Opinión
La participación ciudadana: Eventos y estudios

Mauricio R. Pernía-Reyes *

En el artículo de la semana pasada presenté una introducción a la categoría política de la participación ciudadana y cinco factores que paralizan y dificultan su ejercicio y que, por tanto, minimizan sus efectos y desincentivan su promoción hasta el punto de ignorarla e incluso, considerarla innecesaria en la toma de decisiones públicas. En este artículo mencionaré tres eventos que pueden servir para la valoración de esta categoría y un comentario sobre estudios de aporte teórico de gestión pública.

La participación ciudadana es un instrumento básico de la forma de gobierno, de la gobernanza, en concreto. Es inherente a la democracia y contiene tanto la forma representativa como la directa, así como todos los mecanismos diseñados desde el Estado y los que libremente implementen los ciudadanos de acuerdo a sus contextos y necesidades. De manera que elegir a nuestros representantes parlamentarios, sean locales, estadales o nacionales, así como los del Poder Ejecutivo en los mismos tres niveles de gobierno, es tan ejercicio de la participación ciudadana como el que se ejerce en una comunidad para asegurarse una ordenada forma de recolección de desechos y residuos sólidos, la reparación de una vía o el reclamo por la omisión en la prestación de un servicio público, incluyendo sus tarifas, como lo señala el Dr. Carlos Casanova en su artículo del 29 de agosto “Entre Washington y la mesa de negociación, ¿quién representa el bolsillo del ciudadano?” en Diario La Nación (https://lanacionweb.com/opinion/entre-washington-y-la-mesa-de-negociacion-quien-representa-el-bolsillo-del-ciudadano/).

Pero todavía más. La participación ciudadana se puede fundamentar en tres pilares, a saber: La confianza pública, los mecanismos de implementación y la formación para la participación. En efecto, señalaba la semana pasada que la desconfianza institucional se origina en la percepción de que los mecanismos participativos son una simulación y de que la corrupción anula las decisiones ciudadanas generando apatía o abstencionismo y, por otra parte, que el diseño institucional deficiente se evidencia en mecanismos excesivamente burocráticos no vinculantes. Pues nada mejor que apuntar en el diseño de las políticas públicas hacia el incremento de la confianza ciudadana y en que los mecanismos de implementación para asegurarla sean efectivos y vinculantes.

Sobre la formación para la participación, puede señalarse que corresponde al trabajo de gobernanza que desde los factores institucionales y sociales se proponen para que los ciudadanos sepamos de la existencia de mecanismos de participación, sus reglas y qué se puede esperar de ello. Es decir, donde órganos y entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios, las academias y colegios profesionales se articulan para que la participación ciudadana sea parte del capital intelectual de los ciudadanos y se traduzca en una forma de expresión natural de sus necesidades y propuestas en el espacio público.

Dicho lo anterior, Venezuela se halla en una prolongada situación de alta complejidad en la que cada intento de definirla suele quedar por detrás de la magnitud del problema. Sin el soporte democrático, la participación ciudadana, de hacerse, es un ejercicio incompleto; y en muchos casos, una simulación. Con todo, recientemente dos eventos pueden sumarse al análisis en esta materia. El primero de ellos fue la “Consulta sobre la reinstitucionalización del Poder Judicial” realizada en el Colegio de Abogados del Estado Táchira el 20 de agosto pasado, promovida por el Bloque Parlamentario del Táchira de la Asamblea Nacional 2015. El segundo fue la “Primera Asamblea Extraordinaria de Abogados de Venezuela” promovida por el Bloque Constitucional de Venezuela, la Federación Nacional de Colegios de Abogados de Venezuela y representantes de la delegación opositora en el proceso de negociación 2026, celebrada y transmitida en línea el 28 de agosto. El primero de los eventos se trató de una presentación y consulta al gremio de abogados en la región en el que se aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario denominado “Ideas ciudadanas sobre la Renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la Reforma del Sistema de Justicia” y cuyos resultados ya procesados serán presentados a los integrantes de la delegación opositora del mencionado proceso. Puede verse aquí:    https://lanacionweb.com/politica/karim-vera-venezuela-necesita-un-nuevo-sistema-de-justicia/. El segundo trató de un espacio mediado por las organizaciones convocantes, para que quienes participan directamente en la mesa de negociación, puedan informar sobre lo avanzado hasta la fecha en cuanto a la reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano y los ciudadanos sepan los mecanismos de participación implicados en ello. Puede verse todo el evento, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=wX7_tqoQTlg&t=3694s.

Lo anterior contrasta con las noticias en materia energética, lo que sería el tercer evento por comentar. En efecto, el presidente Donald Trump en una publicación en su cuenta de Truth Social, el pasado viernes 28 de agosto de 2026 señaló que “¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, que asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”, y agrega que “La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”. Puede verse en: https://www.swissinfo.ch/spa/trump-anuncia-acuerdo-petrolero-con-venezuela-que-dice-que-duplicar%C3%A1-las-reservas-de-eeuu/91972770. Lo anterior es ratificado por la ministra de hidrocarburos de Venezuela como puede verse en: https://www.facebook.com/teleSUR/videos/-la-ministra-para-hidrocarburos-de-venezuela-paula-henao-inform%C3%B3-en-entrevista-t/1993520171367193/ y por un comunicado en Telegram desde Miraflores.

Ahora bien, mientras que los dos eventos arriba comentados sobre la reinstitucionalización del sistema de justicia nacional han contado con mecanismos de participación ciudadana; del acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.  UU. solo se conoce por la red social del mandatario estadounidense y las notas de Venezolana de Televisión en el que la ministra de petróleo señala lo que Tump había publicado y la nota en la red social Telegram. Nada más.

Esta asimetría en la información pública debe ser enfrentada con más participación ciudadana. Al respecto, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Dr. Ángel Oropeza, señaló en su artículo “Aportes de psicología política para la transición” publicado en El Nacional del 28 de agosto, que “Sin instancias de encuentro y diálogo ciudadanos, seguimiento de acuerdos y educación cívica desde abajo, cualquier diseño político transicional corre el riesgo de quedarse en una simple rotación de élites o en una transición fallida, porque las organizaciones de la sociedad civil son al final el tejido conectivo entre las aspiraciones populares y las instancias de decisión política, y son el actor que otorga al final tanto la legitimidad como la viabilidad práctica a cualquier propuesta de transición política.” Puede leerse en: https://www.elnacional.com/columnas/2026/08/aportes-de-psicologia-politica-para-la-transicion/

Finalmente, en estudios sobre la participación ciudadana se ha destacado la importancia de la formación para participar, lo que el Dr. Oropeza señaló como “educación cívica desde abajo”. La génesis de la legitimidad ocurre cuando el ciudadano cobra conciencia de su derecho a la participación y del deber del Estado de promoverlo e integrarlo a la gestión pública. En mis investigaciones en campo he recogido que la certeza e iniciativa de los ciudadanos crece cuando accede a mayor información pública y conoce sobre los mecanismos apropiados para canalizar su participación y que esta sea parte de las decisiones públicas. En el diseño de cada política pública debe establecerse una etapa de formación ciudadana como un elemento de la misma política.

En definitiva, la vinculación de los ciudadanos con la gestión pública puede ser espontánea, pero es más efectiva si se procura la formación previa y paralela para canalizar la iniciativa social, acompañada por el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y demás actores sociales. Los eventos señalados sobre la información del proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, se insiste, constituyen mecanismos de participación ciudadana; en contraste, en el acuerdo petrolero aún reina la opacidad.

La formación para la participación ciudadana es una tarea indeclinable que hemos de acometer desde nuestras posiciones y evitar la parálisis e incredulidad social.

*Doctor. Profesor-Investigador UCAT.

Miembro directivo de CEDE y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública