Opinión
El aumento de solicitudes de marcas en Venezuela

La propiedad intelectual constituye una institución central del desarrollo económico y social contemporáneo. En efecto, ella procura asegurar derechos exclusivos sobre creaciones, invenciones o signos distintivos y con ello protege la inversión en innovación, favorece la competencia leal, facilita la transferencia tecnológica y permite identificar el origen comercial de bienes y servicios. En las economías modernas, la marca opera como instrumento de innovación, confianza, diferenciación y valor empresarial. Por ello, el incremento de solicitudes de registro marcario puede interpretarse como señal de recuperación productiva, potencial mejora de la seguridad jurídica, activación de emprendimientos o de la introducción de nuevos productos importados y renovado interés de inversionistas.

En Venezuela, el régimen de propiedad industrial se ordena jurídicamente por la Ley de Propiedad Industrial y organizativa y funcionalmente en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional. En el SAPI se reciben las solicitudes, se realizan las búsquedas de antecedentes, se publican los signos en el Boletín de la Propiedad Industrial, se resuelven las oposiciones y concede o deniega los registros, esto es, se realiza todo el procedimiento administrativo marcario. La marca protege al titular frente al uso no autorizado de signos idénticos o similares y confiere un derecho exclusivo por un período determinado, renovable mientras se mantenga el uso efectivo en el mercado.

Ahora bien, durante los últimos años el sistema venezolano ha mostrado señales de reactivación en esta materia. Según el SAPI, en 2025 se concedieron o registraron 23.126 marcas, cifra que representó un incremento de 16 por ciento respecto del año anterior. Ese resultado refleja una mayor demanda de protección y una razonable capacidad administrativa del órgano para tramitar las solicitudes, evitar paralizaciones, dar respuestas y producir decisiones. La marca recupera de este modo su condición de activo intangible que se traduce en respaldos a franquicias, emisión de licencias de uso, alianzas comerciales y estrategias de expansión, entre otras operaciones comerciales.

A su vez la información disponible para 2026 parece confirmar esta tendencia. Por ejemplo, Bloomberg Línea, en nota del 28 de septiembre, señaló que desde enero aumentó el número de empresas interesadas en registrar nuevamente sus marcas en Venezuela, incluidas compañías con expedientes inactivos desde los años noventa. La fuente estimó que en 2025 se presentaron alrededor de 14.600 solicitudes y proyectó que 2026 podría cerrar hasta diez por ciento por encima de esa cifra. No es un dato oficial y consolidado del semestre, pero ofrece una estimación basada en la actividad observada por operadores del sistema.

Las firmas legales que ofrecen servicios en esta materia reportan, en la misma línea y por diversas fuentes, que el aumento de solicitudes convive con consultas exploratorias, renovaciones, oposiciones y trámites para obtener una concesión. Aun así, el indicador anticipa decisiones de inversión, ingreso de productos y la revisión o protección de portafolios.

Finalmente, en los últimos seis meses, dos desarrollos merecen atención. En primer lugar, SAPI activó una nueva plataforma digital para facilitar los trámites de propiedad intelectual. En segundo lugar, mediante resoluciones publicadas en los boletines 652 y 653, de abril y mayo de 2026, el órgano reconoció expresamente la registrabilidad de las marcas evocativas, signos que sugieren cualidades del producto sin describirlo de manera directa. Esta evolución amplía el universo de signos protegibles, reduciendo la incertidumbre para titulares y asesores.

El crecimiento de solicitudes de marcas en Venezuela puede tomarse como un signo de potencial reactivación económica, por lo que es relevante el seguimiento a estos indicadores.

*Profesor-Investigador UCAT.

Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública. Consultor Hoet & Partners.