El Observatorio de Delito Organizado Transnacional reportó un total de 16 casos de delitos financieros en el país durante el primer semestre de 2017. En el más reciente informe indicaron que en 68,8% de estos crímenes los estafadores manifiestan a sus víctimas que tenían acceso preferencial a políticas y programas sociales del Estado. Entre ellos el Programa Venezuela Productiva Automotriz y la Misión Transporte, con 46% (6 casos) de incidencia, mientras que por debajo se encontraron estafas relacionadas con las bolsas CLAP con 30,8% (4 casos), Mi Casa Bien Equipada con 15,4% (2 casos) y la Gran Misión Vivienda con 7,7% (1 caso).

El abogado Fernando Fernández, especialista en materia anticorrupción, explicó que esta tendencia se debe a que esa clase de subsidios “constituyen sistemas corrumpentes en sí mismos, además de ser un sistema corrupto”. Explicó que es corrumpente debido a que incita y facilita a que una persona se lucre sin mayor esfuerzo en producir y que es corrupto porque persuade al beneficiado a tener una filiación política con la finalidad de recibir el subsidio. Aseguró que desde el año 2001 se ha venido incrementando esta clase de crímenes cuando se eliminaron los delitos monetarios “y se creó una base legal para defraudar, una plataforma jurídica de impunidad”, reseña El Nacional.

Indicó que a pesar de que el fenómeno del bachaqueo o de revendedores está establecido como hecho punible en la Ley de Precios, es un delito económico vinculado con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el Observatorio, este tipo de delitos apunta hacia personas que utilizan como señuelo la ostentación de cargos en organismos oficiales, que en realidad no ocupan, así como tener presuntos accesos a políticas sociales promovidas por el gobierno. Este fenómeno es, según Fernández,un sistema que les da herramientas a los estafadores para delinquir y obtener dinero sin complicaciones.

En el informe publicado por el Observatorio se destacó que en tres casos de los computados los delincuentes usurparon la identidad de funcionarios públicos; se hicieron pasar por el viceministro de Transporte Terrestre, como trabajador del Parlamento y empleados de la Gobernación de Anzoátegui. También afirmaron que en uno de los casos el estafador se hizo pasar por un agente del Sebin, con el fin de consumar el delito.

En el reporte destacaron que en tres casos recogidos presentaron vinculación de los responsables con bandas organizadas, pero solamente pudieron identificar el nombre de una de ellas, conocida como Las Chicas del CLAP, que operaba en el municipio Santos Michelena en el estado Aragua. Este grupo delictivo, según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fue desarticulado en abril del presente año. Informaron que tres mujeres integraban la banda y que obtenían dinero de sus víctimas; se escondían y no daban razones del porqué para no entregar los productos que les prometían.

El Observatorio afirmó que los delincuentes, en esta clase de delitos, actúan en solitario y se aprovechan de la necesidad económica de las familias, los elevados costos y la escasez de bienes en el mercado, además de los programas sociales preferenciales del Estado. Usualmente se granjean la confianza de sus objetivos fingiendo ser un funcionario público y les ofrecen a sus víctimas un acceso fraudulento a bienes con un precio menor al del establecido en el mercado.

El dato

Según el Observatorio de Delito Organizado el organismo policial que más intervino en esta clase de crímenes fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 58,9%, con un total de 10 intervenciones. Le sigue la Guardia Nacional Bolivariana con 2 casos.