Temen por colapso de la entrada al puente de Ureña
23 de abril de 2024
Durante el primer trimestre del año, el exalcalde del municipio Michelena del estado Táchira y actual presidente del partido Copei, Fernando Andrade, realizó un recorrido por los 29 municipios de la región, acción que le permitió constatar la grave crisis social, económica y política que viven los habitantes de pueblos, aldeas y caseríos de la región.
Para el político, la región fronteriza con Colombia atraviesa uno de los peores momentos que se hayan registrado en la historia, con dimensiones mayores de las que se viven en el resto de Venezuela.
El colapso del estado Táchira se inició, a juicio de Andrade, hace unos ocho años, cuando el Gobierno nacional entró a tomar el control de la Gobernación del estado, en la figura del exgobernador Vielma Mora.
“Empezaron a desmontar la infraestructura que tenía la Gobernación del estado, limitaron los recursos, a través del Consejo Federal de Gobierno, a las alcaldías, quedando a discreción del gobernador la posibilidad que los proyectos a nivel nacional se aprobaran o no para las 29 alcaldías. Un caso específico fue lo ocurrido con la alcaldía de San Cristóbal, donde los recursos, durante más de un año, los tuvieron retenidos porque no se tenía la aprobación del Gobierno regional para el desembolso”.
Con las limitaciones a los gobiernos municipales se acrecentaron los problemas en los municipios productores del Táchira. Al reducir la compra de maquinaria pesada y la adquisición de repuestos para el mantenimiento de la línea amarilla y las importaciones de diferentes de equipos de mantenimiento, se originó el colapso de los 7.000 kilómetros de carretera agrícola que existen en el estado.
“Nuestros productores agropecuarios están sufriendo mucho en materia de vialidad y de seguridad en el área rural. No hay autoridad política, militar o policial que controle el territorio, lo que hay son otras autoridades al margen de la ley que son quienes tienen el control e incluso el mantenimiento por presión hacia las comunidades de lo que le corresponde a la alcaldía o la gobernación”.
La salud no escapa
El deterioro del sistema de salud en el Táchira no es la excepción al resto del país. La crisis en hospitales y ambulatorios es acentuada. Mientras que la red ambulatoria rural está totalmente cerrada, no existen ni ambulancias para el traslado de enfermos desde los municipios apartados hasta la capital del estado, destacó Andrade.
La infraestructura física de todos los hospitales está cada día peor debido al escaso mantenimiento y el nulo apoyo que reciben del Gobierno nacional los centros de salud pública.
“La política de salud debe ser administrada y dirigida por la Gobernación del estado. Ahora crearon la figura de una autoridad única, otro montaje más del gobierno de Maduro para desconocer las autoridades legítimamente escogidas por el pueblo a través del voto popular”.
Crisis social
El dirigente copeyano dijo que la crisis social que atraviesa la región es “espantosa”. Un suceso que hace unas semanas ocurrió en el barrio El Río de la entidad tachirense, en donde unos niños fueron abusados y agredidos dentro de un refugio, es una situación que no debe enmarcarse como normal, porque no identifica los valores de los ciudadanos del Táchira.
“Lamentablemente, no hay una conciencia de denuncia o una política que muestre lo que se está haciendo para proteger a los más vulnerables, y estas situaciones se repiten constantemente en la región”, agregó.
Por otra parte, denunció que el esquema de radicalización durante la pandemia ha afectado a la ciudadanía, en todos los sentidos. Las alcabalas que instalan los cuerpos de seguridad entre un municipio y otro, así como en calles y avenidas de San Cristóbal, no han generado más que corrupción.
“Hay una gran cantidad de alcabalas que no permiten transitar entre una calle a otra. Nosotros nos preguntamos: ¿Cuál es el criterio para instalar tantas alcabalas en el estado Táchira? En San Cristóbal existen alcabalas; para llegar a la frontera se consigue otra cantidad de puntos de control, igualmente en la vía hacia Ureña”.
Quienes practican deportes, como los ciclistas, también se ven afectados por las alcabalas que instalan en las principales avenidas de San Cristóbal. Ahora se dan a la tarea de detener a los deportistas, fotografiarlos, darles una charla sobre prevención del covid-19, cuando estas personas lo único que están haciendo son ejercicios para distraer la mente y hacer algo diferente en medio de la situación que se vive, denunció.
“En Táchira, la autoridad que se ejerce sobre la ciudadanía que trabaja es de un control férreo y permite la ´matraca´, porque aquí todos sabemos que a nadie le van a poner una multa, aquí a nadie le van a recoger el vehículo, lo que van a hacer estas alcabalas es ´matraquear´ y es apenas una muestra de la crisis social, de seguridad y de gobernabilidad que existe en el país”.
El exalcalde de Michelena señaló, como uno de los problemas que más han ganado terreno en la entidad tachirense, a la corrupción, porque envuelve todos los ámbitos de la vida local. Desde la persona que para salir ilesa de una alcabala policial accede a pagar una “multa” a las autoridades, hasta el ciudadano que paga entre 90.000 y 100.000 pesos colombianos por un cilindro de gas de 43 kilos.
A la anterior crisis se suman los constantes reclamos ante los cortes eléctricos, tanto en la capital del estado como en los municipios, donde el servicio de energía es suspendido entre siete y 18 horas diarias, sin conseguir hasta ahora una respuesta del organismo que administra la energía eléctrica en la región.
Sin dolientes
Ni el Táchira ni sus ciudadanos parecen tener quién los defienda, según las conclusiones hechas por el presidente del partido Copei, quien aseguró no ver un reclamo contundente desde el punto de vista administrativo y a favor de la ciudadanía, por parte de quienes representan la alternativa política de cambio en la región.
—¿Qué hace un profesor que devenga un sueldo mensual de 7.000 pesos colombianos para comprar gas? Lo mismo sucede con la gasolina dolarizada y los demás rubros controlados por el poder nacional asentado en el Táchira. Quien no paga a estos costos los servicios, sencillamente no los tiene.
Se trata de una región productiva, de gente trabajadora y pujante, con una frontera que cuando estaba abierta era el emblema del país en América Latina y hoy se ve destruida.
La reconstrucción
Un cambio político en la región, que incluya suscribir una propuesta seria por parte de la oposición que realmente quiera rescatar al estado Táchira, uno de los estados más productivos de Venezuela, es lo que propone Fernando Andrade.
Para lograr la recuperación de la región fronteriza con Colombia, primero es necesario restablecer la confianza de los ciudadanos, rescatar los valores y crear una ruta posible, porque no todas las estrategias políticas que se han planteado a nivel de la oposición han sido las más acertadas y, en adelante, deben estar afianzadas con la unidad”.
Es necesario organizarse y establecer mecanismos que lleven a los representantes opositores a crear estrategia para legitimar los liderazgos a nivel municipal y regionales, retomando la confianza de la ciudadanía. Ese camino a elegir se está marcando en la alternativa democrática a nivel nacional y se debe acompañar con firmeza y crítica, precisó Fernando Andrade.
De acuerdo con el político, la dirigencia partidista ha cometido errores y se trabaja en enmendarlos. La ruta entre el 6 y el 12 de diciembre del año que acaba de finalizar permitió conocer con claridad al liderazgo opositor y saber quiénes son aquellos opositores que le siguen haciendo la comparsa al régimen y la gente terminó dándose cuenta de que los partidos e instituciones democráticas habían sido secuestrados por Maduro.
“Hoy no tenemos una ruta fácil, pero tenemos que acompañarla, y esa ruta está a la vuelta de la esquina, y creo que la resolución a nuestros conflictos va a suceder”, concluyó el político copeyano.
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