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Sucesos
Caso de presunta pornografía infantil: Sin evidencias, víctimas o denuncias
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«El 13 de noviembre se presentó una comisión mixta del Cicpc y del Ministerio Público, a una vivienda, con una orden de allanamiento que se desconoce a la fecha, soportes de cómo la adquirieron, pues no existen denunciantes, ni víctimas ni un procedimiento previo que sustente orden de inicio. También se desconoce la fecha de inicio de esto. Esa vivienda es propiedad del abogado tachirense Edwin Rojas, y estaba dada en arrendamiento, desde hace más de un año, a la familia Leal».
De esta manera, con un escrito, inician su versión de los hechos, los familiares y la defensa del grupo de personas que, desde finales del año pasado se encuentra tras las rejas y procesado por el presunto delito de pornografía infantil.
Adicionalmente, complementaron el escrito con otras declaraciones, que en rueda de prensa, ofrecieron la mañana de este jueves, en la parte posterior del Edificio Nacional, parte baja de San Cristóbal.
Continuaron, «se practicó un allanamiento del que fueron llevadas 4 mujeres y 3 hombres; vale decir, dos hermanos, un primo, una madre, dos hermanas y una cuñada Posteriormte, sin explicación alguna, la comisión mixta del Cicpc y el Ministerio Público, se trasladó al lugar de residencia del abogado Edwin Rojas, donde éste no se encontraba, pero haciendo uso de engaños y mentiras, los funcionarios ingresaron a la vivienda y se llevaron a la esposa del abogado. Pasada media hora, Edwin se presentó en la sede del Cicpc a los efectos de consignar el contrato de arrendamiento y documento de propiedad de la vivienda alquilada y lo dejaron detenido también. Luego, al momento de la presentación física ante el Tribunal, solamente estaban detenidos dos mujeres, dos hombres y el abogado Rojas».
Refirieron que el allanamiento a la residencia del abogado fue anulado, por violatorio (…). «Tomaron dos personas que capturaron dentro del mismo allanamiento de la vivienda alquilada y las pusieron a declarar y mencionar mentiras a cambio de la libertad, como en efecto ocurrió, pues del resultado hay sólo cinco detenidos»
Presuntas irregularidades
Sostienen los denunciantes que en el expediente del caso, se evidencian otras irregularidades.
«Montaron actas, es decir, existen demasiadas irregularidades, porque nunca se imputó, se investigó, o se acusó por los delitos de pornografia infantil o prostitucion, como fue señalado por distintos medios de comunicación. No se sabe quién dio esta información y se hizo eco de una información falsa. A la defensa se le permitió el acceso al expediente el 20 de diciembre, día que se le dio la medida cautelar a una hermana de la que declaró en contra del abogado; sin explicación alguna, el Tribunal Noveno de Control, declinó competencia a los tribunales de Violencia Contra la Mujer, quedando en el Tibunal Primero , y tras su inhibición, pasó al Tribunal Segundo de Violencia, donde se está a la espera de celebración de la Audiencia Preliminar».
«Falso Positivo»
Cabe destacar -añadieron- esto es un falso positivo, pues del íntegro de las actas se puede evidenciar que no existe absolutamente nada que contenga material pornografico de ningún tipo, no hay nadie denunciando, no hay victimas no hay menores de edad».
Para la abogada defensora Liliana Rivera, lo mínimo que aspiran es que se aplique verdaderamente, la justicia en este caso.
«La defensa decide hoy hacer público ante la colectividad del Táchira, que en ese caso no hay pruebas ni soportes por los cuales el Ministerio Público formalizó la acusación . Ese caso se genera en ocación de un allanamiento que se tramita para la cada ubicada en Pirineos, el 13 de noviembre de 2019, casa donde no encontraron niños, niñas o adolescentes vinculados con este delito tan atroz (…). Queremos hacer del conocimiento de ustedes que esos hechos no sucedieron como están plasmados en esa acusación. Luego del allanamiento a esa casa, donde vinculan a los inquilinos de ese inmueble , por cuánto el documento que existía entre el abogado Edwin Rojas, conocido como Pocholo, con ellos (inquilinos) era un contrato de arrendamiento, de esa relación arrendaticia surge esta situación con hechos falsos, por eso es que nosotros hablamos como defensa de un falso positivo . Queremos que la colectividad sepa que allí no hay delito, no hubo material pornográfico, no hay nada que vincule a las personas que están detenidas, con estos hechos (…)» .
De detenidas a acusadoras
Por su parte, Alejandra Gutiérrez, esposa del citado abogado refirió «estoy dando la cara por mi esposo, por mis hijos, por el honor de nuestra familia rompo el silencio, porque fuimos sometidos al escarnio público; quiero dar la cara por un hecho bochornoso al que nos sometieron, donde se manejó una información totalmente falsa y en el que tienen, injustamente preso a mi esposo (…) pido justicia, a las autoridades competentes que se avoquen, que revisen qué vean que pruebas hay. Yo tengo el expediente en mano, puedo mostrárselos. Pido ser escuchada, pertenecí al Poder Judicial y creo en ellos, porque aquí no están los delitos que se ventilaron, no hay pornografía, no hay uso de adolescentes para delinquir , aquí se manejó una mala información; ¿Dónde están las víctimas, dónde están los denunciantes, dónde están las fotografías, los vídeos, dónde están?, porque no los hay. Mi esposo se presenta porque a mí me llevan detenida al Cicpc, luego de que me allanaran ilegalmente mi casa porque no había ninguna orden. Llegaron, me esposaron y me llevaron con siete detenidos que sacaron de la casa que teníamos alquilada. Me esposan con unas mujeres que estaban llorando porque estaban presas y de pronto dejan de llorar porque las dejan en libertad y para mayor sorpresa, en la Audiencia de Flagrancia, son las dos mujeres que están señalando a mi esposo. Con esas dos entrevistas falsas es que tienen a mi esposo detenido», acotó la dama. (Miriam Bustos)
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