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Recomiendan suspender las consultas electivas por ser focos de contagio

8 de agosto de 2020

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Solo falta por registrarse casos de coronavirus en el municipio Rafael Urdaneta

Favio Hernández

La autoridad única de Salud, la doctora Amelia Fressel, recomendó suspender las consultas electivas, alegando que las mismas se han convertido en un gran foco de contagio de covid-19 durante los últimos días.

«Las consultas electivas tienen que ser suspendidas porque se han convertido en un foco de contagio. Las personas siempre van acompañadas por una, dos o tres personas más y no se cumplen todos los protocolos de seguridad, por lo que es más fácil que se propague el virus», comentó.

Más de 115 casos en San Cristóbal

Asimismo, manifestó su preocupación por el incremento de los casos por contagio comunitario en el estado, en especial en la capital del Táchira, el municipio San Cristóbal.

Informó que, hasta ayer, la ciudad sancristobalense totalizaba más de 115 casos por contagio comunitario, siendo el municipio San Cristóbal, en toda la entidad, el que más cifras ostenta en este renglón.

Fressel dijo que por la inconsciencia e irresponsabilidad del colectivo, que no cumple las medidas de prevención y distanciamiento social, han aumentado los casos positivos, por lo que destacó que en los últimos 15 días se ha podido ver un sinnúmero de reuniones sociales en donde los participantes son, en su mayoría, jóvenes.

«Sigue siendo San Cristóbal el municipio bandera en casos por contagio comunitario y fallecidos», manifestó la doctora.

A San Cristóbal le siguen municipios como Bolívar, Andrés Bello, Cárdenas e Independencia, «y así sucesivamente»; solo falta por registrar casos de coronavirus en el municipio Urdaneta.

En número generales un total de 1.219 casos se presentan en la entidad, de los cuales 738 han sido recuperados. 440 obedecen al contagio comunitario y 684 a connacionales infectados, mientras que, hasta ayer en la mañana, había 21 personas fallecidas.

560 jóvenes en trabajo social

En otro orden de ideas, Silfredo Zambrano, presidente de Corpoandes, informó -en el programa radial- que un total de 560 jóvenes han sido llevados al Ministerio Público, organismo que se ha encargado de procesarlos, y se les ha impuesto como pena el servicio comunitario.

Aclaró que está personas detenidas fueron la causa del desacato a las medidas de prevención al covid-19, como lo es ignorar el aislamiento y el distanciamiento social. Estos individuos fueron sorprendidos por los cuerpos de seguridad en reuniones sociales en diferentes zonas de la entidad.

«No es que a estas personas se le impuso el trabajo social obligatorio, a ellas se les dio a escoger entre continuar con el proceso judicial o adoptar el trabajo social, como pena ante su falta», destacó Zambrano.

Recordó que el incumplimiento de las medidas de prevención, las cuales son emanadas por los organismos de salud a nivel internacional, y no por el presidente de la República, ni por Freddy Bernal, va en contra del decreto de cuarentena dictado por el Ejecutivo nacional hace más de 4 meses, por lo que es considerado un delito.

Cabe destacar que el vocero anunció que quienes contaminen la ciudad arrojando desperdicios orgánicos e inorgánicos en lugares no apropiados, serán también sancionados con trabajo social.

«Mes crítico» para el gas

Por su parte, Rafael Belisario, director del Gabinete de gas, reconoció que el mes de julio ha sido el «más crítico» para la distribución del servicio en la entidad, pues solo se recibieron 80 gandolas, de las 400 que se necesitan para garantizar la atención en todo el Táchira.

No obstante, auguró mejorías para el presente mes, diciendo que va a ser «muy próspero», porque se pudo aumentar el cupo, producto de las gestiones que Bernal está realizando ante el presidente de la República.

Igualmente señaló que en el mes pasado se pudo atender el municipio Cárdenas, una zona que tenía más de dos años sin que se le distribuyera el servicio de gas.

Acotó que un total de 4.020 familias fueron beneficiadas con el servicio, y que a partir del día de hoy asistirán a las poblaciones de Palo Gordo y Altos de Paramillo.

Resaltó que en Gas Comunal se ha disminuido la corrupción y advirtió que aquellos funcionarios que sean sorprendidos cometiendo actos ilícitos, es decir, extracción de material estratégico, podrían acarrear penas de hasta 10 años de prisión, tal como sucedió recientemente, cuando se detuvo a algunos empleados de seguridad en la planta Libertador por extraer gas en horas de la madrugada para posteriormente revenderlo en las comunidades.

Sobre este caso, Belisario agregó que los exfuncionarios llenaban los cilindros con el «repele» que quedaba, el cual representaba lo de dos gandolas, y que a la postre era comercializado en las comunidades.

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