Opinión
La transición en Venezuela va más allá de la política

Pedro Morales

Cualquier diseño sobre el futuro inmediato de Venezuela exige una mirada integral que supere las visiones reduccionistas. En la discusión contemporánea sobre la gobernabilidad y el cambio político suele plantearse un esquema de transición estructurado en tres fases secuenciales e interdependientes: en primer lugar, una fase de estabilización, enfocada en el control institucional inicial, la pacificación y la contención de los riesgos de seguridad para garantizar una gobernabilidad provisional; en segundo lugar, una fase de recuperación económica, destinada a reactivar el aparato productivo, atraer la inversión extranjera estratégica y reconstruir la infraestructura básica nacional; y, en tercer lugar, una fase de transición democrática, orientada al restablecimiento pleno del Estado de derecho mediante pactos de gobernabilidad, la renovación transparente de los poderes públicos y la refundación del Consejo Nacional Electoral y el Poder Judicial.

Sin embargo, para que un proceso de esta magnitud sea viable y sostenible en el tiempo, resulta peligroso suponer que la estabilidad se logra únicamente con acuerdos políticos en la cúspide o con la restitución de ladrillos y asfaltos. Existe una omisión estructural tanto en la ortodoxia macroeconómica como en la narrativa política tradicional: la tendencia a invisibilizar el estado de devastación del tejido humano.

La doble dimensión de la crisis: La infraestructura frente al cataclismo social

Los diagnósticos cuantitativos más recientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), elaborados bajo metodologías de evaluación rápida de daños, permiten dimensionar los requerimientos financieros de la reconstrucción física:

• Atención inmediata de daños materiales directos: Se estima una inversión inicial que oscila entre los 19.500 millones y los 37.000 millones de dólares para la sustitución de activos y la mitigación de impactos críticos en vivienda y servicios básicos.
• Reconstrucción sostenible bajo estándares modernos: Un plan integral que aplique el principio de Build Back Better (construir mejor), incorporando reforzamiento antisísmico, saneamiento ambiental y actualización tecnológica, requeriría una cifra que alcanza los 50.000 millones de dólares.

Ahora bien, aunque estas cifras representan una hoja de ruta técnica indispensable para el capital físico, revelan al mismo tiempo una limitación epistemológica severa: las herramientas econométricas convencionales están diseñadas para medir activos tangibles, pero carecen de métricas para evaluar la degradación biológica, el costo psicosocial de la diáspora de más de ocho millones de ciudadanos, o el exceso de mortalidad evitable causado por más de dos décadas de estrangulamiento socioeconómico.

A pesar de que los eventos telúricos recientes han desnudado con violencia la fragilidad de las obras públicas en el país, la verdadera tragedia nacional no proviene de un desastre natural sobrevenido. El terremoto solo expuso las consecuencias de un cataclismo socioeconómico acumulado y preexistente.

Mientras la ortodoxia cuantifica el daño en el cemento, la aplicación de enfoques como el método de valoración contingente revela una deuda social con el tejido humano que supera con creces cualquier presupuesto de reconstrucción material. Con salarios mínimos y pensiones congeladas frente a una economía de facto dolarizada, se ha generado una indigencia crítica que golpea con mayor fuerza en ambos extremos de la vida: en los adultos mayores y jubilados, despojados de toda protección, y en la infancia en pleno desarrollo, cuyo crecimiento físico, cognitivo y emocional queda severamente comprometido por la imposibilidad de cubrir la nutrición elemental.

El equívoco internacional radica en pretender medir a Venezuela con los raseros de una economía convencional, ignorando que más de dos décadas de cataclismo socioeconómico distorsionaron de forma severa los precios internos, la competitividad y las cadenas de suministro.

Mientras en otros países las métricas se limitan a canastas estandarizadas, la realidad venezolana registra costos en divisas donde productos esenciales como la leche, el queso y las proteínas resultan prohibitivos, y donde la preservación de la salud —atención médica, odontología, tratamientos crónicos, diálisis, medicinas permanentes, etc.— representa una carga inalcanzable. Intentar cubrir la norma biológica de 2.100 kilocalorías diarias junto a la atención médica básica para un solo individuo exige un costo en dólares que desborda por completo la realidad salarial, donde un trabajador o un jubilado no alcanza a cubrir ni una fracción marginal de sus necesidades primarias.

Es crucial subrayar que la nutrición y la salud representan tan solo dos dimensiones de un entramado mucho más amplio. El mandato del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va más allá de la básica supervivencia biológica: concibe el salario mínimo vital como una garantía integral que abarca la vivienda, la educación, el vestido, los servicios y la previsión social, es decir, todos los componentes indispensables para asegurar una existencia digna y tutelar el sagrado derecho a la vida.

Lo que el análisis internacional ignora es que el ingreso actual en bolívares no solo incumple la norma nutricional, sino que liquida la totalidad de este marco protector de la persona humana, convalidando una devaluación biológica y social que provoca un exceso de mortalidad evitable, destruye la fuerza laboral y amputa el futuro de la nación.

La falacia del ingreso estancado y la ruptura macroeconómica

Si bien durante años se ha pretendido sostener la economía mediante el congelamiento del ingreso real y esquemas de bonificación sin carácter salarial, recientemente se ha pretendido justificar esta política bajo la narrativa del denominado “salario responsable”. Desde la perspectiva de la ingeniería de la economía humana, esta premisa —concebida supuestamente como un mecanismo de disciplina fiscal e inflación reprimida— ha demostrado ser teóricamente fallida y socialmente devastadora. Sostener el ingreso nominal de la fuerza laboral en niveles situados por debajo de los umbrales internacionales de indigencia crítica no logró contener la devaluación ni estabilizar la economía; por el contrario, destruyó el mercado interno al anular la demanda efectiva y liquidó el valor constitucional de las prestaciones sociales, la bonificación vacacional, el bono de fin de año y la jubilación.

En un esquema de transición real, la restitución del poder adquisitivo del trabajador no debe ser concebida como un costo desestabilizador ni como un acto de benevolencia fiscal, sino como la variable prioritaria e indispensable para detener la pulverización de la fuerza laboral y reactivar el aparato productivo.

Para instrumentar esta recuperación sobre bases técnicas y sustentables, la propuesta radica en dar cumplimiento efectivo a la norma constitucional, implementando una estructura salarial indexada que vincule el salario mínimo vital al costo real de la canasta básica mediante un índice del poder adquisitivo pertinente. Bajo un modelo de esta naturaleza, el ajuste del ingreso no se rige por la improvisación ni por concesiones políticas, sino por la restauración científica de la capacidad de consumo requerida para dinamizar el comercio y garantizar la salud, la nutrición y la vida del ciudadano.

El Plan Integral de Reconstrucción Universitaria como motor técnico de la nación

Así como el rescate de la familia trabajadora es el pilar del consumo, el rescate del conocimiento es el motor del desarrollo. Ningún plan de reconstrucción sectorial —sea en materia de energía, infraestructura, salud o gobernabilidad— podrá sostenerse si se prescinde de la institución matriz encargada de formar el capital humano calificado y generar la innovación tecnológica que el país demanda.

El sistema educativo venezolano en todas sus etapas ha sufrido un desmantelamiento alarmante. Sin embargo, la universidad venezolana, sometida a un severo desfinanciamiento, a la migración forzada de sus talentos y a la depreciación salarial de sus profesores, personal administrativo y obreros, requiere un abordaje urgente y prioritario.

Se plantea formalmente la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción Universitaria (PIRU) como un eje estructurante dentro de los fondos de asistencia e inversión internacional:

1. Inversión en infraestructura y tecnología: La conformación de un fondo inicial estimado en más de 2.000 millones de dólares destinado a la recuperación de laboratorios, planta física y plataformas tecnológicas de las universidades públicas.
2. El trípode de desarrollo: La articulación operativa entre el sector público, la empresa privada y el sistema universitario, transformando a las casas de estudio en centros activos de consulta y solución técnica para los problemas energéticos, ambientales y de servicios del país.
3. Dignificación de la comunidad académica: La restauración de condiciones de vida y trabajo acordes con la altísima responsabilidad de formar a las futuras generaciones, garantizando salarios dignos indexados para el personal y providencias estudiantiles reales que frenen el éxodo juvenil.

Síntesis axiológica: El sujeto humano en el centro de la ecuación

La transición política y la reconstrucción económica no pueden ser un simple ejercicio de aritmética bancaria o de redistribución del poder político. Si la inyección de capital financiero y la firma de acuerdos de gobernabilidad no están acompañadas de una profunda elevación axiológica —fundada en la transparencia, la justicia, la restitución de la dignidad y la sanación del tejido social—, los recursos materiales resultarán insuficientes para asegurar una estabilidad duradera.

Frente a esta responsabilidad histórica de reconstruir la nación, y respaldado en cerca de cuatro décadas de docencia, investigación y extensión universitaria en el área socioeconómica, pongo a disposición de los despachos institucionales, de las misiones diplomáticas y de los equipos de asesores involucrados en el plan de transición, los modelos cuantitativos, las simulaciones de viabilidad paramétrica y los sistemas de información que sustentan esta propuesta.

Ratifico mi absoluta disposición para colaborar activamente en mesas de trabajo técnico, presentar la fundamentación cuantitativa, cualitativa y epistemológica del modelo salarial —sustentada en los pilares de la Ingeniería de la economía humana (2026), el modelo teórico de desarrollo integral desde la perspectiva axiológica y espiritual (2025), y la perspectiva económica contemporánea (2019)— y aportar soluciones concretas que aseguren el bienestar del pueblo venezolano.

Venezuela no se levantará únicamente cuando sus carreteras estén asfaltadas o sus torres petroleras reactivadas; se levantará, fundamentalmente, cuando el trabajo vuelva a significar prosperidad, cuando la universidad vuelva a ser el faro del desarrollo nacional y cuando el ser humano sea ubicado en el centro exacto de toda política de Estado. Frente a la magnitud del desafío moral y humano que enfrentamos como nación, nos sostiene la certeza y la fe profunda de que, por encima de cualquier adversidad, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María triunfará.

Economista ULA. Profesor Titular ULA – UNET.
“Salve María Auxiliadora, economía de la salvación y de la felicidad verdadera”

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