La crisis institucional en Venezuela abrió un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia decidió que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y retirar la inmunidad de los parlamentarios.
Tanto las decisiones del TSJ, como las acciones gubernamentales derivadas de ella (incluida la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación) evidencian una pretensión sistemática y recurrente para anular las competencias de un Parlamento Nacional, cuyos diputados fueron escogidos por los venezolanos en elecciones libres y democráticas.
Miles de venezolanos han manifestado su rechazo por las redes sociales por el supuesto “desacato” de la AN para despojar al Poder Legislativo de las facultades y atribuciones que le asigna la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y dejar al estado Amazonas sin representación en el parlamento, desde diciembre 2015.
Con estas acciones queda en evidencia el rompimiento del hilo constitucional en Venezuela, y la violación al derecho que tuvo cada venezolano al ir a elecciones y escoger a los diputados por cada estado del país tal como lo contempla la constitución de la República del país.
Andrea Cortés