Sucesos
Tres jóvenes de la zona norte del Táchira fueron enviados a la cárcel de El Salvador
22 de marzo de 2025
La familia exige justicia y respeto a los derechos humanos tras la detención y traslado inesperado de Gustavo Adolfo Aguilera. Su caso, junto al de William Ramón Lozada Sánchez, se dice que violenta las normas migratorias de EEUU
Daniela González



En un sorpresivo cambio de planes, Gustavo Adolfo Aguilera, un joven de 27 años oriundo de La Fría, estado Táchira, Venezuela, fue detenido en Estados Unidos mientras estaba en proceso de solicitud de asilo.
La detención ocurrió en febrero cerca de su residencia, donde vivía junto a su esposa y su pequeño hijo nacido en ese país. Lo que parecía ser una deportación convencional hacia Venezuela tomó un rumbo inesperado cuando Aguilera fue trasladado a una cárcel en El Salvador, sin previo aviso a sus familiares.
Según relata su familia a Diario La Nación, la detención ocurrió cuando él estaba reparando su vehículo: «Él trabajaba cambiando alarmas de incendios; es más, él estaba en proceso de solicitud de asilo, y cuando estaba fuera de su viviendo estaba reparando el carro porque tenía un problema en los amortiguadores, llegaron los de las ICE, le mostraron una foto, que si conocía a esa persona; él dijo que no, y le dijeron si podían acompañarlo a su residencia, allí fue cuando lo esposaron delante de su esposa e hijo».
Los familiares de Aguilera se enteraron de su paradero a través de videos difundidos por medios de comunicación, donde se le pudo observar en el centro penitenciario de El Salvador. Antes de conocerse esta información, Gustavo había comunicado a su madre su supuesta deportación a Venezuela, manifestando esperanza al expresar: «Mamá, por fin me voy a Venezuela, me van a quitar la braga naranja y me van a dar una de mi color favorito, el blanco, ya saldré de aquí, por fin». Sin embargo, su destino real resultó ser distinto al que esperaba.
La familia ha alzado su voz para exigir justicia y esclarecer las circunstancias de la detención y traslado de Aguilera, además de solicitar una investigación exhaustiva que garantice el respeto a sus derechos humanos. Como parte de sus esfuerzos, han creado la cuenta de Instagram @justicia.gustavo.aguilera, destinada a unificar denuncias y llamar la atención de las autoridades competentes.
Paralelamente, otro caso similar fue denunciado a través de la corresponsalía de Diario La Nación, donde William Ramón Lozada Sánchez, también habitante de la zona norte del Táchira, específicamente de Coloncito, fue detenido tras entregarse voluntariamente a un centro de migración en Estados Unidos en enero de 2024.
Aunque recibió una orden de deportación con destino a Venezuela tras su audiencia en abril de 2024, su traslado nunca se concretó. En este mes de marzo, su familia se sorprendió al descubrir que tampoco fue enviado a Venezuela como se había prometido. Durante más de un año, Lozada estuvo detenido en diversos centros de Texas.
Ante estas situaciones, la comunidad internacional y las autoridades pertinentes han sido instadas a tomar cartas en el asunto. Los familiares de ambos jóvenes buscan respuestas y garantías que estos procesos migratorios sean investigados, además de que se eviten más irregularidades de este tipo.
Ambas familias continúan luchando por justicia y esperan que sus voces sean escuchadas, por ello piden unión con las instancias internacionales con el fin de aclarar la situación de los detenidos, de quienes aseguran que no han presentado problemas legales en Venezuela ni fuera del país.
Hay un tercer caso
La familia de Wilmer José Vega Sandía, de 38 años, oriundo de Umuquena, denuncia irregularidades tras su traslado inesperado a El Salvador en lugar de Venezuela. Su madre, con cáncer terminal, lo esperaba para abril, pues aún no sabe lo ocurrido con su hijo.
«La mamá no sabe lo que está pasando, es su único hijo, el papá tiene una ACV, él decía que para abril regresaba y ellos no saben lo que pasó, es injusto está situación» dijeron los familiares a Diario La Nación.
La familia de Vega, se encuentra desconcertada y clama por ayuda. Según declaraciones, Wilmer había sido nombrado en la lista de deportación a Venezuela y esperaba regresar al país para el mes de abril, con la intención de reunirse con su madre, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer terminal. Reiteró la familia, «No entendemos qué pasó, desviaron el avión u ocurrió algo que los enviaron a El Salvador», afirmó un familiar, afectado por la situación.
El caso de Vega se suma a otros relatos similares que han encendido alertas sobre posibles irregularidades en los procesos de deportación desde Estados Unidos. Su familia insta a las autoridades y a la comunidad internacional a intervenir, exigiendo justicia y una investigación de lo que está ocurriendo./DG