El Ministerio Público (MP) inició una investigación penal para esclarecer el entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos destinados a una supuesta “ayuda humanitaria”, que vincula a dos emisarios del diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

“Los fondos administrados por (Rossana) Barrera y (Kevin) Rojas, designados por (Juan) Guaidó como sus representantes ante Colombia, son asignados desde Venezuela, por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar tanto la procedencia del dinero como su utilización”, apuntó este martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

La investigación estará a cargo de dos fiscales nacionales, que tendrán la responsabilidad de desarrollar las averiguaciones respectivas a fin de recabar evidencias de delitos de corrupción, cuya alerta había sido emitida por el Gobierno Nacional el 23 de marzo pasado.

Barrera y Rojas, militantes del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), serán imputados por la comisión de delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir, precisó Saab.

“Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, cuando en realidad eran cancelados por Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). Además, inflaron el número de supuestos militares desertores para el despilfarro del dinero”, detalló.

Saab, quien refirió la publicación de Panam Post que detalla la malversación de fondos cometida bajo el amparo de Guaidó, agregó que los recursos habrían sido desviados para financiar gastos personales y operaciones para generar desestabilización en la nación.

“Los promotores de la desestabilización han ofrecido villas y castillos a los militares para que deserten de su compromiso con la patria, y luego los han dejado en la calle, mientras se apropian del dinero asignado para fines inconfesables”, dijo.

Indicó que situaciones criminales como estas evidencian cómo Guaidó, señalado como autor intelectual del desfalco, dispone de los fondos del Estado, así como la opacidad de sus delegados para emplear el dinero.

El fiscal general de la República enfatizó que solicitarán al Gobierno de Colombia, nación que sirvió de escenario para el ejercicio corrupto, las evidencias respectivas al caso a fin de complementar la investigación penal en curso.