El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó recientemente que, producto de un operativo que se adelanta en todo el territorio nacional, en conjunto con la Policía contra la Corrupción y el Sebin, para verificar las empresas que recibieron divisas para alimentos y medicinas, en el que hasta la semana pasada se allanaron 18 empresas, de las cuales 13 carecían de domicilio fiscal, se solicitaron órdenes de aprehensión contra los representantes de las citadas empresas, y una vez verificada la defraudación al Estado, se procedería a la incautación de los bienes de las mismas.
Explicó que durante el operativo por el caso de Cadivi-Cencoex, se ubicó y allanaron a dos empresas que se presume importaron con sobreprecio: la Azucarera Río Turbio C.A, representada por Ricardo Peña, que recibió 156 millones de dólares, entre los años 2004 y 2017, y la empresa tachirense Importaciones Constructora BJL C.A., representada por J. Báez (59), que obtuvo 3,2 millones de dólares.
En este sentido, informó Saab que “el hombre se encuentra privado de libertad en la sede del Sebin del estado Táchira, luego de que el Ministerio Público le imputara los delitos de obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Por ello –continuó- el Tribunal 2º de Control del Táchira le impuso el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, así como la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la citada empresa y el hoy imputado. (MP/MB)