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Sucesos
Seis fallecidos en el estado Bolívar por presunta guerra entre bandas
23 de octubre de 2017
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La madrugada del sábado, un enfrentamiento entre bandas en el sector de El Perú, en El Callao, al sur del estado Bolívar, causó seis personas fallecidas a tiros, entre ellas un adolescente de 17 años de edad.
Según fuentes policiales, las víctimas estaban en el sector tomando licor cuando fueron interceptados por sujetos armados que se trasladaban en una camioneta blanca, originándose un enfrentamiento entre ambos grupos.
Tres de las víctimas murieron en el sitio, mientras que los otros tres que resultaron heridos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Juan Germán Roscio, donde fallecieron minutos después de su ingreso.
Tan solo fueron identificados tres de los fallecidos, los otros carecían de documentos: José Gabriel Grillet, de 33 años de edad; Arístides Herrera, de 32; y Yovanis José Villaroel Lugo, de 17 años.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que las víctimas se enfrentaron a integrantes de la banda de “El Chingo”, en una disputa por el control minero de la zona.
El Callao es controlado por los “pranes” conocidos como “Toto”, “Marco Polo” y “El Ruqui”; mientras que el sector El Perú era controlado por Anderson Pereira -fallecido en enfrentamiento-, “El Morocho” es el pran del sector Nacupay; y de El Paraíso, se desconoce quién en su líder.
Planes fracasados
El primer plan propuesto por el Gobierno nacional para legalizar la minería fue en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar, que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (económico, social, político, territorial e internacional).
En julio de 2004 esta iniciativa sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar, “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y la piscicultura.
Dos años después, en agosto de 2007, apareció el plan la reconversión minera, en la cual se inició el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní. El Ejecutivo prometió financiamiento y un cheque de 10 mil bolívares para ayudar a 6 mil 72 mineros que laboraban en la zona.
El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El Gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.
Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.
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