Opinión
La Administración Pública al servicio de los ciudadanos

Mauricio R. Pernía-Reyes *

La semana pasada escribí sobre las ideas generales de las “ciudades de libertad”, que se presentan como ciudades autónomas con modelos de gobernanza inspirados en Silicon Valley y promovidos desde la perspectiva de las corporaciones tecnológicas globales con sede en esa región californiana. En particular, resalté la poco divulgada propuesta de uno de sus promotores de implantarlas en Venezuela y señalé los obstáculos más evidentes. Ese artículo generó el interés de colegas, alumnos y lectores, con reacciones diversas pues algunos manifestaron asombro; otros, rechazo; y otros no ven con malos ojos su eventual implantación en el país.

Al respecto, es oportuno reiterar que uno de los argumentos presentados por Mark Lutter, fundador y director ejecutivo del Charter Cities Institute, organización dedicada a promover y crear el “ecosistema para las ciudades autónomas”, es que las crisis severas abren ventanas de oportunidad política donde los gobiernos y la población aceptan nuevos modelos de gobernanza ante el fracaso institucional tradicional. Otros son más específicos, como Balaji Srinivasan, inversionista de riesgo de Silicon Valley y autor del libro The Network State: How to Start a New Country (El Estado en Red: cómo iniciar un nuevo país), quien señala que las personas no abandonan el modelo de Estado tradicional cuando todo funciona bien. Afirma Srinivasan que la aceptación masiva de un “Estado en Red” ocurre cuando el dinero pierde su valor por inflación o cuando los gobiernos tradicionales muestran una total “incapacidad para gobernar” ante una crisis generalizada.

Por último, estas propuestas coinciden en la categoría de “desesperación”. En el primer caso Mark Lutter señala que la “desesperación de los ciudadanos” puede motivarlos a aceptar la creación de ciudades de libertad, como consecuencia de la ineficiencia, corrupción y eliminación de las instituciones del Estado por parte de sus gobiernos, especialmente en momentos de cambios; y en el segundo Srinivasan expone como hipótesis la “desesperación de los gobiernos” que, por conducir a sus ciudadanos a un Estado disfuncional, particularmente cuando la moneda nacional sufre hiperinflación, aceptan migrar su soberanía, su dinero y su identidad a una red digital por cuanto el Estado tradicional ya no cumple con su contrato social básico de proteger la vida y la propiedad.

Ahora bien, quiero vincular lo expuesto con el funcionamiento de la Administración Pública particularmente con el “parámetro de su misión” previsto en el artículo 141 de la Constitución de 1999, al que me he referido en entregas anteriores y el cual señala que el sector público está al servicio de los ciudadanos. Esta vinculación se inspira en el discurso pronunciado por el Dr. Allan R. Brewer-Carías con ocasión del conferimiento del Doctorado Honoris Causa en Ciencias Jurídicas, que le otorgó la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana el 22 de julio del año en curso.

En su discurso el profesor Allan Brewer-Carías, haciendo referencia a la presente disfuncionalidad del Estado venezolano, señaló que sus Instituciones “(…) han dejado de estar al servicio del ciudadano”. Sobre el mismo punto agregó que, la falta de planificación de la organización de la Administración Pública actual, derivó en una expansión que dio origen a una “(…) inusitada situación de inflación administrativa, que la ha afectado y que la han hecho totalmente ineficiente e incapaz para poder actuar al servicio del ciudadano.”; insistiendo en que se han  “(…) convertido a los servicios administrativos en una maraña ineficiente y pervertida, en gran medida de carácter venal;” y  “(…) habiéndose convertido los servicios públicos en una pesadilla para los ciudadanos usuarios, con lo cual la Administración Pública, dejando de estar al servicio de los ciudadanos, pasó a estar en gran parte al servicio de la propia burocracia ineficiente.”.

Las actuales circunstancias del país son una muestra de lo anterior en temas como la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, extendiéndose a otros servicios públicos y, en definitiva, a toda función del Estado, como dejaron en evidencia los terremotos del 24 de junio del presente año y que ha sido reseñado nacional e internacionalmente.

En este punto conviene hacerse varias preguntas ¿pueden crearse las condiciones para que se cumpla la misión de la Administración Pública venezolana de estar al servicio de los ciudadanos? ¿cómo evitar que esté al servicio de sí misma? ¿cuáles son las evidencias en la acción de gobierno que revelen su servicio a la ciudadanía? Por supuesto que hay otras interrogantes, prioridades y también otras perspectivas de análisis para sus respuestas, pero quiero dejar constancia de la importancia de la conversación pública sobre estos aspectos medulares del funcionamiento de la Administración Pública.

La desesperación de los venezolanos por contar con una Administración Pública a su servicio, fundamentada “(…) en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”, del modo en el que lo establece la Constitución de 1999, debe promover y dirigirnos a la participación ciudadana mediante los diversos mecanismos constitucionales, legales y en definitiva, los sociales, incluyendo las Organizaciones de la Sociedad Civil, universidades, gremios, colegios profesionales, comunidades organizadas, entre otros, conscientes de todos los factores nacionales e internacionales que condicionan las decisiones en la recuperación y reconstrucción de la institucionalidad del país que, en lugar de desestimular, pueden ser una vía para visibilizar propuestas y acciones en beneficio de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados de una Administración Pública eficiente.

De manera que, crear las condiciones para una Administración Pública al servicio de todos los venezolanos es un reto que requiere involucrarse de diferentes maneras y enfoques, con distintos actores y rutas, etapas y cronogramas, en fin, con la disposición informada y articulada de la ciudadanía y la necesaria adaptación ante los giros de los acontecimientos. Por ello, la “distante” propuesta de la “Ciudad de libertad” que se propone está hoy en contradicción con el ordenamiento jurídico venezolano, sin un lugar visible en la agenda política y carente de toda participación ciudadana. Sin embargo, resulta conveniente tratarlo y evitar así mayor opacidad en las actuales circunstancias.

Finalmente, quiero felicitar al Maestro Dr. Allan R. Brewer-Carías por esta nueva distinción que se suma a muchos otros galardones por sus invaluables méritos, en particular a los Doctorados Honoris Causa recibidos por parte de la Universidad de Granada (España) en 1986, de la Universidad Católica del Táchira en 1992 y de la Universidad Carlos III de Madrid en 1996. Enhorabuena.

*Doctor. Profesor-Investigador UCAT.

Miembro directivo de CEDE y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública.