Internacional
Abogados de Maduro piden desestimar cargos por “interferencia” de EE.UU. en su defensa legal

A menos de una semana para la segunda audiencia en su contra, los abogados de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentaron este jueves un escrito de 17 páginas ante un tribunal federal en Nueva York, donde exigen que se desechen los cargos por violación a su derecho a una defensa adecuada. En el documento, argumentan que el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado fondos clave para contratar abogados privados, lo que, según ellos, constituye una interferencia ilegal en el proceso judicial.

Falta de recursos y bloqueo de fondos

La defensa de Maduro y Flores sostiene que, según la ley venezolana, ambos tienen derecho a que el Estado cubra sus gastos legales. Sin embargo, afirman que no cuentan con recursos personales para pagar una defensa privada. Peor aún, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha congelado fondos que podrían usarse para este fin, impidiéndoles contratar a los abogados de su elección.

En el escrito, los abogados destacan que, en otros casos, sí se ha permitido que terceros sancionados cubran honorarios legales, pero en este caso, la OFAC ha impedido el acceso a esos recursos. “Esto viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a elegir abogado, así como el debido proceso”, señala el documento.

¿Defensor público o derecho constitucional?

La defensa argumenta que, aunque el tribunal podría asignarles un defensor público, esto no resuelve el problema, ya que la Constitución estadounidense protege el derecho a elegir representación legal. “Obligarlos a aceptar un abogado de oficio no subsana la violación a sus derechos fundamentales”, advierten.

Este caso se enmarca en una serie de procesos judiciales en EE.UU. contra altos funcionarios del gobierno venezolano, acusados de narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Maduro y Flores enfrentan cargos por conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero, entre otros delitos.

La segunda audiencia está programada para principios de octubre, y la defensa de Maduro insiste en que, sin acceso a fondos para su representación legal, el proceso carece de garantías constitucionales. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. aún no ha respondido oficialmente a este nuevo escrito.

WC con información de Univisión