Representantes de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto venezolanas como internacionales, expusieron la crítica situación que atraviesa Venezuela durante una audiencia celebrada este miércoles 15 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos.

En la sesión, titulada “Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity”, los ponentes coincidieron en que la reciente emergencia sísmica en el país caribeño ha dejado al descubierto la profunda fragilidad de sus instituciones, asimismo, aprovecharon el espacio para exigir la liberación de los 598 presos políticos que aún permanecen privados de libertad.

La audiencia estuvo copresidida por los congresistas James P. McGovern (demócrata por Massachusetts) y Chris Smith (republicano por Nueva Jersey). Contó con el testimonio de voceros de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation.

Terremotos y colapso institucional: una doble crisis en desarrollo

La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, advirtió que Venezuela enfrenta actualmente una superposición de crisis: por un lado, el prolongado deterioro de sus instituciones y, por el otro, el devastador impacto del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió al país el pasado 24 de junio, dejando miles de víctimas mortales y damnificados.

A su juicio, aunque el desastre natural y la crisis política tienen orígenes distintos, ambos han dejado al descubierto la absoluta incapacidad del Estado e instituciones para proteger a la población.

Una emergencia humanitaria previa y sin fondos suficientes

Por su parte, Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de WOLA, recordó que la catástrofe provocada por los sismos encontró a un país que ya arrastraba una emergencia humanitaria sumamente compleja.

De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas previas a los terremotos, unos 7,2 millones de venezolanos ya requerían asistencia humanitaria urgente. Dib alertó además sobre la falta de recursos para atender esta situación, detallando que el plan de respuesta humanitaria de la ONU apenas había logrado recaudar el 23% del financiamiento necesario antes de que ocurriera el desastre natural.

Ley de Amnistía y la opacidad en las excarcelaciones

La situación de los derechos civiles y políticos fue abordada por Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), quien participó de manera virtual. Tineo reconoció que durante el transcurso de 2026 se han logrado avances importantes gracias a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía y la consecuente excarcelación de un grupo significativo de personas.

Sin embargo, la activista denunció una grave falta de transparencia por parte del Estado, señalando que las autoridades no han entregado los registros oficiales de los beneficiarios a los organismos internacionales ni a las ONG locales, lo que impide verificar de forma independiente los anuncios del Gobierno.

Finalmente, Tineo precisó que, aunque su organización ha documentado la excarcelación de 795 personas, solo una minoría ha obtenido la libertad plena bajo el amparo de la Ley de Amnistía. La gran mayoría de los liberados continúa sometida a medidas cautelares restrictivas y mantiene procesos judiciales abiertos en los tribunales.

EL IMPULSO