Internacional
Sociedad civil venezolana exige en la ONU renovar la Misión de Determinación de Hechos

En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil Aula Abierta, Organización Internacional del Servicio para los Derechos Humanos (ISHR), Civilis Internacional, Alerta Venezuela, Fundación Friedrich Naumann, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Amnistía Internacional, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), PROVEA, el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Cepaz, Voto Joven, Acceso a la Justicia y CIVICUS, realizaron el evento paralelo “La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”. La actividad se llevó a cabo este 16 de septiembre de 2026 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

Dicho encuentro contó con la participación especial de Alex Neve, Maria Eloisa Quintero y Sofía Macher, expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, así como de la Dra. Gloria de Mees, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora para Venezuela.

Un espacio de encuentro internacional y mandatos independientes de protección

Durante las palabras de apertura del evento, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y profesor de la Universidad del Zulia, dio la bienvenida a las delegaciones diplomáticas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de órganos internacionales presentes, expresando un saludo con especial deferencia a los mandatos representados.

Acto seguido, Gómez Gamboa enfatizó que las razones que dieron origen a la creación de la Misión persisten en 2026 y que el mecanismo mantiene una utilidad estratégica fundamental en el contexto presente y futuro respecto a la lucha contra la impunidad, la documentación y determinación de responsabilidades ante las graves violaciones de derechos humanos, y la construcción de la memoria histórica.

Contexto sociopolítico de Venezuela en 2026

Ligia Bolívar, profesora universitaria de la UCAB y directora de la ONG Alerta Venezuela, afirmó que la situación política que vive actualmente Venezuela no corresponde a un proceso de transición a la democracia, sino a un reacomodo de fuerzas donde permanecen intactas las estructuras políticas, económicas y represivas.

“En el análisis que publicamos en Alerta Venezuela el mismo 3 de enero, calificamos la situación de Venezuela como una transición tutelada. El paso de los meses nos permite afirmar que Venezuela no se encuentra en un proceso de transición a la democracia, sino en un reacomodo de fuerzas. Quienes detentan el poder ya formaban parte de las estructuras políticas, económicas y represivas que permanecen”, dijo.

Explicó que si bien han existido excarcelaciones, estas no implican libertades plenas ni el cierre de procesos judiciales, además de persistir la impunidad sobre los responsables de detenciones arbitrarias y torturas, citando el caso de Emirlendris Benítez, quien tras ser documentada por la Misión sufrió torturas que le ocasionaron la pérdida de su embarazo y la pérdida de la movilidad.

Bolívar reportó que entre enero y julio de 2026 se registraron 161 violaciones a la libertad de expresión, según datos de Espacio Público, confirmando patrones de censura, bloqueos de internet y hostigamiento contra quienes opinan sobre asuntos públicos. Asimismo, denunció la desarticulación institucional tras la desaplicación de la Ley de Amnistía por parte de Delcy Rodríguez para transferir las solicitudes al llamado “Programa para la Convivencia Democrática y la Paz”, un ente informal y discrecional que operó sin decreto o respaldo legal y cuya vigencia de 100 días fue prorrogada indefinidamente. Además, indicó que, a pesar de las solicitudes de verificación de cifras, las autoridades venezolanas no entregaron las listas ni permitieron el acceso a los centros penitenciarios, operando actualmente en el país mediante una extensión confidencial de su carta de entendimiento.

Arquitectura normativa y restricción del espacio cívico

Ricardo Villalobos Fontalvo, académico y director de Civilis Internacional, sostuvo que en Venezuela se mantiene un entramado de 38 normas contrarias a la Constitución y los tratados internacionales diseñadas para castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil.

Destacó la Ley de Fiscalización de las ONG aprobada en agosto de 2024, la cual condicionó el estatus legal de las organizaciones bajo trámites costosos y requisitos que obligan a revelar información sensible de las víctimas. Refirió que, según una encuesta realizada a 101 ONG, el 20,8% suspendió actividades y solo el 3,4% de las organizaciones de derechos humanos logró registrarse de forma exitosa, en contraste con un 25% de aceptación hacia las de carácter puramente humanitario.

El docente universitario detalló además que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contempla penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones de hasta 60 años por promover el escrutinio internacional. Asimismo, presentó cifras del Monitor Cívico que documentó 99 eventos represivos y 395 incidencias de vulneraciones entre abril y junio contra la libertad de asociación, expresión y participación.

Respecto a la respuesta estatal ante los recientes terremotos en el norte de Venezuela, denunció que la autoridad apenas desplegó el 12,6% de su capacidad en las primeras 24 horas y que cuerpos como el SEBIN y la PNB obstruyeron activamente centros de acopio independientes e intimidaron albergues comunitarios.

“Ante lo expuesto, desde Civilis enfatizamos que cualquier agenda de reinstitucionalización debe priorizar la derogación total de este marco jurídico restrictivo. No basta con enmendarlo ni “flexibilizar” su aplicación: mientras esta arquitectura exista es inviable poder garantizar la justicia, la verdad, reparación y no repetición en un contexto en el que el propio Estado se niega a investigar. De igual forma, debe priorizarse la libertad plena de los defensores de derechos humanos detenidos y personas judicializados”, comentó el experto.

Por su parte, el director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, intervino desde la moderación para alertar sobre el agravamiento de los cortes eléctricos diarios de más de 8 horas en las regiones y la política de asfixia presupuestaria y salarios de menos de dos dólares mensuales contra las universidades venezolanas, buscando su desmovilización y el colapso del sistema educativo.

“El Estado ha implementado una política sistemática con indicadores de “gran corrupción”, prácticas intervencionistas y asfixia presupuestaria contra las universidades y los universitarios, lo cual desmantela la educación superior e inhibe el pensamiento crítico, la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos humanos de las comunidades académicas. El salario de un profesor universitario es menor a 2$ al mes. Se busca la desmovilización de la Universidad en la discusión de los asuntos públicos, su captura y el colapso del sistema educativo en un contexto de grave debilitamiento del espacio cívico”, explicó el docente universitario.

Crímenes internacionales

Clara del Campo, encargada de Campañas para América Latina de Amnistía Internacional, enfatizó que la política de represión se mantiene activa en sus estructuras, integrantes y prácticas, centrando su exposición en el uso sistemático de las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y la persecución. En este sentido, el incumplimiento de las obligaciones de proveer información oficial sobre las personas bajo su custodia, resaltando que el trabajo coordinado de ONG y familiares contabiliza actualmente entre 328 y 400 personas en detención arbitraria por motivos políticos.

La representante de Amnistía Internacional ilustró la continuidad de estas prácticas mediante casos recientes como los de la adolescente Samantha Hernández y su hermana Aranza, el caso de Oscar Morales, y la situación de Juan Carlos Marrufo en el internado judicial Rodeo I, recordando que la negación de atención médica urgente y adecuada puede constituir actos de tortura.

“Siguen las detenciones y siguen los malos tratos, la tortura y las desapariciones forzadas. El caso de la falta de atención médica es particularmente revelador, ilustrativo y alarmante. Recordamos que la falta de atención médica, urgente y adecuada, que conlleva un sufrimiento físico o psicológico grave, con conocimiento o intención de los custodios, puede constituir tortura. Esto es demasiado frecuente en la actualidad”, comentó.

Asimismo, alertó sobre la práctica reiterada de traslados sin notificación que configuran desapariciones forzadas, citando la situación de Jorge Guanares, de quien se desconoce el paradero desde el 2 de agosto de 2024.

Aunado a esto, Del Campo condenó la permanencia de causas penales abiertas y medidas restrictivas contra defensores de derechos humanos como Carlos Correa, Carlos Julio Rojas, Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

La continuidad del aparato represivo e impunidad estructural

Santiago Canton, profesor universitario y Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), aseveró que el aparato represivo no ha sido desmantelado porque fue construido deliberadamente con la finalidad de mantener el poder.

“El aparato represivo venezolano se construyó con una finalidad muy concreta: la permanencia en el poder. Y el patrón se repite. Cada vez que apareció una posibilidad real de cambio, por la vía de la calle o por la vía electoral, la respuesta fue la misma: mantenerse en el poder a cualquier costo y esperar a que los vientos vuelvan a cambiar”, dijo Canton.

Según datos presentados, indicó que mientras el gobierno informó sobre 8.000 beneficiarios de la Ley de Amnistía, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) solo pudo confirmar 1.149 excarcelaciones entre finales de 2025 y junio de 2026.

Aunado a esto, Canton afirmó que los jueces venezolanos no actúan de manera autónoma y continúan aplicando la legislación contra el odio y el antiterrorismo bajo instrucciones del Ejecutivo Nacional. Ejemplo de ello es el caso de Víctor Quero, detenido y desaparecido en enero de 2025, cuya muerte en custodia dentro del Internado Judicial Rodeo I en julio de ese mismo año fue ocultada por el Estado a su madre, Carmen Navas, hasta mayo de 2026.

Ante todos los casos documentados, subrayó que para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos se requiere la condena efectiva de los responsables de crímenes de lesa humanidad, la recuperación del Estado de derecho mediante una reforma transparente del Tribunal Supremo de Justicia y la convocatoria a elecciones democráticas a la brevedad.

Falta de transparencia en la renovación de autoridades judiciales

Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), centró su análisis en el proceso de renovación de autoridades judiciales y de organismos de control en Venezuela, advirtiendo que la falta de información oportuna, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas han sido la regla constante en estas ejecuciones.

Lusverti denunció las reformas consecutivas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, orientadas a incrementar el número de magistrados y modificar la conformación del Comité de Postulaciones de la Sociedad Civil; señalando que han carecido de la debida transparencia y participación ciudadana.

“Al punto que luego de 10 días de aprobada la ley aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Así como tampoco ocurrió con los procesos de nombramiento del nuevo Fiscal y la Defensora del Pueblo. Ambos no contando con las credenciales necesarias exigidas por la Constitución para este proceso. En el caso específico de la Defensora del Pueblo no se cumplió con una disposición específica de la Constitución que requiere trayectoria reconocida en materia de derechos humanos”, dijo.

Ante este escenario, concluyó que resulta imperativo que la comunidad internacional mantenga una estricta vigilancia sobre la designación del TSJ y las pretendidas reformas al sistema de justicia en el país.

Escrutinio internacional

Por su parte, Luis Carlos Díaz, representante de Transparencia Venezuela, en un análisis compartido a Aula Abierta, aseguró que las víctimas en el país requieren la permanencia del escrutinio internacional más allá de las dinámicas económicas y petroleras. Seguidamente, denunció que la estrategia de las autoridades venezolanas ha consistido en aislar al país de los mecanismos internacionales, tal como ocurrió con la OEA y como sucede actualmente respecto a la Corte Penal Internacional (CPI), obstaculizando las investigaciones para reducir los espacios de exigencia de justicia.

En consecuencia, Díaz resaltó que la crisis venezolana involucra directamente a la comunidad internacional, toda vez que ciudadanos de más de 30 nacionalidades, incluidos trabajadores humanitarios internacionales, han sido víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e incomunicación en el país.

En este sentido, formuló cuatro peticiones concretas a los Estados miembros:

• Primero: renueven el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de DDHH para Venezuela. Ambos mecanismos deben cooperar y actuar libremente dentro del país.
• Segundo: denle los recursos y el tiempo necesarios para seguir investigando, identificando responsabilidades y preservando evidencia. Todavía hay mucha información por develar dentro de su mandato.
• Tercero: mantengan el escrutinio internacional mientras Venezuela no tenga instituciones independientes capaces de investigar estos crímenes. Sobre todo el crimen de persecución, que tiene impacto en temas migratorios que le interesan a la comunidad internacional.
• Y cuarto: escuchen y protejan a las víctimas, venezolanas y extranjeras. Cualquier proceso de transición tiene que incluir verdad, justicia, reparación y garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Mientras ese largo plazo ocurre, en el presente hay excarcelados que necesitan atención humanitaria urgente, porque están saliendo en muy malas condiciones.

Finalmente, las organizaciones convocantes reiteraron que la renovación de la Misión Internacional Independiente resulta vital para prevenir la consolidación de factores de riesgo de crímenes de atrocidad, evaluar objetivamente si las medidas estatales constituyen cambios verdaderos o simples maniobras efímeras, y garantizar la complementariedad de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas en defensa de la sociedad civil y las comunidades académicas de Venezuela.

Expertos de la ONU y de la CIDH afirman que la renovación de la Misión sobre Venezuela es un imperativo técnico y jurídico

En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sociedad civil venezolana llevó a cabo el evento paralelo “La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”, celebrado en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

El encuentro contó con las ponencias centrales de expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM), Sofía Macher, Maria Eloisa Quintero y Alex Neve, así como de la comisionada Gloria de Mees, Relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante sus intervenciones, los mandatos internacionales expusieron los fundamentos técnicos, la relevancia forense y las razones de presente y futuro que justifican la extensión de este mecanismo de investigación independiente creado por la ONU en 2019.

Renovación de la Misión de la ONU

El experto Alex Neve resaltó el papel estratégico de los mecanismos de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para responder a las situaciones más graves en contextos políticos complejos. Neve recordó que la Misión fue encomendada para sentar las bases de la rendición de cuentas e indicó que, tras años de investigación, sus informes han arrojado conclusiones contundentes: “Hemos concluido de manera reiterada y contundente que, en efecto, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante ya muchos años”.

Asimismo, enfatizó que las publicaciones de la FFM han expuesto un panorama detallado sobre “el marco represivo habilitante de leyes, instituciones y estructuras responsables de las violaciones graves de derechos humanos en el país”.

Por su parte, la experta Maria Eloisa Quintero centró su análisis tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, señalando algunas razones por las cuales el mecanismo requiere dar continuidad a sus labores de investigación y monitoreo.

Primeramente, Quintero explicó que Venezuela atraviesa una coyuntura caracterizada por una alta volatilidad, la cual representa una oportunidad inédita para la recepción de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país. “Estamos en un contexto muy volátil y en ese contexto es en el cual estamos recuperando, recibiendo y analizando más datos que nunca, porque al cambiar la situación también se acercan muchas fuentes diversas”, explicó la experta.

En este sentido, subrayó que es el momento de indagar en las cadenas de mando intermedias, puesto que “estos medios mandos son los que repiten y perpetúan los mecanismos para las violaciones a los derechos humanos”.

Esta identificación del aparato ejecutor se enlaza con la necesidad de examinar el ecosistema general de la represión, abarcando no solo a los perpetradores directos, sino a todos los actores individuales y jurídicos que facilitan el sistema, ofreciendo así insumos para el diseño de políticas públicas, la rendición de cuentas y la prevención de nuevos abusos.

Futuro de la Misión

Por su parte, la presidenta de la Misión, Sofía Macher, sostuvo que aunque el país atraviesa un momento de cambios e incertidumbre donde cualquier medida que proteja a la población debe ser reconocida, las acciones puntuales no garantizan transformaciones estructurales. Al respecto, comentó que “ninguna de esas medidas por sí solas demuestra que se hayan desmantelado los mecanismos de represión, restablecido la independencia judicial o creado condiciones suficientes para impedir que las violaciones vuelvan a ocurrir”.

En este sentido, Macher enfatizó que mientras las estructuras sigan operativas y persista la impunidad, “cualquier apertura seguirá siendo frágil  y reversible”, recordando que la permanencia del escrutinio técnico es clave para evaluar el posible retorno de la población migrante y garantizar procesos verdaderos de no repetición.

“Extender su mandato es mantener un compromiso con las víctimas, con quienes permanecen en el país, con quienes esperan poder regresar, pero también es un compromiso con la posibilidad de que Venezuela construya un futuro democrático en las que todas las personas puedan vivir sin miedo”, dijo.

Respaldo de la CIDH

La comisionada Gloria de Mees, Relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó la labor realizada por la FFM desde 2019, la cual maneja estándares que generan hallazgos admisibles ante tribunales internacionales, por lo que “discontinuar esta labor comprometería de manera irreversible la identificación de las víctimas, la imputación de la responsabilidad de mando y el mapeo de las estructuras represivas operadas por actores estatales y no estatales”.

“Dicho valor forense no puede reconstruirse de forma retrospectiva. El último año ha intensificado, en lugar de disminuir, la necesidad de escrutinio”, comentó la comisionada, quien además rechazó que exista una duplicación entre las funciones de la Misión y las actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), aclarando que “ambos mandatos son complementarios y no concurrentes”.

Seguidamente, sostuvo que el escrutinio internacional imparcial no es un obstáculo para el diálogo o la reconciliación nacional, sino su condición previa, remarcando que “no existe una justicia transicional genuina sin verdad, no hay reparación integral sin la identificación de las víctimas, ni garantías de no repetición sin un diagnóstico certero de las estructuras que hicieron posibles las violaciones”.

Finalmente, hizo un llamado directo a las delegaciones internacionales para que, en el ejercicio de su voto soberano, “prioricen a las decenas de miles de víctimas cuyo único canal de visibilidad restante es la labor sostenida, técnica e imparcial de la Misión”.

NOTA DE PRENSA