Economía
Acuerdos petroleros solo generan al inicio frágil estabilización y contención inflacionaria

Humberto Contreras

Los recientes acuerdos petroleros firmados entre Estados Unidos y el Gobierno interino de Venezuela han generado enormes expectativas. Sin embargo, para entender su verdadero impacto en la economía real, debemos separar el entusiasmo político de los hechos financieros. Así lo señala el economista tachirense doctor Dilio Hernández, en respuesta a una solicitud de su análisis del tema que mueve la opinión pública internacional en materia petrolera.

Explica el experto que el efecto inmediato de este pacto masivo, el cual involucra el desarrollo de 17 campos petrolíferos con gigantes como Chevron, el Departamento de Defensa estadounidense y la firma NABEP, no será una inyección automática de dinero en los bolsillos de la población, sino un fuerte shock de expectativas y estabilización.

 El mecanismo de control financiero

— ¿Por qué no habrá efectivo de inmediato?

— El diseño institucional del pacto establece un estricto mecanismo de control, dice Hernández. Las ventas de crudo, señala, estarán bajo el manejo comercial de Estados Unidos a través de fideicomisos internacionales administrados, lo que significa que el dinero de las exportaciones no entrará directamente a las arcas del Estado venezolano para gasto corriente.

Los desembolsos al gobierno local se realizarán de forma condicionada, agrega el experto, y bajo estrictas solicitudes de gasto transparente. Por lo tanto, no se traducirá en mejoras salariales automáticas en el cortísimo plazo.

A pesar de esto, el beneficio más tangible a corto plazo es la estabilización cambiaria, explica Hernández. La presencia física en Caracas de multinacionales como Chevron, que prometió invertir 7 mil millones de dólares, así como las empresas Eni, GeoPark y General Electric, frena la incertidumbre financiera.

–Al proyectarse un flujo masivo de divisas a futuro, disminuye la prisa de empresas y ciudadanos por refugiarse en el dólar, ayudando al Banco Central a contener la devaluación del bolívar y mitigar la inflación; y además, aunque los proyectos de perforación en campos nuevos tardarán de 4 a 6 años en producir crudo de forma masiva, la fase logística arranca ya.

Regiones como la Faja del Orinoco y el estado Zulia verán una activación exprés en transporte, catering, mantenimiento técnico, aduanas y seguridad, lo cual creará una burbuja de empleos muy bien remunerados en el sector privado, aunque también acentuará la brecha de ingresos con el resto del país.

El freno estructural y la balanza de costos

Explica Hernández que, por otra parte, la ambiciosa meta de elevar la producción nacional a 1.5 millones de barriles diarios choca con dos realidades estructurales severas: la crisis eléctrica nacional, ya que ningún pozo se expande sin energía constante; y el éxodo de mano de obra cualificada, con un déficit crítico de ingenieros y operadores tras la migración de más de 7 millones de personas.

Al hacer un balance costo-beneficio, la asimetría es profunda, señala. Por el lado de los pros, se proyecta una inversión privada de 100 mil millones de dólares y un ingreso fiscal estimado en 209 mil millones a lo largo del pacto, junto con la modernización tecnológica y el alivio financiero por el repunte de los bonos soberanos.

Pero por el lado de los contras, señala, el costo político es histórico: el pacto cede el control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de reservas, generando fuertes críticas de “colonialismo energético” y severos cuestionamientos constitucionales por la pérdida de autonomía sobre el recurso.

Entonces, ¿cuál es la conclusión?

En conclusión, nos resume Hernández, el balance neto para el ciudadano común es el de una estabilización económica frágil. El mayor beneficio a corto plazo será indirecto: la contención de la inflación por el anclaje del tipo de cambio. Sin embargo, el costo social inmediato es la persistencia de las carencias del día a día en servicios como luz, agua y salarios básicos. Las masivas inversiones petroleras prometidas están en marcha, pero tardarán varios años en derramarse plenamente hacia el resto de la economía real venezolana.