Política
Alvarado defendió legalidad de la nueva directiva de COPEI

Alvarado respalda Zona Económica Especial para el Táchira y plantea soluciones a la crisis eléctrica desde el Parlamento

En una entrevista concedida al programa Contraste, de La Nación Radio, el secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, ejerció su derecho a réplica para aclarar la situación legal e institucional de la tolda verde, tras las recientes declaraciones del dirigente Miguel Salazar.

Durante la conversación, Alvarado enfatizó que todas las decisiones tomadas por la organización política, en especial la Convención Nacional Extraordinaria realizada el pasado 23 de mayo, se ejecutaron en estricto apego a los estatutos internos del partido y las leyes de la República.

Alvarado explicó detalladamente el procedimiento que llevó a la designación de una nueva directiva nacional, desestimando los señalamientos de irregularidad.

“El Comité Nacional contaba inicialmente con cuatro vacantes. Los estatutos de COPEI, específicamente el artículo 19, numeral 5, estipulan que la inasistencia injustificada a tres reuniones consecutivas ordinarias o extraordinarias activa los mecanismos de sustitución automática en un lapso de 10 días. Al registrarse esta situación con el dirigente Miguel Salazar, las vacantes dentro de la instancia partidista ascendieron al 30 % del organismo”.

Detalló que, ante este escenario, el resto de los miembros del Comité Nacional tomó la decisión de presentar una renuncia colectiva con el fin de dejar la vacante general y permitir que la Convención Nacional, como máximo órgano de la tolda, procediera a la reestructuración y diseño de una propuesta de reorganización.

En este proceso, se designó al doctor Antonio Sotillo Luna, diputado electo a la Asamblea Nacional, como nuevo presidente de la organización política.

“El Poder Electoral, quien es el rector de las organizaciones con fines políticos, fue notificado de absolutamente cada uno de los pasos que iba a realizar nuestra organización política, detalladamente, paso por paso”, afirmó Alvarado, al tiempo que exhibió las cartas de renuncia colectiva y las actas foliadas, selladas y recibidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que contienen las firmas y huellas dactilares de los delegados participantes.

El dirigente parlamentario rechazó categóricamente las declaraciones que catalogan a COPEI como un “partido satélite” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Señaló que la organización se mantiene en la acera de la oposición constructiva y con propuestas concretas para el país, tales como los proyectos de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la revisión del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Al ser consultado sobre el distanciamiento con Salazar, Alvarado atribuyó la ruptura a diferencias de criterio en el ejercicio de la política, defendiendo su participación en encuentros institucionales de unión nacional.

Asimismo, desmintió haber manipulado las plataformas digitales del expresidente del partido, indicando que para la fecha de las denuncias se encontraba fuera del país cumpliendo funciones como observador internacional en Colombia.

Respecto a la política de amnistía anunciada por el partido, aclaró que la propuesta original provino de la doctora Lesbia Herrera (secretaria general de Cojedes) en el mes de marzo, y busca levantar sanciones internas vigentes desde 2019 para promover el reencuentro de la militancia.

En su rol de vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Alvarado abordó temas de interés para el estado Táchira, enfocados principalmente en la economía fronteriza y la crisis de los servicios públicos.

“Acompañamos a la propuesta binacional de Zona Económica Especial presentada por la Gobernación del Táchira y sectores productivos (Fedecámaras y gremios ganaderos) para reactivar el intercambio comercial con Colombia”.

Ante las denuncias por los prolongados cortes de luz en la entidad, el diputado planteó la necesidad de evaluar planes de contingencia viables en el marco de la nueva Ley de Energía Eléctrica, incluyendo la consideración comercial de comprar bloques de energía al país vecino para mitigar el déficit en los estados fronterizos, lo cual requeriría una consulta previa con los productores de la zona.

Al finalizar el espacio, Alvarado ofreció disculpas a la militancia por las diatribas públicas e instó a los partidos políticos a avanzar hacia procesos de relegitimación de nóminas, “la ciudadanía espera de las organizaciones soluciones reales antes que conflictos internos”. // Maryory Bustamante