Opinión
La gestión social entre la soberanía alimentaria

Hogan Vega

La agroecología en América Latina tiene sus raíces en los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos de Mesoamérica, los Andes y el trópico húmedo, y se ha consolidado como ciencia, práctica y movimiento social frente a la agricultura industrial. De ahí que, la agroecología tenga sus etapas clave en las raíces ancestrales y tradicionales que se fundamentan en el uso de la agrobiodiversidad local, el manejo de suelos sin químicos y el conocimiento productivo de comunidades originarias.

Para que la biotecnología sirva a la agroecología, los recursos tecnológicos deben estar geográficamente cerca de donde se cultiva, con el objeto de consolidar una red descentralizada de laboratorios de suelos y bioinsumos a escala municipal o comunal. En lugar de depender de grandes complejos industriales lejanos, el Estado financia y equipa laboratorios locales operados de manera conjunta entre técnicos públicos, universidades regionales y organizaciones de productores. Estos espacios se dedican a: Analizar la fertilidad de los suelos locales desde un enfoque económico;  reproducir masivamente agentes de control biológico y biofertilizantes adaptados a las plagas y microclimas de la zona (por ejemplo, cepas locales de Trichoderma o bacterias fijadoras de nitrógeno).

El Estado tiene un enorme poder como comprador de alimentos y financiador del agro, el cual puede utilizar para reorientar los incentivos tecnológicos con una política pública concreta al condicionar los créditos agrícolas, los subsidios y las compras institucionales (para escuelas, hospitales y programas sociales) al uso de prácticas agroecológicas y biotecnología limpia. Es decir, con los fondos públicos de financiamiento agrícola no se entregan para la compra masiva de paquetes agroquímicos importados, sino para la adquisición de bioinsumos nacionales, semillas criollas mejoradas participativamente y herramientas de manejo sostenible; esto se logra canalizando en las instituciones públicas que compran directamente sus alimentos a las redes de productores locales que aplican estas tecnologías, garantizando un mercado seguro y rentable para la agricultura sostenible.

La política pública también debe actuar como un escudo protector frente a la mercantilización de la vida mediante la aprobación de leyes locales y nacionales de libertad de semillas y bioseguridad comunitaria al: Blindar jurídicamente el derecho de los agricultores a guardar, intercambiar, mejorar y sembrar sus propias semillas tradicionales, declarando los territorios libres de patentes sobre material genético nativo; establecer comités de vigilancia participativa donde las organizaciones campesinas e indígenas tengan voz y veto en la introducción de cualquier organismo modificado genéticamente (OGM) en sus regiones, aplicando estrictamente el principio de precaución ambiental.

La consolidación de sistemas de extensión agrícola basados en el diálogo de saberes, donde la política tecnológica fracasa si se impone de arriba hacia abajo (modelo vertical). Debe transformarse la forma en que el conocimiento llega al campo: Creación de escuelas de campo, programas de “campesino a campesino” institucionalizados y vinculación directa con centros de investigación públicos; los extensionistas agrícolas y técnicos del Estado ya no actúan como vendedores de paquetes tecnológicos corporativos, sino como facilitadores de un intercambio horizontal de conocimientos; y se reconoce formalmente la figura del “maestro campesino”, integrando los saberes tradicionales sobre manejo de suelos, rotación y fases lunares con las validaciones científicas de los laboratorios públicos, co-creando tecnologías adaptadas al territorio.

Llevar esto a la práctica significa que una política pública agrícola soberana actúa como un puente, donde se realza el rigor científico de la biotecnología (análisis de suelos, control microbiano, mejoramiento adaptativo) y lo pone bajo gobernanza democrática y comunitaria, garantizando que la soberanía tecnológica sea la base de la soberanía alimentaria. Por consiguiente, los estudios sociales sobre la soberanía alimentaria ofrecen una visión integral, entrelazando dimensiones estructurales de gran relevancia: el enfoque comunitario y de derechos (social), la gestión técnica e institucional de insumos y suelos (económico/político), y la transición hacia modelos tecnológicos sostenibles (tecnológico/industrial/cultural).

El planteamiento social de la soberanía alimentaria trasciende la mera disponibilidad de calorías (seguridad alimentaria tradicional) para poner el foco en quién produce, cómo se produce y bajo qué relaciones de poder. El énfasis en el acceso a recursos (tierra, agua, semillas) con perspectiva de género y derechos, sumado al impulso de la producción agroecológica local y familiar. Sitúa a las comunidades campesinas e indígenas no como beneficiarias pasivas, sino como sujetos políticos con derecho a incidir en las políticas públicas; se menciona que los alimentos deben ser producidos localmente aplicando “biotecnología”. Esto genera un debate interesante dentro de los estudios sociales: por un lado, y la biotecnología moderna (como semillas transgénicas patentadas por corporaciones) suele ser resistida por los movimientos sociales debido a la dependencia económica que genera; por otro lado, se abre espacio para una biotecnología campesina (como la selección participativa de semillas y bioinsumos locales) que sea coherente con la agroecología.

Al mismo tiempo, la planificación y soberanía de insumos traslada la teoría soberana al plano operativo, regulatorio y de gestión edáfica (suelos), con un fuerte acento en el contexto agrícola nacional y el rol del Estado (haciendo alusión implícita a dinámicas de soberanía productiva como las observadas en el contexto venezolano cuando funcionaba  Agropatria, Pequiven como productora y los laboratorios de suelos). Mientras que, todos los productores se veían obligados a realizar un análisis de suelos previos a la fertilización, articulación institucional con la industria petroquímica (Pequiven) para priorizar compuestos simples sobre fórmulas complejas, impulso de biofertilizantes y programas permanentes de formación.

En otras palabras, se mantenía una racionalización de recursos, al obligar a un diagnóstico técnico del suelo antes de entregar agroinsumos frenando la sobrefertilización, reduce costos económicos al Estado/productor y mitiga la degradación ambiental (salinización y contaminación de fuentes hídricas); con la transición institucional, se establece el reto principal de este componente que radica en la capacidad operativa y la descentralización. Si las instituciones centralizadas (como las tiendas de distribución de insumos) imponen requisitos técnicos sin que los productores tengan acceso real u oportuno a los laboratorios de suelo y a la formación, se corre el riesgo de generar cuellos de botella burocráticos que afecten el ciclo de siembra.

Algo semejante ocurre con, la anticontaminación y adecuación socioecológica, desde el punto de vista tecnológico, un dilema crucial frente al modelo agroindustrial dominante al elegir entre remediar el daño (descontaminación reactiva) o prevenirlo (tecnologías limpias proactivas). La adopción de tecnologías limpias abarca desde prácticas sencillas (compostaje de residuos) hasta desarrollos complejos (biotecnología aplicada a la tolerancia de plagas), respaldadas por ventajas económicas y de rendimiento: Con la promoción de la prevención vs. corrección, dando el salto conceptual hacia la anticontaminación, fundamental, ya que los costos ecológicos y financieros de limpiar la contaminación agrícola (por ejemplo, la eutrofización de aguas por exceso de nitratos) superan por mucho la prevención mediante abonos orgánicos o control biológico; la tecnología por sí sola no garantiza la sostenibilidad. Una tecnología limpia, por muy sofisticada que sea (como la ingeniería genética o biofertilizantes de alta tecnología), fracasará si se implanta de forma vertical sin sintonizar con la cultura, la economía local y las particularidades ecológicas del agroecosistema específico.

El análisis demuestra que la soberanía alimentaria no es un regreso a formas de producción primitivas, sino una modernización ecológica y democrática de la agricultura. Exige conjugar tres elementos que frecuentemente entran en fricción: primero, la legitimidad social y cultural (saberes locales y participación comunitaria), en segundo lugar, el rigor técnico y científico (análisis de suelos, gestión de bioinsumos y tecnologías limpias), y por último, la arquitectura institucional y económica (regulación de mercados, soberanía en la producción de insumos y políticas públicas coherentes). Miguel Altieri decía: “Estamos muy en deuda con las numerosas campesinas y campesinos que en Latinoamérica y en otras partes del mundo cuidan de la tierra con sabiduría y destreza y que, mediante su ejemplo, nos muestran cómo la agroecología es la senda que conduce hacia sistemas diversos, productivos y resilientes.”