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Reportajes y Especiales
Los “pranes” y su poder ante la crisis de hambre en cárceles venezolanas
31 de diciembre de 2020
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acen un mejor trabajo que este a la hora de conseguir alimento para los reos: los pranes, como se conocen en venezuela a los criminales que tienen el poder y el control en las cárceles.
Así lo demuestra un incidente ocurrido en el penitenciario de Yare (San Francisco de Yare) el mes pasado, cuando un grupo de presos escaló uno de los muros de la cárcel en un intento desesperado para pasar al lado del complejo que es controlado por los pranes. El hambre los estaba matando, así como la desidia del Gobierno, que es el encargado de velar por la integridad de los presos en el lado de la prisión del cual trataban de escapar.
La cárcel de Yare, ubicada en el estado central de Miranda, la conforman dos complejos penitenciarios. Yare I, una “prisión de régimen abierto” o de “régimen externo” que está totalmente controlada por los “pranes” o jefes de la mafia carcelaria; y Yare II, que es una “máxima” con régimen “interno o cerrado” y está bajo el control del Gobierno.
El caso de esta cárcel es el perfecto retrato de la crisis humanitaria que se vive en la mayoría de las prisiones venezolanas. Aquí, como en la mayor parte del país, una situación precaria que ya estaba a punto de colapsar terminó siendo mucho peor debido a la pandemia del COVID-19, y no precisamente porque el virus se haya tomado las prisiones -como amenazaba hacer- sino porque las medidas adoptadas para detener su propagación en los centros carcelarios fueron peores.
Quizá la más polémica fueron las restricciones a las visitas de familiares a los presos, la principal fuente de alimentación de muchos reclusos. Y luego, la prohibición de no poder dejarles alimentos no perecederos en las visitas.
“No planeaban escaparse de la cárcel, querían saltar desde el penal con régimen penitenciario hacia el abierto porque tienen hambre, no les están dando comida”, le dijeron familiares de presos de Yare II a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los familiares denuncian que la autoridad carcelaria no alimenta a los presos, los cuales comen una vez en la mañana raciones pequeñas de pasta o arroz, y si tienen suerte reciben otra en la tarde.
Esta situación está siendo reportada en cárceles por todo el país, como el Centro Hombre Nuevo, en Carabobo; la prisión Rodeo II que también está en el estado de Miranda y en donde se han registrado casos graves de desnutrición, hepatitis y tuberculosis; o en los centros penitenciarios del estado de Amazonas donde tampoco cuentan con agua potable, poniendo en riesgo a más de 200 presos. Esto solo por citar algunos lugares donde la OVP ha hecho denuncias.
En contraparte a esto están los “pranes” y sus “cárceles de régimen abierto”, que en plata blanca significa que en ellas manda la mafia y no el Estado. Allí, estos grupos crecen en poder e influencia, logrando controlar todos los aspectos de la vida carcelaria y convirtiéndose de paso en una fuente mucho más confiable que el Gobierno a la hora de ser proveedores de alimentación para los reclusos.
¿Cómo surgen los pranes?
El fenómeno de los pranes no es algo nuevo en Venezuela, pero comenzó a fortalecerse progresivamente durante los años del chavismo en el poder, ya que fue después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia cuando sus estructuras adquirieron las características que tienen hoy en día.
En lo alto de la pirámide mafiosa está el “pran”, un acrónimo de “Preso Rematado Asesino Nato”, este es el mandamás de la cárcel, el que determina cómo son las reglas de la prisión. Él maneja “el carro”, que es como se le conoce a la organización, acompañado de los “luceros”, que sirven como los mandos medios de la estructura.
Uno de los primeros pranes, que sirvió para establecer estas estructuras criminales en las cárceles fue Wilmar José Brizuela, más conocido como “Wilmito”, un campeón de boxeo local.
Él empezó a ganar poder en la prisión de Vista Hermosa, donde primero tuvo control de una sección de la prisión desde la cual iba eliminando sistemáticamente a sus rivales. Para 2006, Wilmito tenía el control de casi todas las secciones de la cárcel y a medida que conquistaba una nueva, establecía allí un lugarteniente, un “lucero”.
Los luceros pueden ascender a pranes si el pran reinante sale de la cárcel o es asesinado en un “cambio de carro”, como se les llama a los golpes contra un pran.
Wilmito llegó a amasar tal poder que su “carro” movía para 2009 unos 3 millones de dólares al año en la prisión de Vista Hermosa. Ahí controlaban todo, prestaban servicios de seguridad, cobro de deudas e imponían impuestos extorsivos llamados “causas” a todas las actividades carcelarias.
En el ascenso de Wilmito y de otros pranes que imitaron su forma de controlar las prisiones, tuvieron un papel importante ciertos personajes del régimen chavista como Tareck El Aissami -actual ministro del Petróleo- e Iris Varela -hoy diputada de la Asamblea Nacional-.
Wilmar José Brizuela, alias Wilmito, con Iris Varela, entonces ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
El Aissami para 2008 era ministro del Interior y de Justicia, cargo desde el que introdujo cambios en las cáceles, como horarios de visita más laxos, y al tiempo que redujo los controles para el ingreso de visitantes y equipaje. Esto ayudó a aumentar el contrabando al interior de las prisiones y fortaleció las mafias que lo controlaba.
“Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las cárceles”, le explicó Humberto Prado al observatorio de crimen organizado InSight Crime para un especial sobre la mafia en el Estado venezolano.
Prado explica que cuando se dio el cambio, los visitantes pasaron de llevar una bolsa con comida y ropa limpia para la persona privada de la libertad, a maletas donde se contrabandeaban todo tipo de productos, incluso armas.
Con estas libertades los pranes de varios centros penitenciarios comenzaron a construir sus imperios. Traficaban con armas, con drogas, disponían de las acomodaciones más lujosas al interior de las prisiones, hacían fiestas extravagantes y distribuían a los presos a su antojo en las demás celdas. Si tenías dinero podías acceder a un mejor lugar, si estabas entre los afectos del pran podías tener una línea de negocio dentro de la prisión que podía ir desde una barbería hasta la venta de drogas, en todos los casos siempre había “causas” semanales que pagar, y de no hacerlo la consecuencia podía ser la muerte.
Gran parte de esta dinámica se mantiene hoy en día dentro de las prisiones. Hoy, todo lo que entra a la prisión tiene un impuesto, encareciendo su valor hasta diez veces lo que vale por fuera. En una cárcel como la de Tocorón en Aragua, que tiene unos 7.000 presos, se estima que la causa recoge más de 2 millones de dólares al mes.
El hambre, una fuente de poder
El otro hito para terminar de consolidar el poder de los pranes sucedió en 2011, cuando Hugo Chávez decidió crear el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en respuesta a un escándalo internacional causado por un “cambio de carro” en las cárceles de Rodeo I y Rodeo II, una verdadera guerra entre pranes que duró 27 días y dejó -según cifras oficiales- 27 muertos y 70 heridos.
Ese ministerio quedó en cabeza de Iris Varela, una política chavista que este año dejó el cargo para integrar las listas de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones.
Ella fue la responsable de “pacificar” las matanzas en las prisiones venezolanas, las cuales estaban disparadas y lo hizo mediante al establecimiento de una “paz mafiosa” con la que pranes ganaron cada vez más y más poder.
Básicamente, el gobierno venezolano les entregó a estas mafias el control de las prisiones, los llamados “régimenes abiertos”, en los cuales son los pranes los amos y señores, incluso la policía y la GNB les tienen que pedir permiso para entrar a las cárceles que controlan. Esto los convirtió en actores políticos, los hizo una extensión de la revolución chavista, algo similar a los llamados “colectivos” y ciertos grupos criminales que operan en los barrios pobres.
Toda esta situación se exacerbó con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la disparada de la inflación, la escasez de muchos alimentos básicos o sus precios exorbitantes y aún más grave, la pandemia.
Según las cifras del OVP para 2019 en el sistema penitenciario venezolano hay unos 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles funcionales de los 52 recintos existentes, que tienen una capacidad real de 21.000 personas.
Además, hay otras 25.000 personas aproximadamente que están en calabozos policiales.
No hay comida para alimentarlos a todos, ya las familias no pueden llevar comida como lo hacían por las restricciones del COVID-19 y desde hace años existen denuncias de que la propia policía le quita a los reos el alimento que les llevan sus familiares. Durante el año 2019, por ejemplo, un total de 1.934 presos venezolanos hicieron huelga de hambre, protestando por la falta de alimentos en los penitenciarios, el retraso en los procesos y un hacinamiento que supera el 120% en todo el país.
Afuera la cosa no está mejor. El desabastecimiento en los almacenes está sucediendo hace años en Venezuela, y solo ha empeorado con la pandemia. Con este panorama, irónicamente, son los pranes los proveedores más confiables y eficientes.
Ellos parecen tener la capacidad de conseguir los alimentos necesarios y distribuirlos entre quienes pueden comprarlos, sea al interior de la prisión o afuera, como sucede en el estado de Aragua cuyos habitantes acuden a la prisión de Tocorón para conseguir provisiones.
“En las prisiones controladas por los pranes, hay menos escasez”, ha señalado Beatriz Carolina Girón, directora del OVP, en conversación con medios locales.
Todo este poder actualmente trasciende las paredes de los penitenciarios y hace de los pranes jefes no solo del “carro” al interior de la cárcel, sido de estructuras por fuera denominadas “trenes” o “megabandas”. Un andamiaje criminal que crece día a día y que hace de las cárceles venezolanas un epicentro de criminalidad y violencia.
Según cifras del OVP desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que da un total de 25.089 víctimas. Y aunque el año pasado las cifras parecieron bajar en cuanto a muertes violentas en las prisiones, solo tomó 9 meses de este año superar esas cifras.
Para septiembre de 2020 habían muerto 162 personas en las cárceles, 125 en calabozos, en total 287 muertes, muchas más que las 137 registradas durante el mismo período en 2019.
Las principales causas de esas muertes en las cárceles fueron por desnutrición (40 muertes), motines al interior de las prisiones (48 muertes), violencia entre reclusos (6 muertes) y tuberculosis (51 muertes). Cifras que muestran un claro deterioro de la situación de los presos en el país.
El motín que referencian las cifras sucedió a principios de la cuarentena, el pasado 1 de mayo en la cárcel Los Llanos del Guanare, en el estado de Portuguesa. Una cárcel con capacidad para 750 presos, pero con 2.500 reclusos.
En ese momento la versión oficial entregada por la entonces ministra del Servicio Penitenciario Iris Vega apuntaba a un motín promovido por el pran alias Olivio que había obligado a los presos mas débiles a promover un supuesto escape. Pero el OVP señaló que realmente se debía a una protesta por falta de alimentos que fue respondida con disparos por parte de la los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que produjeron 47 muertes.
Lo paradójico es que, por lo menos en las cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la ONG Una Ventana a la Libertad, solo se cuenta una muerte por COVID-19 de 109 contagios, algo que podría apuntar a una estrategia “exitosa” del Gobierno en el control de la infección.
La paradoja radica en que las medidas adoptadas para ello exacerbaron el hambre que dispararon las muertes en las cárceles, y el poder de las estructuras criminales que las controlan.
Infobae
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