Los 59 colombianos detenidos entre 2016 y 2019 en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, donde estuvieron sin orden judicial y por una orden directa de Nicolás Maduro, piden al gobierno venezolano que respete la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y les dé una indemnización por los años perdidos en prisión. Enfermedades, familias rotas e inestabilidad económica forman parte de su día a día en el vecino país

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Luego de casi tres años, el 29 de junio de 2019 terminó el horror, pero no los padecimientos de los 59 colombianos que estuvieron detenidos en el comando de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, al oeste de Caracas. La deportación a su país natal no les trajo la estabilidad económica que poseían en Venezuela antes de ser apresados y, en algunos casos, hasta destruyeron el núcleo familiar.

A casi cuatro años desde que fueron deportados, el grupo presiona al Estado venezolano para que cumpla con la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, donde además de su excarcelación –que nunca se concretó bajo esta orden–, se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que repare e indemnice de forma efectiva a estas personas por las violaciones a sus derechos.

Ninguno de los 59 colombianos, entre ellos una mujer, que terminaron presos en La Yaguara se conocía antes de estar recluidos en ese comando. Fueron capturados entre agosto y el 1° de septiembre de 2016, día en que el mandatario Nicolás Maduro anunció que habían capturado a un grupo de 92 paramilitares al oeste de Caracas que supuestamente pretendían desestabilizar su gobierno.

Otros de los colombianos se habían entregado de forma voluntaria al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y algunos fueron retenidos al momento de poner en orden sus papeles de permanencia en el país.

Pero a partir de septiembre de 2016 el relato se unifica: fueron llevados a una sede de la PNB en Maripérez, donde pasaron casi 20 días en una platabanda bajo sol y lluvia; luego trasladados al estado Táchira para una supuesta deportación, que nunca ocurrió porque el Estado colombiano no aceptó que los entregaran bajo la figura de terroristas; y devueltos finalmente a Caracas para ser recluidos en La Yaguara, donde salieron -esta vez sí- deportados a Colombia en 2019 tras las gestiones que hizo la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Esta es la primera entrega de una serie de reportajes para exponer las historias personales de 13 de los 59 colombianos, que se organizaron junto a otros compañeros para exigir al Estado venezolano que les indemnice por sus detenciones arbitrarias y los tratos crueles que vivieron mientras estaban encerrados en La Yaguara.

Pedro Berríos: con el cuerpo desgastado

La historia de Pedro Berríos, un albañil detenido el 26 de agosto de 2016 durante una OLP cerca de la estación de Metro de Petare, la cuenta su esposa Lisbeth Rivera, que ha asumido la vocería de su caso desde que fue apresado. Su historia fue reflejada en La república que tortura, un documental de TalCual.

«Una vez que fueron deportados de Venezuela y recibieron atención médica, con la que no contaban cuando estaban en prisión, les desencadenaron una serie de complicaciones de salud impresionante. (Pedro) Ha tenido problemas de tensión, tuvo una falla renal, una falla cardíaca, todo eso debido a ese encierro pensando si podían salir o no porque los delitos de los que estaban acusados eran muy graves», resume Rivera en una conversación telefónica desde San Onofre, un municipio que pertenece al departamento de Sucre, en la región norte de Colombia.

De ser un hombre que practicaba béisbol, ahora Pedro Berríos debe ocultarse del sol de la costa colombiana para evitar nuevas visitas al hospital. La pala y el cemento los cambió por una moto para poder mantener a la familia.

«Ha dejado de hacer carreras porque no puede (…) No hemos logrado conseguir una estabilidad económica aquí en Colombia, y más para mí que soy venezolana que para conseguir papeles y un trabajo estable es difícil. Nos cambió totalmente la vida, hasta la alimentación de mis hijos ha tenido que cambiar a lo que ellos estaban acostumbrados», comenta Rivera.

La salud mental de Berríos, al igual que otros compañeros, también se vio afectada. Con la primera hospitalización, además de los problemas cardíacos, también se le diagnosticó ansiedad. «Él quedó como con un trauma, a veces duerme tranquilo y sueña que todavía está en La Yaguara o que lo están deteniendo de nuevo. Incluso tuvieron que medicarlo para poder dormir debido a ese estrés, ese miedo, esas pesadillas».

«Todos estos problemas de salud y todo esto fue desencadenado por esta detención arbitraria. El Gobierno tiene que resarcir ese daño. Le dañaron su imagen pública de hombres honestos y trabajadores. Los expusieron como terroristas, paramilitares, cuando en realidad eran padres de familia. Su único delito era no tener los papeles en regla, porque nunca se comprobó que tenían armamento o que todos fueron detenidos en grupo», expresa Rivera.

La esposa de Berríos también sufrió en carne propia la persecución del Estado venezolano, por lo que dejó su trabajo limpiando casas y luego como asistente jurídica y penal para reencontrarse con su esposo en un país que no había visitado.

«Yo no me quedé en Venezuela por miedo a que tomaran represalias contra mí y contra mis hijos (…) Hubo dos episodios, uno en el Metro y otro en el transporte público hacia mi casa. No recuerdo bien su cara, pero fue un señor que me dijo ‘tú lo hiciste mal, saliste a hablar en contra del gobierno’. Eso me dio miedo y por eso me vi obligada a dejar todo allá», relata.

Los Berríos Rivera también piden al Gobierno colombiano que sirva de intermediario para lograr la indemnización en favor de los 59. «Nosotros creemos que pueden ayudar».

Arleys Castaño del Toro: una familia separada

Arleys Castaño del Toro se desempeñaba como barbero en Petare. Vivir de lo que producía día a día le obligó a salir en los toques de queda autoimpuestos en algunas zonas de Caracas por la OLP. Y fue detenido por funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada (DCDO).

«Me retuvieron diciendo que era una rutina diaria, que solo eran unas preguntas y nos llevaron a Pinto Salinas. Nos tuvieron engañados, nos dijeron que nos iban a dar papeles, así nos llevaron a Táchira y luego nos regresaron a Caracas, a La Yaguara donde nos tuvieron tres años», resume Castaño.

Asegura que no fue fácil superar los maltratos psicológicos y los abusos verbales de los policías mientras estaba detenido, «sobre todo porque yo no cometí delito alguno, yo no robé, no maté a nadie, todo por un falso positivo que se montó el gobierno de allá. Eso nos lo dijeron algunos funcionarios, que eso era una orden que venía de arriba y ellos no podían hacer nada».

El encarcelamiento de Arleys no solo les dejó dolores en las piernas, sino también una familia separada. Su esposa se llevó a su hijo a Colombia mientras estaba detenido, debido a que no tenía una red de apoyo o un trabajo estable para mantenerse ella y cubrir los gastos de él en prisión.

«Uno trata de olvidar un poco lo que vivimos allá, pero lo que sí quiero es que nos indemnicen por el tiempo que estuvimos ahí sin haber hecho nada», señala Castaño, que actualmente vive junto a su mamá para poder recortar ingresos, debido a que el trabajo en una barbería no da suficiente dinero para vivir de forma independiente.

«Con la reparación podría montar mi propio local, tener algo mejor porque eso es lo que aspiro (…) No es que vamos a olvidar todo lo que pasó, pero queremos una mejor vida porque aquí en Colombia no es fácil. Ya que el gobierno de Colombia tiene buenas relaciones con el gobierno de allá, deberían aprovechar para solucionar nuestra situación. Tres largos años estando detenido, sin hacer nada, es terrible», dice.

Ronald Soto Yerena: con papeles pero preso

«La vida mía en Venezuela era bien. Era vendedor informal, tenía mi familia y mis hijos, que los tuvieron que sacar mientras estaban estudiando», dice Ronald Soto Yerena, otro de los colombianos detenidos por la PNB para dar con el prototipo de «paramilitares» que había adelantado Nicolás Maduro en cadena nacional.

Mostró la cédula y le dijeron que debían verificarla para tener la certeza de que no era falsa. «Yo no tenía miedo de mostrar mi cédula (…) A mí un funcionario me dijo que por qué estaba detenido si la cédula solo estaba vencida, pero igual me dejaron. Después me dijeron ‘a usted lo van a meter en un paquete, mi hermano’. Otros cinco compañeros también tenían sus papeles», explica Soto Yerena.

Recuerda que en Táchira pasaron 15 días comiendo pan y agua, y los amenazaron con llevarlos a Amazonas para sembrarlos con armas. En La Yaguara cambiaron la dieta varias semanas por auyama, que los puso amarillos y les dio diarrea.

«Nosotros salimos demasiado demacrados, enfermos de allí. Se metía el agua de las cloacas, eso era horrible. Nos daban comida pasada, un día nos dieron comida con vidrio molido, otro día con clavos. Eso fue horrible».

Ahora está enfermo del corazón, tiene problemas recurrentes de tensión que iniciaron en prisión. «A mí una vez me sacaron con la tensión en 380. Unos médicos me dijeron que tenían que sacarme porque me iba a dar un paro. Uno solo pensando solo en sus hijos que están afuera, en la calle, pasando trabajo porque el sustento de ellos era yo y mi esposa estaba recién parida».

Soto no puede trabajar «porque ahora tengo problemas del corazón y no me contratan. Por eso quiero que me indemnicen, con eso me puedo ayudar (…) Yo no me quería venir de Venezuela porque tenía mi fuente de trabajo, tenía todo, hasta estaba pagando una casa allá. Se perdieron todos esos corotos».

Isaac Núñez: «Eso se paga»

Isaac Núñez compartió doble trabajo con algunos de sus compañeros de prisión sin saberlo. De albañil pasó a preso político, y luego a deportado por un gobierno que mantuvo la narrativa de que eran «paramilitares» intentando desestabilizar a Maduro.

A Núñez lo detuvieron en el Plan Suárez de La Urbina, al este de Caracas, cuando ya habían pasado seis horas de estar en una cola para comprar harina precocida, aceite y lo que vendieran en tiempos de una escasez galopante. «Yo mostré el pasaporte pero estaba vencido. Me dijeron que no se iba demorar mucho, que era para que arreglara los papeles. Yo creí de verdad que no iba a tardar mucho y mire, la demora fueron tres años».

Explica que cuando fue dejado en Maripérez ya habían otros colombianos con más de 20 días detenidos. «Pasamos navidades, cumpleaños alejados de nuestras familias. Tuvimos la mala suerte de que agarraron a pura gente trabajadora, no agarraron bandidos, pero eso se paga tarde o temprano, las detenciones arbitrarias se pagan».

Núñez dice que las decisiones «de un gobierno sin leyes» también se juntaron con la negligencia del Gobierno de Colombia, que no atendió de manera efectiva su situación. «Nos dieron el pasaje y listo. Cada quien que se defendiera como pudiera (…) Cuando nos deportaron, personalmente no tenía casi contactos, solo algún vecino que me recordaba. Más es lo que paso varado que lo trabajo. Estoy así, tratando de sobrevivir con lo poco que hago y la cuestión aquí en Colombia es fuerte».

Isaac toma pastillas para poder dormir desde que llegó a Colombia y espera que esa reparación llegue para poder mejorar su situación. «No hemos encontrado una mano que nos ayude. Maduro ha hecho caso omiso y necesitamos un empujón. Esperamos además que ya que tiene conversaciones (Maduro) con Petro, nos ayuden», dice.

Tal Cual

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