Política
“El acuerdo petrolero exige total claridad para generar confianza”

“Evidentemente necesitamos claridad y necesitamos el pueblo venezolano pues tiene que conocer las condiciones económicas de este acuerdo petrolero que compromete parte de los recursos naturales de la soberanía nacional durante un lapso de tiempo durante 25 años”, expresó el especialista en derecho internacional y gestión consular, Hugo Quintero, en La Nación Radio, en el marco de las implicaciones del reciente convenio energético suscrito entre la administración interina venezolana y el gobierno de los Estados Unidos.

El acuerdo petrolero anunciado a través de medios oficiales, el cual contempla una vigencia de 25 años y busca elevar la producción conjunta hacia los 1.5 millones de barriles diarios con la participación de empresas extranjeras. La medida ha generado posturas encontradas entre gremios de economistas, analistas políticos y la ciudadanía.

Al respecto, Hugo Quintero enfatizó que “mientras haya claridad, mientras haya conocimiento pleno de las condiciones económicas, políticas y sociales que conlleva este acuerdo petrolero, se podrá seguir adelante y podrá generar confianza en la población”.

El especialista advirtió que la falta de detalles técnicos específicos alimenta la incertidumbre, recordando que los pronunciamientos públicos de alto perfil deben traducirse en normativas transparentes que garanticen el beneficio real para las arcas del Estado y el bienestar social de los venezolanos.

Otro de los temas de profunda repercusión regional abordados durante el espacio radial fue el impacto de las recientes decisiones en materia migratoria adoptadas por el ejecutivo colombiano bajo la administración presidida por Abelardo de la Espriella.

Las imágenes de operativos de control y traslado de ciudadanos extranjeros han reavivado el debate sobre la estabilidad de la población flotante y la seguridad en los pasos fronterizos que conectan al estado Táchira con el departamento Norte de Santander.

Ante la preocupación de sectores ciudadanos y los mensajes recibidos por la audiencia, Quintero aclaró que las normativas de regularización en territorio colombiano no constituyen una medida focalizada de carácter xenófobo contra la nacionalidad venezolana, sino un marco aplicable a todas las poblaciones migrantes. “El ser venezolano no es causal de deportación”, puntualizó, al tiempo que recordó que una proporción mayoritaria de los connacionales en el vecino país mantiene su estatus regularizado gracias a los mecanismos institucionales vigentes.

Asimismo, el experto jurídico subrayó que los procesos de expulsión y deportación deben ajustarse estrictamente a la individualización de cada caso, diferenciando entre aquellos ciudadanos que mantienen su arraigo bajo las normativas legales y aquellos individuos involucrados en actividades al margen de la ley.

“Las deportaciones masivas son totalmente atentas contra los derechos humanos y no deberían ser”, acotó, recalcando que la prioridad de las autoridades de ambos países debe ser el desmantelamiento de las redes de criminalidad transfronteriza y la restitución plena de la seguridad ciudadana. // Maryory Bustamante