La Policía española detuvo a 23 personas, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres  venezolanas,  sudamericanas en general, en clubes de las provincias de Cantabria y Vizcaya (norte).

En la operación, que sigue abierta, se ha liberado a tres mujeres que eran prostituidas hasta pagar su deuda que en algunos casos llegaba a los 6 mil  euros (unos 7 mil  dólares al cambio), por lo que la red les retiraba todos los ingresos que recibían.

Además de la explotación sexual, en esta operación se están investigando otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.

La organización captaba a las mujeres en países de Sudamérica, principalmente en Venezuela, Paraguay y República Dominicana, y según explica la Policía, eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que también podían aumentar cuando algún cliente así lo requería, y con un mínimo de tres encuentros sexuales al día, reseñó EFE.

Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales, y en ocasiones las mujeres tenían que realizar servicios «fiados» a clientes «VIP» o habituales que no llegaban a cobrar, además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización, a los que debían pagar 55 euros (unos 64 dólares) diarios en concepto de alojamiento y luz.

Para captarlas, los dueños de los locales utilizaban en sus países a unos intermediarios que las convencían para que viajaran  a España, y siempre buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar.

La Policía tiene constancia de 11 mujeres captadas por la organización, pero cree que es posible que surjan más al concluir las investigaciones y el estudio de los efectos intervenidos en los registros.

Los detenidos son la mayoría de nacionalidad española pero también los hay extranjeros, sobre los que no se ha dado más información.

Hubo seis registros y se han intervenido más de mil euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de béisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y dispositivos electrónicos.

La investigación comenzó gracias a la declaración de una mujer, testigo protegido, que logró escapar del control de la red, denunció los hechos sufridos y puso de manifiesto la existencia de una estructura dedicada a la trata de mujeres sudamericanas para la explotación sexual.