llegado a calificar las recompensas de las stablecoins como una amenaza existencial que podría erosionar la base de depósitos de 18 billones de dólares del sistema estadounidense.

Por el contrario, empresas líderes como Coinbase y grupos como el Crypto Council for Innovation han defendido la ley como una herramienta esencial para la innovación institucional. Su posición ha evolucionado desde la resistencia inicial hacia la aceptación de compromisos pragmáticos. Por ejemplo, aunque el sector preferiría la libertad total de ofrecer rendimientos similares a los bancarios, ha aceptado un lenguaje de compromiso que permite recompensas basadas en la actividad (como pagos o participación en la red) mientras se prohíben los rendimientos pasivos “solo por mantener” el activo. La posibilidad de operar bajo una licencia de la CFTC y tener un camino claro hacia la conformidad con la SEC permite que el capital institucional, anteriormente cauteloso, ingrese al mercado con confianza.

En un giro significativo para el debate, la Casa Blanca, publicó un informe en abril de 2026 analizando el impacto de prohibir los rendimientos de las stablecoins. El estudio concluyó que la prohibición total del rendimiento solo incrementaría los préstamos bancarios en unos 2.100 millones de dólares (un ínfimo 0,02% del total de préstamos pendientes), mientras que impondría un costo de bienestar neto a los consumidores de 800 millones de dólares en ingresos perdidos. Este dato ha debilitado el argumento central de la banca sobre la “fuga catastrófica de depósitos”, posicionando a la industria bancaria como protectora de sus propios márgenes de beneficio a costa de la competencia. Banca 1 criptos 1.

Un aspecto clave de la ley es la prohibición estricta impuesta a la Reserva Federal de emitir una moneda digital de banco central (CBDC) directamente a individuos. Esta disposición, impulsada principalmente por preocupaciones republicanas sobre la privacidad y la vigilancia gubernamental, busca asegurar que el gobierno no utilice la infraestructura financiera para monitorear las transacciones privadas de los ciudadanos. Al bloquear una CBDC directa, la ley incentiva el uso de stablecoins emitidas por el sector privado bajo un marco regulado, consolidando el modelo de moneda digital respaldada por activos privados pero supervisada por el estado.

La CLARITY Act también aborda la integración de los activos digitales en el marco fiscal de los Estados Unidos, cerrando brechas que permitían el arbitraje impositivo: 1. Reglas de ventas simuladas (Wash-Sale): Históricamente, las criptomonedas han estado exentas del Código de Rentas Internas, lo que permitía a los inversores vender activos con pérdidas para deducir impuestos y recomprarlos inmediatamente. La ley prevé cerrar este vacío, tratando a los activos digitales de manera similar a las acciones y valores.; 2. Reporte 1099-DA: Se expande la definición de “corredor” obligado a emitir formularios de reporte fiscal. Esto garantiza que una mayor proporción de ganancias en el sector de activos digitales sea visible para el IRS, reduciendo la brecha fiscal; 3. Protecciones para DeFi: En un intento de proteger la innovación técnica, la ley excluye explícitamente de la regulación de intermediarios a las actividades no custodias, como la validación de transacciones, la ejecución de nodos y el desarrollo de software puro que no involucre el control de fondos de clientes.