Kleiber Alexander Pérez, líder del Internado Judicial de San Felipe, estado Yaracuy, fue asesinado este 25 de mayo por su segundo al mando; informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Según la minuta, el criminal fue ultimado por alias Miguelacho, en una presunta lucha por el relevo del mando carcelario, recogió EFE.
“Se presume que fue un cambio de gobierno de la cárcel, para el que montan unos miniejércitos con los mismos presos”; comentó Carolina Girón, presidenta de la organización.
Pran de la cárcel de San Felipe fue asesinado por su segundo al mando
La especialista recalcó que Pérez tenía 40 años y llevaba tres como pran (preso rematado asesino nato) del centro de reclusión, incluso “por encima” del director de la entidad.
Explicó que el fallecido controlaba el ingreso y la salida de los presos, además de cobrar en dólares “la causa”, un monto que los demás reclusos están obligados a cancelar para tener un sitio adecuado para dormir, recibir visitas, tener celulares y comer.
Según información extraoficial, El Kleiber aparentemente fue atacado mientras dormía en su celda. En el hecho no se reportaron heridos, recogió Una ventana a la libertad.
El cuerpo del afectado fue trasladado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) al hospital central de Yaracuy para la respectiva necropsia.
Se conoció que custodios y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mantuvieron su despliegue normal en el recinto. Ni las autoridades ni los familiares del fallecido aportaron más información.
Según el reciente informe del OVP, desde 2008 “el Estado venezolano permitió la instauración de estructuras criminales en las prisiones, en las que la presencia de la figura del pranato se convirtió en una realidad latente”.
Estas figuras se caracterizan “por el contrabando de armas, drogas, sometimiento a los internos, pernoctas dentro de las cárceles; autorización de eventos, cajeros automáticos a conveniencia, piscinas, discotecas, negocios de alimentos, ingreso de vehículos y libre desplazamiento dentro y fuera de la prisión”.
Se documentó que al menos 59% de los reclusos, de 33.710 personas, se encuentra bajo el control de esta situación.
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