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Realidad y problema de salud pública: el aborto

La legalización del aborto debe venir acompañada de educación sexual, planificación familiar. Se debe facilitar el acceso a métodos anticonceptivos con el fin de prevenir los embarazos no deseados.

“Mi cuerpo, mi decisión”. Eso es lo que resuena en las consignas feministas cuando se habla de aborto. No podría estar más de acuerdo, pero ese argumento convertiría este artículo en un soliloquio en el que hablo de la sociedad patriarcal y la heteronormatividad, texto que me encantaría crear, pero no es la razón por la que escribo hoy.

Hay muchas razones por las cuales las personas no están a favor del aborto. En Latinoamérica, la mayoría de estas razones son religiosas, ya que eso corresponde a la idiosincrasia de esta ubicación geográfica. No me gusta debatir con estas personas porque, más allá de mis creencias religiosas y de las suyas, el Estado es laico. El teocentrismo desapareció en la Edad Moderna cuando hubo una división entre gobierno e iglesia. Dicho de otro modo, nadie está obligado a vivir bajo las creencias de alguien más y los gobiernos no pueden imponer credo alguno a los ciudadanos porque eso sería antidemocrático y peligroso para la libertad del individuo. Así que, desde este momento, el argumento religioso queda desterrado de este texto.

Cuando he debatido sobre esto, siempre hay alguien que vocifera que es “Una vida. Porque la vida comienza desde la concepción”. Es por ello que la propaganda antiaborto siempre se refiere a los embriones como “niños”. La vida que empieza al momento de la concepción podría determinarse como vida tisular, es decir, lo que ocupa el útero de una mujer antes de las 10 semanas de gestación es un embrión, un cúmulo de células y tejidos. El Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de Reino Unido determinó que “La falta de conexiones corticales antes de las 24 semanas impide que el feto sienta dolor. Puede concluirse que el feto no puede experimentar dolor en ningún sentido antes de esta etapa de la gestación”. Así que con esto el argumento de que un feto está ensimismado en sus sueños de ser ingeniero o que grita de dolor cuando se practica el aborto es inválido. En primer lugar, porque durante el tiempo estipulado por la ley para abortar en ciertos países ni siquiera existe un feto, sino un embrión – los bebés desarrollados casi a término que se muestran en los carteles de Salvemos las dos Vidas nos han mentido-.

A la hora de crear legislaciones no se puede hacer énfasis en que el feto es “una persona en potencia”. La pregunta de la polémica: ¿es un ser humano? No. Es una vida humana, un conjunto de células humanas que no tienen actividad cerebral. Ni la tuvieron jamás. El feto carece de individualidad, no puede vivir fuera de su madre. El tema aquí radica en lo que consideremos vida. Al no existir actividad cerebral ni sistema nervioso central, no podemos caer en el error de denominar “niño” o “bebé” al feto. No lo es. No podemos decir que “están asesinando niños” porque no es así. “La inevitabilidad de comparar un cigoto con una persona es ilegítima desde el punto de vista biológico, ese es el punto básico”, sentenció el biólogo Antonio Lazcano, especialista en biología evolutiva para el diario El Financiero.

Con esta última cita quiero hacer visible que no podemos basar las leyes en que el feto, si se sigue su gestación, será una persona. Porque las leyes no deben basarse en lo que potencialmente serás. En el momento de la gestación se debe dar prioridad a la salud de la gestante, quien sí tiene actividad cerebral y está viviendo la situación. Me fastidia mucho el argumento de que el feto quizás está destinado a ser presidente, médico y demás. Cuando la realidad es que los niños no deseados por lo general no tienen acceso a la educación, son hijos de madres muy pobres que apenas pueden mantenerlos. En otros casos son víctimas de maltrato y no cuentan con una familia que los ame. Condenar a un niño a vivir para más adelante pasar hambre y no tener acceso a oportunidades es matarlo en vida todos los días. El derecho a la vida de los niños no es existir, el derecho no es simple y llanamente nacer, los niños tienen derecho a una vida digna. Quienes se horrorizan ante el aborto, parecen ignorar la odisea que es la vida de un niño al estar en la calle. Y poco parece interesarles.

Cuando se habla de preservar la vida y la salud de la mujer (muchos países permiten el aborto terapéutico que busca salvaguardar la vida de la mujer) debemos ahondar en el concepto de salud. Hoy por hoy se sabe que la salud no es solo un espectro físico. La Organización Mundial de la Salud reconoce la salud mental como parte del estado de bienestar que se necesita para considerar a una persona “sana”. Obligar a una mujer a llevar un embarazo a término en contra de su voluntad es violencia psicológica. Aún es más grave si profundizamos fuera de la causa misógina que los conservadores han asignado a los embarazos no deseados: “abrir las piernas”.

Los embarazos no deseados tienen diversas naturalezas: violación, abuso sexual, falta de educación sexual, falta de acceso a los métodos anticonceptivos, falta de dinero para adquirir métodos anticonceptivos. Es violento y perjudicial para la salud mental de una niña de 12 años que ha sido violada obligarla a llevar su embarazo a término. Aún es más deleznable bajo el argumento de que “muchas mujeres quieren ser madres y no pueden”. El egoísmo ante esa falacia emotiva y que busca hacer sentir culpable a la víctima me supera. Si usted no puede tener hijos, puede acudir a un orfanato y adoptar un bebé. Unicef estima 40 millones de niños en situación de calle en América Latina, no debería ensañarse por preservar la vida de un feto cuando los niños ya nacidos en situaciones precarias necesitan y desean una familia.

No basta con dejar al feto nacer, a partir de ese momento sí podría hablarse de un bebé, y no preocuparse por el tipo de vida que va a llevar, ya que los niños maltratados o que están abandonados en las calles pueden caer en bandas criminales, delincuencia, prostitución y abusos. Se debe pensar en el futuro que le espera al niño en cuestión.

Afirmar que todos los embarazos no deseados son irresponsables es un argumento simplista, tomando en cuenta que ninguno es 100% efectivo. Las píldoras anticonceptivas tienen un margen de error de 6% y 8% si se usan incorrectamente y de 0,2% si se usan correctamente. Los dispositivos intrauterinos tienen una posibilidad de 7% de fallar. El condón, el método más popular en Latinoamérica, tiene una posibilidad de 15% de fallar si se usa con poco cuidado. Usado con precaución y buen manejo del anticonceptivo tiene un margen de error de 2%. Es por estos motivos que no podemos afirmar que todas las mujeres que desean abortar no estaban cuidándose. El método puede fallar. De no ser así, tampoco se puede negar la atención médica pensando en cómo el paciente llegó a esa situación. Sería como negar la atención a un paciente que llega herido al hospital porque estaba conduciendo ebrio y provocó un accidente automovilístico. ¿Se le dejaría morir por irresponsable?

El aborto tampoco debe tomarse a la ligera. Es cierto que tiene un impacto económico y a los sectores de derecha eso es lo que más les asusta, no es la frase “aborto legal” lo que les hace perder los nervios, sino el adjetivo gratuito al final de la frase. Pero, además de efectos económicos, el aborto también tiene un impacto en la madre. De cada legislación dependerá qué tan eficiente sea la legalización de la práctica, pero lo más importante a tener en cuenta es que el aborto es parte de los derechos reproductivos y un problema de salud pública. La cuarta causa de mortalidad materna son los abortos peligrosos, por eso se habla de un problema de salud pública. Todas las muertes por aborto son prevenibles y sus causas son negligentes. Esta intervención no tiene por qué llevar a la muerte si se practica con seguridad. Se habla de un problema de salud pública porque estas muertes pueden ser evitadas si no se orilla a las mujeres a abortar clandestinamente y esto es responsabilidad del Estado. La Organización Mundial de Salud estima que en Latinoamérica y África 3 de cada 4 abortos son peligrosos. Asimismo, un 13% dela mortalidad materna tiene como causa un aborto peligroso.

La información sirve para tomar decisiones. Para llevar un embarazo a término se requiere una gran responsabilidad, pero para abortar también. En el caso de Uruguay, cuarto país latinoamericano en legalizar el aborto en el año 2012, el Estado tiene un proceso denominado la ruta de la interrupción voluntaria del embarazo, muy parecido al sistema holandés. Este proceso busca darle a la gestante las herramientas para tomar una decisión libre y consciente. La ley estipula que la mujer debe realizarse una ecografía para determinar el estado de su embarazo, ya que solo es legal hasta la semana 12 (en caso de violación el período se extiende a la semana 14). Luego de ello, la gestante debe asistir a una reunión con un psicólogo, un ginecólogo y un asistente social. Cada uno le brindará la información necesaria como los riesgos del aborto y las opciones que tiene como dar al futuro bebé en adopción. Luego de ello, la mujer tiene cinco días para reflexionar su decisión. Finalmente, puede regresar al sexto día, firmar su consentimiento y recibir la medicación que le permitirá abortar en casa. Luego debe regresar para el último paso: control. Se verifica que no hayan quedado restos y que el proceso haya sido exitoso. El Estado regala anticonceptivos al finalizar el proceso. Argentina, país que legalizó el aborto en diciembre del año 2020, no tiene esta instancia. Tomando en cuenta que no se busca promover el aborto como método anticonceptivo, considero necesario que exista esta instancia para que la mujer pueda informarse, entender lo que va a suceder con su cuerpo y prevenir un nuevo embarazo.

La legalización del aborto debe venir acompañada de educación sexual y planificación familiar. Se debe facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y prevenir los embarazos no deseados. Uruguay prácticamente ha erradicado las muertes por abortos inseguros. Intervenciones que terminaban con la muerte del embrión y la madre, hoy se practican con seguridad. Según el diario Uruguay Natural, de 2013 a 2016 solo ha habido tres muertes por abortos inseguros. Estas se explican como el resultado de mujeres que no siguieron el procedimiento o decidieron iniciarlo en una etapa muy avanzada del embarazo, por tanto, recurrieron a abortos clandestinos. Canadá y Uruguay son los países con la mortalidad materna más baja de América según la Organización Panamericana de la Salud y en ambos países el aborto es legal.

El aborto en América es legal en Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Barbados, Belice, Guyana, Puerto Rico, Ciudad de México, Oaxaca y Argentina. El aborto terapéutico, aquel que se practica porque corre peligro la vida de la madre, es legal en Brasil, Chile, Guatemala, Dominica, México, Panamá, Paraguay, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, Jamaica, Colombia, Antigua, Barbuda y Venezuela.

Proporcionar aborto gratuito termina siendo un gasto público y afectará el presupuesto de cualquier nación. Es por ello que es complejo hablar de aborto gratuito en países en desarrollo o países con una situación económica decadente. Paradójicamente, estos son los países que más lo necesitan. Los países subdesarrollados son en los más se dan los casos de embarazos no deseados, adolecen de una buena educación sexual y, además, cuentan con un alto índice de niños abandonados y embarazo precoz. Aunado a eso, el tratamiento para salvar la vida de las mujeres que sufren las consecuencias de un aborto mal hecho también recae en el presupuesto estatal, ¿es más rentable criminalizar el aborto y luego tener que pagar las consecuencias del aborto clandestino- hospitalizaciones, transfusiones de sangre, etc.- o convertir el proceso en una intervención de salud pública que a su vez estaría salvando vidas?

En Venezuela el Código Penal (2000) establece que el aborto no es legal excepto cuando existen amenazas a la salud la mujer, esto se conoce como aborto terapéutico (Art. 435, capítulo IV). Es contradictorio porque el Código Civil en su Art. 17 establece que “el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien; y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo”. Esto significa que propiamente el Estado venezolano no reconoce al feto como una persona, pero busca protegerlo a conveniencia.

El aborto es parte de los derechos reproductivos de la mujer. Las legislaciones que lo prohíben son anacrónicas y no se están adaptando favorablemente a la realidad social en la que vivimos. Prohibir el aborto es negar un sinfín de circunstancias que la gestante podría estar atravesando. Es negar el derecho a la salud y, a fin de cuentas, la restricción termina siendo indirectamente responsable de las muertes provocadas por abortos inseguros. Venezuela está atrasada en materia de derechos humanos y vive una turbulenta situación política que ha dejado en el olvido muchas luchas sociales que en otros países hoy tienen protagonismo. Legalizar el aborto no ha arruinado la economía de los países quienes han promulgado la despenalización. De hecho, los países que cuentan con aborto legal tienen economías sólidas y por lo mismo pueden invertir en salud pública.

Los países donde el aborto es el legal son de los que tienen las tasas de abortos más bajas (En el caso de Holanda solo 33.000 por año, siendo el índice más bajo de Europa). Es necesario erradicar la idea de que legalizar el aborto hará que se multipliquen las intervenciones porque no ha sido así en los países donde es legal. La despenalización de este proceso salvará la vida de muchas mujeres, ya que es la tercera causa por morbilidad materna más común en Venezuela. ¿Estamos listos para que sea gratuito? No. La economía del país no permite que nada sea gratuito y, es necesario recordar que nada lo es. Nada es gratis, todo lo que el Estado proporciona los ciudadanos lo pagan con sus impuestos. En el contexto de Venezuela, el gobierno no puede costear sus propios gastos operativos. Pero si queremos avanzar en materia de derechos, el aborto no solo necesita ser despenalizado en casos como la violación, sino en cualquier circunstancia en la cual la mujer no esté en las condiciones para tener un hijo no solo porque es su derecho; sino por proteger el derecho del futuro niño de tener una vida digna, una familia que lo ame y ser deseado.

Correo del Caroní

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