La señora Teresa* pasa todo el día sentada frente al penal de Tocuyito. Espera que en algún momento le den información sobre su esposo, un hombre de 61 años, detenido tras las elecciones presidenciales en julio. Lo apresaron en Boconó, estado Trujillo, y llevado a Carabobo.

El 25 de agosto Teresa recibió una llamada que le alegró el día, pues escuchó la voz de su esposo, pero la noticia no era buena: “Estoy en el internado judicial de Carabobo, en Tocuyito”, le avisó José*. Lo enviaron a más de 400 kilómetros de distancia de su pueblo.

Sin dudar, la mujer hizo una maleta y tomó la carretera con destino a Valencia, donde se instaló. Debió alquilar una habitación, cerca del recinto carcelario. No se irá hasta que su esposo consiga la libertad, asegura.

Ella cuenta la historia: Era 2 de agosto, en Boconó. En la casa de los Pérez* había un velorio. La madre de José habia fallecido. En la sala rezaban el rosario, mientras que José preparaba el almuerzo. De pronto, unos 80 hombres encapuchados y armados estaban en el patio de la vivienda.

-A su orden, dijo José a través de la ventana a un funcionario.

Le pidieron su cédula y le ordenaron acompañarlos.

-¿Cómo se lo van a llevar? Vamos a enterrar a su mamá, le dijo Teresa a los militares.

-Cállese, señora, o nos la llevamos a usted también, amenazó el uniformado.

El procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional, pero luego pasó a manos de la Policía Nacional Bolivariana. El delito de José fue hacer vida política en Boconó, pero en el acta policial dice resistencia a la autoridad y en la boleta de encarcelación delitos diferentes: instigación al odio y terrorismo. No tuvo derecho a un abogado privado.

Un joven, también proveniente del estado Trujillo, está privado de libertad por escribir en su estado de WhatsApp un mensaje en rechazo al Gobierno. Era trabajador en una escuela y habría sido señalado por la directora del plantel.  A él le llegó la “operación tun tun”.

Presos del sur del país en el penal de Tocuyito

Varias mujeres a las afueras del penal ahora son una familia. Muchas tienen algo en común: sus hijos o sobrinos fueron trasladados del sur del país hacia Carabobo.

Del estado Bolívar salieron la madrugada del 30 de agosto, justo antes del apagón nacional. Muchas de ellas se fueron hasta Caracas pidiendo cola y luego a Valencia, para tratar de estar cerca de sus familiares detenidos. Pero ya ha pasado más de una semana y no saben de ellos, ni siquiera les permiten pasar comida o ropa.

Cerca de las 4:00 de la tarde comienzan a hacerse señas con camisas o con las manos. Saben más o menos en que lado de la cárcel están los suyos porque manejan una especie de códigos con señas, que también usaban cuando estaban en Puerto Ordaz.

La mañana de este lunes, algunas de las mujeres hacían una pancarta con un mensaje de feliz cumpleaños, en un intento de enviarle felicitaciones a uno de los jóvenes privados de libertad.

Detenidos por colectivos 

Hay un grupo que coincide en algo: fueron retenidos, entre el 29 y 30 de julio, por presuntos colectivos armados y encapuchados y entregados a la Policía Nacional Bolivariana. Muchos de ellos estaban, incluso, lejos de donde se desarrollaban las protestas postelectorales.

Otros, unos siete hombres, fueron detenidos en sus casas. Trabajan en la Alcaldía de El Callao. Sus familiares aseguran desconocer la razón por la que la DGCIM los aprehendió.

Hay quienes ni siquiera tienen confirmación de que sus familiares hayan sido trasladados de otros estados hacia el penal de Tocuyito. No pueden acercarse al recinto a preguntar. No saben nada. Algunos tienen miedo de hablar. A otros no les importa exponerse a la prensa.

Algunos de los presos tienen condiciones de salud complejas. De hecho, lo único que les han podido pasar son medicinas.

Afuera solo quieren ver a sus familiares, que les permitan visitas o, al menos, tener información sobre ellos.

*Nombre ficticio para proteger la verdadera identidad de los involucrados.

El Carabobeño