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Sucesos
Detienen a 4 civiles y un coronel de la GNB por el presunto delito de tráfico de personas
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Cuatro civiles y un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección de Inteligencia y Planificación Militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en Caracas, fueron detenidos en el Punto de Atención al Ciudadano –PAC- de El Cucharo, municipio Torbes, por funcionarios de la PNB-Táchira, señalados del presunto delito de tráfico de personas.
Las minutas sobre el procedimiento indican que, el martes en la noche, tres autobuses procedentes de la frontera tachirense fueron detenidos en el mencionado punto de control a fin de someterlos a una inspección, el chequeo de los pasajeros y el motivo por el cual, pese a ser esta una semana radical, estaban transitando a esa hora.
Resultó que en los tres autobuses viajaban 80 venezolanos que apenas acababan de regresar al país, los cuales llegaron por las trochas y a los que no les hicieron las pruebas rápidas para descartar el covid-19.
Se trataba de 35 hombres, 33 mujeres y 12 menores de edad, quienes tenían como destino las ciudades de Valencia y Caracas. Por el viaje, según los mismos pasajeros, debieron cancelar entre 70 y 80 dólares americanos.
Solo minutos después de la retención de los vehículos, el coronel, de apellido Salazar, arribó al PAC, alegando que los pasajeros eran parte del personal militar y trabajadores administrativos del Ministerio de la Defensa.
Sin embargo, la evidencia fue contundente; además, ya los mismos pasajeros habían explicado cómo ingresaron al país, hacia dónde se dirigían y cuánto pagaron, por lo que la versión del militar no estaba fundamentada. Viajaban con los pasajeros cuatro militares, que supuestamente les pidieron la “cola” a los choferes.
Ante esta situación, el coronel y los cuatro choferes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Los autobuses fueron incautados.
Los identificaron como: J. Zambrano, O. Chacón., J. Arias, R. Gutiérrez y el coronel de la GNB R. Salazar, quienes serían procesados judicialmente, no solo por el presunto delito de tráfico de personas, sino por desacato al estado de alarma nacional.
A los pasajeros les practicaron las PCR y luego de una charla u orientación relativa a la importancia del uso del tapaboca y la aplicación de otras medidas de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19, les devolvieron el dinero que pagaron por el viaje frustrado, permitiéndoles que continuaran su camino.
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