Nacional
Denuncian la “detención arbitraria” de un médico en el estado Mérida

 La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este lunes la “detención arbitraria”, en el estado Mérida (oeste), del médico Pedro Fernández reconocido -dijo- por su “labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios”.

“El doctor Fernández fue detenido este lunes 20 de octubre al mediodía, un día después de la misa de canonización en Roma (de los dos primeros santos católicos venezolanos), en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por hombres encapuchados sin identificación, ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido”, señaló la ONG en una publicación en X.

A juicio del Comité, esta detención constituye “un nuevo golpe” contra quienes, “desde la fe, la vocación de servicio y la conciencia ciudadana, se niegan a rendirse ante la injusticia”.

“La detención del doctor Fernández ocurre en medio de las celebraciones por la canonización de los primeros santos venezolanos, cuando el país entero eleva oraciones por la libertad y la reconciliación”, reiteró la organización.

Este lunes, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) -encabezado por la líder opositora y Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado- denunció que el líder social Yorbin García fue detenido en Trujillo (oeste), durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández.

A través de X, VV precisó que el pasado sábado “funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)” detuvieron a García, activista político del partido opositor Un Nuevo Tiempo, cuando se “encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú”, lugar de nacimiento del nuevo santo venezolano.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya personas detenidas por estos motivos, sino que -aseguran- son ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores. EFE