Regional
Piden derogar autorización de cobrar el pasaje en pesos

Freddy Omar Durán

Un llamado urgente hacen Gerardo Chacón y Jorge Valero a que se derogue la autorización dada a los transportistas de la región para cobrar pasaje en pesos, ya que crea una dualidad tarifaria que al final terminan pagando aquellas personas con ingresos en moneda nacional, quienes a su vez sufren más el impacto de la economía.

Señaló Chacón que fue el anterior alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, en un intento de equiparar el valor del pasaje en la ciudad de Cúcuta al de San Cristóbal. Por lo tanto, considera que la pesificación del pasaje es una decisión que está en manos de la municipalidad:

“El análisis jurídico de la dualidad tarifaria en el transporte público del estado Táchira, revela una severa transgresión al ordenamiento constitucional y normativo que rige la competencia sobre precios y moneda de legal circulación en Venezuela”.

–La coexistencia de un titular oficial fijando la tarifa en 230 bolívares junto a un esquema alternativo de los transportistas que impone la exacción de 2 mil pesos colombianos —equivalentes a 500 bolívares— evidencia la persistencia ilegítima de una habilitación fáctica que carece de sustento jurídico actual– agregó.

Denunció Chacón además que en los panfletos que se colocan en las busetas para informar de la decisión tomada a motu proprio por los transportistas se está incluyendo el escudo del estado Táchira, lo que representa un uso penado por la ley de los símbolos oficiales:

“La inacción de las autoridades municipales respecto a la revocación formal de aquellos acuerdos pretéritos —dictados bajo circunstancias fácticas extintas de escasez de efectivo— configura una inobservancia del artículo 178 ordinal 2 de la Carta Magna en consonancia con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Al amparar tácitamente una tarifa paralela que duplica la cuantía autorizada en la publicación oficial del diario de circulación regional, los gobiernos locales incurren en una omisión administrativa antijurídica que desprotege al usuario del servicio público de transporte”.

Más allá de las circunstancias operativas del transporte público y la realidad económica del sector transporte, Chacón mostró su preocupación por la violación a la Carta Magna que conlleva un aumento sin autorización oficial:

“Bajo la óptica del Derecho penal y económico venezolano, la imposición unilateral de una tarifa mediante la conversión arbitraria a divisas extranjeras configura conductas delictivas severamente tipificadas en el marco normativo de defensa de los derechos socioeconómicos. La acción de exigir un pago sensiblemente superior al publicado oficialmente encuadra dentro de los supuestos de especulación, alteración de precios y cobro indebido, atentando directamente contra el patrimonio de los usuarios urbanos”.

Es de preocupar que el trabajador sea quien tenga que incluso invertir gran parte de su sueldo solo en transporte, y que no sea medido desde la globalidad infortunada de la economía venezolana.

“La magnitud de este fenómeno no solo fractura la seguridad jurídica del municipio, sino que erosiona materialmente la capacidad adquisitiva de la ciudadanía tachirense mediante un despojo sistemático de sus ingresos diarios. La asimilación de esta práctica a una agresión directa contra la estabilidad económica individual halla sustento en el principio de proporcionalidad, por cuanto la tarifa impuesta excede todo criterio de razonabilidad técnica y contable”.

Para Chacón, sería lógico que la población afectada con el aumento del pasaje se organice para activar mecanismos legales para revertir el pasaje e incluso iniciar acciones contra quienes desde los puestos administrativos pequen por omisión:

“Ante la gravedad del marco expuesto, resulta indispensable activar mecanismos jurídicos concretos mediante la interposición inmediata de un recurso de amparo constitucional de naturaleza colectiva e difusa ante los tribunales de lo contencioso-administrativo contra la omisión de los alcaldes de la zona metropolitana, exigiendo la ratificación de la tarifa oficial y el cese del cobro en pesos”.