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27 de junio de 2024
Seis personas, integrantes de la banda criminal AK-47, fueron capturados en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Norte de Santander, por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
El operativo fue ejecutado por las unidades del GAULA de la policía en el marco del Nuevo Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.
El grupo de extorsionadores operaba de la siguiente manera, de acuerdo con el reporte dado a conocer por las autoridades:
Junior Ismael Campos, alias «Junior», cabecilla y principal sicario era el perfilador de víctimas, ejerciendo el rol de cobrar extorsiones en el sector del barrio El Callejón e inmediaciones del sector terminal. Cuenta con una trayectoria criminal de 18 meses. Subordinado de Saúl Hernández Sanabria, alias «Saúl», quien está capturado en Venezuela.
Josman Panqueva, alías ‘El Flaco’, su rol es de perfilar a sus víctimas y cobrar las extorsiones. Presenta anotaciones judiciales por estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, intimando con armas de fuego a propietarios y tenedores de establecimientos públicos.
Luis Antonio Yorako, alias «Luís», utilizaba la fachada de vendedor ambulante para guardar armas y estupefacientes. Dentro la organización realizaba actividades de cobro, amenazas y homicidios.
José Caicedo Moreno, alias «El Negro», presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y fuga de presos.
Yemireth Gil, alias «La Bellaca», y Jhelen Bravo, alias «La Churca», tendrían el rol de perfilar a las víctimas como campañera de zona que permitían ejecutar las amenazas y los cobros de extorsiones.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel William Quintero, detalló que este grupo delincuencial y sus tentáculos criminales extorsionaban comerciantes y transportadores, vendedores formales e informales generando terrorismo urbano en la ciudad, intimidando a las víctimas con armas de fuego, con el lanzamiento de artefactos explosivos y disparos a establecimientos comerciales para presionar el pago de las exigencias.
«Las cuantías exigidas oscilan entre $500 mil pesos a $5 millones de pesos, generando una renta criminal de $100 millones de pesos mensuales. Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación y les fue dictada medida de aseguramiento intramural», subrayaron en el comunicado de prensa.
Jonathan Maldonado
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