Opinión
Deportar sin distinguir: el riesgo de la orden de De la Espriella

Alans Peralta Mora

Centros Intégrate y oficinas de Migración Colombia abarrotados de ciudadanos venezolanos preguntando por sus trámites anteriores, buscando orientación, tratando de entender la orden del presidente Abelardo de la Espriella solicitando la deportación de migrantes irregulares ubicados en el territorio de su país.

El Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana adscrito a Migración Colombia, estima que hay 2.8 millones de venezolanos en el territorio colombiano. De ellos 2 millones están regularizados, 300 mil se encuentran en proceso de regularización y un poco más de medio millón son irregulares que no poseen ninguna documentación que les permita el tránsito legal por el país.

Hacia este último grupo de ciudadanos apunta la orden de deportación del presidente colombiano bajo la premisa de ordenar el proceso migratorio, mejorar la seguridad y cumplir con su lema de campaña”primero los colombianos”. Y no es una sorpresa: desde el 2025 cuando se le preguntaba sobre el tema de la migración venezolana en Colombia, afirmaba que no aceptaría a los irregulares y menos aquellos que estuviesen vinculados a la actividad criminal sobre los cuales prometió “mano dura”.

Pero, ¿por qué más de medio millón de venezolanos se encuentran hoy bajo riesgo de deportación? ¿Cuál es la razón por la cual no se regularizaron como lo hizo la mayoría de migrantes?

La mejor política migratoria

Desde que se inició la crisis migratoria venezolana en el año 2016 y su boom en el bienio 2017/2019 Colombia se convirtió en el destino mayoritario de miles de venezolanos que llegaron a pesar del cierre de fronteras por razones políticas de la administración Maduro.

Lo hicieron caminando a través de trochas lo que sobrepasó la capacidad administrativa e institucional del Estado colombiano. Colombia pasó de golpe de ser un país emisor de población a ser un país receptor de una migración desordenada, masiva y demandante. El país tuvo que construir una arquitectura institucional paralela a la crisis para dar respuesta y evitar el colapso.

Naciones Unidas y otras instancias declararon a la migración venezolana como una crisis humanitaria de primer orden al punto de ser superior a la de países en conflicto como Siria o derivada de catástrofes naturales.  

Los fondos internacionales llegaron y con este apoyo, a finales de la administración Santos, se impulsó el RUMV (Registro único de migrantes venezolanos) que dió paso al Permiso Especial de Permanencia (PEP). La imposibilidad de acceso e igualdad ante la ley de los usuarios del PEP, llevó a la administración Duque, vía ensayo y error, a la construcción de una política migratoria de regularización de venezolanos asentada en un nuevo registro de migrantes, un documento CONPES como hoja de ruta institucional sobre el tema y un documento fiable de identificación, el Permiso de Protección Temporal (PPT) que permitió al migrante acceso a las instituciones y al Estado colombiano un control más adecuado del fenómeno migratorio con corte al año 2023. Organismos internacionales calificaron la respuesta institucional colombiana como una de las mejores políticas migratorias del mundo.

Pero esta política no evitó que el grifo de migrantes venezolanos continuara abierto y miles llegaron a Colombia después del cierre del proceso PPT. Estos se sumaron a los que habían llegado antes del 2024 y que no pudieron, por varias razones, regularizar.

Durante la administración Petro se mantuvo lo esencial de la política migratoria anterior pero se empezó a destacar la necesidad de un nuevo proceso de regularización que permitiera darle oportunidad al más de medio millón de venezolanos no regularizados. Durante casi todo este período estuvo circulando el rumor de que el nuevo proceso vendría “pronto” y este nunca llegó a materializarse.

¿La razón? El tema de la migración venezolana se alejó del top de la agenda política y de opinión lo que restó la necesidad de darle una solución inmediata. Lo político electoral asumió la vigencia e incluso, como lo comentamos en un artículo anterior, no fue tema de elecciones, ni parlamentarias ni presidenciales en Colombia, como sí había ocurrido en anteriores oportunidades.

¿Y ahora?

Ante el anuncio de De la Espriella los inmigrantes venezolanos no regularizados en Colombia tienen un rango de acción muy reducido. Debemos recordar que hay un poco más de 300 mil que se encuentran sin documentación pero ya habían iniciado su proceso de regularización ( refugio político, ppt tutor u otras alternativas). Ellos son los que acuden masivamente a las oficinas de Migración Colombia o los centros de atención Intégrate para definir el estatus de su solicitud.

Para el medio millón restante la situación es más cuesta arriba. Muchos de estos compatriotas ya son parte de la sociedad colombiana: trabajadores , integrados en familias mixtas, padres de hijos colombianos.

Algunos han pretendido construir un discurso de justificación xenófoba asociándolos con criminalidad o marginalidad per se. Como si el hecho de ser inmigrante no regularizado mereciera el tratamiento de un delincuente común y se pudiera interpretar que la orden de deportación de De la Espriella pudiera tener ése sentido.

Así que las cosas claras: el 1,91% de los tributos de ley en Colombia tiene origen en actividad económica de venezolanos como persona natural. Tres mil millones de dólares anuales es el estimado de contribución en consumo de este grupo a la economía. 60 mil emprendimientos de venezolanos registran las cámaras de comercio con un impacto también en el empleo. Estas son cifras de la OIM hasta el 2024 y podemos asumir que son cortas en la proyección al 2026.

La migración venezolana representa el 5% de la población actual en Colombia. Sobre el tema de seguridad, algunas matrices de opinión pretenden vincular esta presencia a un incremento de hechos de criminalidad en el país. Las cifras desmienten esta vinculación malintencionada: la organización independiente Migration Policy Institute y el Banco de la República registran que el 96% de los delitos en Colombia son cometidos por sus nacionales.

La conclusión es clara: en esta etapa la migración venezolana aporta a la economía colombiana, contribuye activamente al bono demográfico y no es factor clave en el incremento de la inseguridad del país.

Las organizaciones venezolanas de atención a los migrantes y defensa de sus derechos en Colombia deben promover una sana reflexión con el gobierno colombiano sobre los alcances de la orden de deportación arguyendo, estableciendo diferencias entre los que vienen a contribuir con el desarrollo y aquella minoría antisocial. Debe privar la justicia y la equidad como guía de acción.

La migración venezolana en Colombia no es un problema de orden público: es un fenómeno humano, económico y social que el propio Estado colombiano ayudó a construir durante una década de políticas de acogida reconocidas internacionalmente. Que la “mano dura” del presidente De la Espriella no se transforme en una mano ciega contra los migrantes irregulares venezolanos.