(AFP)Human Rights Watch pidió este jueves a los doce países americanos del Grupo de Lima intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando a sus autoridades y llevando el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Si no hay una fuerte presión internacional sobre la dictadura de Maduro no creemos que existan posibilidades de mayor progreso”, dijo el director ejecutivo de HRW Americas, José Manuel Vivanco.

“El Grupo de Lima debe intensificar su trabajo”, subrayó, al presentar el informe mundial anual de la organización de defensa de los derechos humanos, que ve la crisis venezolana como “la preocupación central” en la región.

El Grupo de Lima, que rechaza la ruptura del orden democrático en Venezuela, se formó en agosto pasado y está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Vivanco dijo que su próxima reunión, el martes 23 en Santiago, será “clave”.

“El Grupo de Lima ha hecho notables pronunciamientos contra la dictadura en Venezuela (…) pero sin medidas concretas es probable de que la situación siga empeorando”, dijo, considerando “un fracaso” el diálogo en República Dominicana entre delegados de Maduro y de la oposición.

Esas negociaciones están en suspenso luego de que el piloto rebelde Óscar Pérez fuera abatido en un operativo policial y militar para su captura.

Vivanco celebró las sanciones anunciadas este jueves por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque. Y pidió a los países de la región replicarlas.

Además, instó al Grupo de Lima a llevar el caso venezolano ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, solicitando la apertura de una investigación preliminar por los abusos constatados.

“Dada la gravedad de los hechos, la sistematicidad con que se producen la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias masivas, y la falta de instancias independientes que impidan estos hechos y castiguen a los responsables, justifica la intervención de la CPI”, dijo.

“Hay abundante información sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela”, apuntó, equiparando la Venezuela de Maduro a las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970.

Según HRW, 2017 fue un año “muy duro” en Venezuela, con más de 5.400 detenciones, 750 civiles procesados por instancias militares, más de 120 muertos según cifras oficiales, 2.000 heridos en manifestaciones, centenas de presos políticos y miles de personas huyendo del país por falta de comida y medicinas.

 

Compilación: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/Diario La Nación