Hace una semana, en la sede principal del Ministerio Público fue instalada la Mesa de Alto Nivel, con la que se prevé el descongestionamiento de los centros de detención preventiva  en varios estados del país.

El acto de instalación contó con la presencia del fiscal general, Tarek William Saab; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Mikel Moreno; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, y la ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, Iris Varela.

También estuvieron presentes las máximas autoridades del Sebin, encabezadas por González López; por el Cicpc, Douglas Rico; el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Edylberto Molina, y representantes de la PNB, la Dgcim y de la Defensa Pública.

El objetivo de la cita era elaborar una hoja de ruta para atender la problemática estructural de hacinamiento en los centros de detención preventiva de las distintas policías, así como en los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana y otras dependencias militares.

Las primeras acciones para descongestionar los centros de detención preventiva del Área Metropolitana de Caracas se iniciaron el miércoles, para luego dar inicio a las mismas en los ocho estados más poblados del país, a los fines de descongestionar los centros de detención pertenecientes al Cicpc y destacamentos de la GNB.

Entre las medidas programadas figura la creación de centros para procesados en el Área Metropolitana de Caracas, Nueva Esparta y Guárico, así como el traslado de penados desde centros de detención a los centros penitenciarios correspondientes; otorgar de manera expedita las medidas de fianza a los privados de libertad que hayan cumplido con los requisitos; otorgar medidas sustitutivas a personas con enfermedades graves, además de un plan de agilización de causas, coordinado entre todos los entes del sistema de justicia.

Todas las autoridades y los entes involucrados manifestaron su interés prioritario en atender las causas coyunturales y estructurales que han llevado a la acumulación de población privada de libertad en recintos no apropiados para permanencias de larga duración, en aras de garantizar los derechos humanos y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. (MP/MB)