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Aunque fue observado por primera vez el 26 de junio de 1987, cuando entró en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Día internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura fue proclamado en 1997, en ocasión de su décimo aniversario, con el objetivo de concretar esfuerzos para su erradicación, y lograr el funcionamiento eficaz de la Convención, aprobada en 1984.
Humberto Contreras
La tortura se considera un crimen a nivel internacional. Está prohibida y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la comunidad internacional, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales sobre la materia.
El primer párrafo del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, explica que se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión.
Igualmente, explica el texto, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
Especifica que, es tortura, “cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas».
La lucha contra la tortura
En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante las décadas de los ochenta y noventa, se lograron avances en el desarrollo de leyes e instrumentos jurídicos y se impuso la prohibición de la tortura. En 1981 se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, para financiar a las organizaciones que prestaban asistencia a las víctimas y a sus familias.
En 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Se creó un comité de expertos, llamado Comité contra la Tortura para vigilar la aplicación de esta Convención.
La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, un experto independiente al que se le encomendó la misión de informar sobre la situación de la tortura en el mundo.
Se aprobaron además varias resoluciones en las que se establecían principios generales para el trato de los reclusos y detenidos y se destacaba la importancia que podía tener el personal de atención de la salud en la protección de los presos y detenidos contra la tortura.
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