Durante el primer semestre de 2018, en los Centros de Detención Preventiva –retenes  temporales policiales- monitoreados por Una Ventana a la Libertad, el número total de muertes registradas en doce regiones del país ascendió a 163 casos, de los cuales 34 se debieron al monitoreo de Tuberculosis.

Según El Primer Reporte Nacional Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, Derecho a la salud, de septiembre de 2018: “10.952 casos de tuberculosis ocurrieron en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa…”

Considera que el hacinamiento promedio general de los calabozos estudiados por UVL, se ubica en más de un 271%. La carencia de servicios médicos en esos espacios  y las condiciones de insalubridad en la que  conviven los privados de libertad los convierte en uno de los grupos más vulnerables para la propagación de esta enfermedad infecto contagiosa.

“En los últimos dos meses hemos tenido varias alertas de descensos por esta enfermedad y alertas de operativos de salud integral en algunos CDP, por lo que decidimos dedicarle esta Ventana Informativa 13 a indagar el testimonios de algunos funcionarios, familiares, médicos y privados de libertad sobre las respuestas que brinda el Estado en torno al derecho a la salud que debe garantizarle a los privados de libertad”, explica la ONG.

—Urge dinamizar mecanismos de educación en torno a la importancia de detectar y tratar la tuberculosis a tiempo en los Centros de Detención Preventiva, ante que se convierta en una bomba de expansión letal— acota en parte del informe.

(MB)