Opinión
Las paradojas del terremoto

Antonio Sánchez Alarcón

Los terremotos de junio no solo fracturaron carreteras, edificios y montañas. También resquebrajaron un relato político que parecía inmune a cualquier sacudida. La naturaleza hizo en segundos lo que años de discursos, sanciones y elecciones no habían conseguido: Obligó a todos los actores a enfrentarse con la materialidad del país. Porque un sismo no distingue entre oficialistas y opositores; distingue entre puentes que resisten y puentes que colapsan.

Existe una primera paradoja. Todo desastre destruye riqueza, pero también desencadena una formidable movilización de recursos. De pronto aparecen fondos extraordinarios, créditos internacionales, donaciones, contratistas y planes de reconstrucción. El producto interno puede incluso mostrar un repunte. La estadística sonríe mientras los damnificados siguen durmiendo bajo lonas. Es el viejo espejismo de confundir el movimiento económico con la creación de riqueza. Reconstruir una escuela derrumbada no hace al país más rico; apenas intenta devolverle lo que ya tenía.

Venezuela conoce bien ese engaño. Durante décadas se confundió el gasto con el desarrollo, la distribución con la producción y la propaganda con la capacidad efectiva del Estado. Ahora el riesgo es repetir la ilusión bajo una nueva etiqueta: presentar la reconstrucción como el inicio de una recuperación nacional, cuando en realidad solo intenta reparar una pérdida sobre otra pérdida.

Pero existe una segunda paradoja, más política que económica. Los grandes desastres suelen fortalecer al poder constituido, incluso cuando ese mismo poder era cuestionado antes de la tragedia. La urgencia desplaza la confrontación. La población exige coordinación, orden y capacidad logística, no debates ideológicos. El Estado recupera centralidad porque, al final, solo él dispone —o debería disponer— de los instrumentos para organizar la respuesta.

Paradójicamente, una administración debilitada puede encontrar en la emergencia una oportunidad para reconstruir autoridad, mientras una oposición acostumbrada al discurso de denuncia descubre que la crítica permanente tiene escasa utilidad cuando la prioridad inmediata consiste en abrir carreteras, restablecer el agua potable o levantar hospitales de campaña.

Sin embargo, esta oportunidad también contiene su propia trampa. Si la emergencia termina convertida en otro mecanismo de control político, de asignación discrecional de recursos o de propaganda, el fortalecimiento inicial se transforma en una aceleración del desgaste. La naturaleza concede una tregua a las disputas; no absuelve la incompetencia.

Los terremotos de junio han recordado una verdad incómoda. La realidad siempre termina imponiendo sus condiciones sobre las ficciones políticas. Los edificios no permanecen en pie por decreto, las carreteras no se sostienen con consignas y las instituciones no adquieren eficacia mediante cadenas televisivas.

Tal vez esa sea la lección más severa del desastre. Las sociedades no se miden cuando inauguran obras, sino cuando deben reconstruirlas. Es entonces cuando queda al descubierto si existía un país debajo del discurso o apenas un discurso ocupando el lugar del país.