Miedo en La Tinta por torre de alta tensión a punto de caer a un abismo
25 de noviembre de 2024
Pobladores coinciden en que la medida gubernamental respondió más a un tema político que a mejorar las condiciones de los municipios fronterizos, tanto del Táchira como Apure
Por Raúl Márquez
Contrarrestar el contrabando de combustible fue uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Nicolás Maduro para decretar el estado de excepción y cierre de la frontera con Colombia, en agosto de 2015. El entonces vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, visitó el estado Apure para supervisar la acción gubernamental.
Enfundado en una camisa manga larga azul marino y con su acostumbrado corte de pelo a rapel, explicó a los medios de comunicación desde el puente internacional José Antonio Páez, de El Amparo, Distrito Alto Apure del municipio Páez, que conecta a Venezuela con Saravena, Arauca, en Colombia, los pormenores de la decisión. Entre otras cosas, sostuvo, con tono adusto, que «lo que no va a pasar más nunca por aquí es un contrabandista».
Han pasado cinco años desde la implementación de la medida y según comentan pobladores del municipio Páez del estado llanero, si bien al principio hubo restricciones en cuanto a la dinámica que «desde siempre» ha regido las relaciones comerciales entre ambas naciones, por este punto fronterizo, con el paso del tiempo, el intercambio de productos y el movimiento humano continuaron.
«Se culpabilizó a Colombia de la situación fronteriza»
Leonel Gutiérrez, periodista de Fe y Alegría Noticias, en el Alto Apure, cubrió este acontecimiento. Cinco años después, sostiene que el cierre fronterizo constituyó un quiebre de la diplomacia venezolana con Colombia y que, además, generó una atmósfera de miedo y terror en los pobladores de la región.
«La concreción de esta medida puso en evidencia un sentimiento de xenofobia y rechazo hacia los colombianos. Se quiso generar la matriz de que todas las desgracias del país tenían su epicentro al otro lado de la frontera», argumenta el comunicador.
Por otra parte, se refiere al cierre de la frontera como un duro golpe a los venezolanos que en ese momento veían como una tabla de salvación, en lo referente a la adquisición de medicinas y comida en territorio colombiano, ante el desabastecimiento que entonces llegaba a su pico más alto en Venezuela.
«En ese momento Colombia se perfilaba como una opción vital para las familias venezolanas, no solo de la frontera sino de todo el país, quienes realizaban sus compras en territorio neogranadino. Con el cierre abrupto de los pasos legales, la situación se tornó difícil, muy compleja», asevera Gutiérrez.
Se intensificó el uso de los pasos ilegales
Un grupo de comerciantes del Alto Apure, que fue abordado para el presente reportaje, coincidió en que con la medida, que ellos califican de intransigente, el comercio binacional sufrió un duro revés.
«Para nadie es un secreto que toda la vida esta frontera se ha mantenido viva gracias al intercambio entre nuestros países. Ese mes de agosto de 2015, con el cierre fronterizo, muchos negocios sucumbieron y debieron cerrar sus santamarías», comentaron.
Otra realidad que, según ellos, se incrementó como reacción lógica a la medida de cierre, fue el aumento del tránsito por trochas o pasos ilegales.
«Las familias optaron por cruzar la frontera por trochas para poder adquirir sus productos alimenticios y medicinas. Esa es una realidad innegable, que para bien o para mal está latente, aun hoy en día, en estos tiempos de pandemia», sostuvo un comerciante de Alto Apure.
Una frontera compleja
Matías Calderón es docente jubilado y, actualmente, realiza labores agropecuarias en una parcela de su propiedad. Por más de 20 años laboró como docente y directivo de un colegio agropecuario ubicado en El Nula, parroquia San Camilo del municipio Páez del estado Apure.
Bajo su perspectiva, a la hora de analizar los pros y los contras del cierre fronterizo que se mantiene desde 2015 en la otrora llamada ‘la frontera más viva del continente’, es preciso señalar que se trata de una línea fronteriza de muchos kilómetros, permeable y en donde actúan diversos actores que la hacen muy compleja.
«Ciertamente el cierre decretado por el Ejecutivo Nacional afectó el intercambio entre empresas grandes y, sobre todo, aquellas que utilizaban el puente internacional José Antonio Páez. No obstante, en algunos sectores como Ciudad Sucre o La Victoria, el impacto no fue tal, puesto que la población en general continuó su peregrinación habitual por estas rutas», destacó.
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