Tiempos de guerra y el fin de la humanidad
22 de noviembre de 2024
La Cancillería de la administración de Nicolás Maduro rechazó este viernes la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente sobre el caso del Esequibo disputado entre Venezuela y Guyana. Consideraron que dicha sentencia «infame» es contraria «al espíritu de Ginebra de 1966».
Expresaron en un comunicado que dicho Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, «aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial. Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este Tratado impone a ambas partes. En ese sentido, Venezuela ha estado y está dispuesta a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio».
«Al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana, la CIJ comete un error incomprensible e insólito, no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966», afirma la misiva, que igualmente fue leída por Jorge Arreaza en VTV.
En tal sentido, expresaron que la corte, con su decisión, «no solo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas», sino también «su nutrida jurisprudencia».
«Por consiguiente, Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con esta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción», protestan.
Por tal motivo, la Cancillería ratificó que continuarán ejerciendo «su justo reclamo, habida cuenta del grotesco fraude que implicó el Laudo Arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial».
Finalmente, reiteraron el llamado a que esta controversia «sea canalizada de forma amistosa» y propusieron el inicio de negociaciones directas con Guyana, «en apego al Derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que mandata a ambas partes a resolver esta controversia de manera pacífica».
Más temprano, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre este país y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.
El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar «la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre», dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
La decisión supone una derrota diplomática para la administración de Nicolás Maduro, la cual rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
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