Sucesos

Familiares exigirán exhumar cadáver de Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla

8 de febrero de 2018

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Con apoyo de la Fundación El Amparo, que preside el exdiputado  tachirense  y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, los familiares de la única  mujer abatida durante el operativo contra Óscar Pérez, en El Junquito, el pasado 15 de enero,  tramitarán lo concerniente a la exhumación del cuerpo, en virtud de que las circunstancias en las que le causaron la muerte aún les generan inquietantes dudas.

Agrupados en la oficina de Márquez, este miércoles, se encontraban  Ángel y Faride,  así como Enrique,  Shirley  y  Leydi,  padres y hermanos, respectivamente, de la enfermera y estudiante de Odontología, nativa del Táchira, para notificar públicamente su intención de efectuar dicho acto, por cuanto a la fecha la incertidumbre de que sean o no sus restos los que permanecen en la tumba del cementerio de Caneyes, no les deja vivir  en paz.

“Una investigación imparcial y transparente están exigiendo los familiares de Lisbeth Ramírez, quien fuera ajusticiada por el régimen el pasado 15 de enero; en ese sentido, es importante resaltar  que hay abundantes pruebas documentales y audiovisuales, en las cuales se demuestra que tanto Óscar Pérez, como Lisbeth y los  demás acompañantes, fueron víctimas de comandos del crimen, grupos de exterminio, como podemos llamar a las fuerzas especiales, el grupo Faes que  operó  en  esa oportunidad”, explicó  Márquez.

“Abundante evidencia”

Aseguró que existen 14 videos que grabó y difundió Pérez, así como una radiotransmisión de la policía venezolana, “que ponen en evidencia que ellos fueron detenidos con vida, una vez se rindieron, alrededor de las 11:30  de la mañana, y que horas más tarde aparecieron  en la morgue  de Caracas, con impactos de bala en la cabeza. Como pueden ver, hay un hecho extremadamente grave, si bien es cierto todos fueron ajusticiados, en el caso de  Lisbeth,  quien por un lado no era combatiente ni estaba armada porque no formaba parte del  grupo y además se había rendido; todas estas características lo convierten en un crimen de lesa humanidad, como asesinato, de acuerdo  al artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal  Internacional”.

—Por  cuanto  no hay garantías de  un debido proceso  y transparencia en el país -agregó el exparlamentario-, a petición de los familiares vamos a solicitar a  la Corte  Penal Internacional, en La Haya, la apertura de una averiguación por la responsabilidad  penal personal de Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la FANB, como jefe de Estado y jefe de Gobierno; también del ministro de la Defensa,  Padrino López; del  ministro  Reverol, de Interior y Justicia,  además del comandante del operativo, el coronel  Bastardo, responsable por haber permitido estos ajusticiamientos o por él haberlos ejecutado con sus hombres  -acotó-.

“También le estamos solicitando a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que  remita el caso a la Corte  Interamericana de Derechos Humanos, para que se establezca la responsabilidad del Estado venezolano y se den las reparaciones e indemnizaciones  a que haya lugar. Aquí no solo se violaron normas nacionales; la Constitución de la  República, en su artículo 55, exige que en cualquier operación haya el Principio de Proporcionalidad y ahí hubo realmente un desequilibrio, un uso excesivo de la fuerza, en virtud de que contaron  con 500 hombres, un helicóptero, una tanqueta, dos blindados, lanzagranadas rusos, es decir, todo eso fue desproporcional. Y algo igual de grave, como lo fue la desaparición de las evidencias, el escenario del crimen lo modificaron, lo limpiaron y lo destruyeron, lo cual agrava la responsabilidad de los que estuvieron al frente del operativo”.

Dijo que en función de toda esta situación, “solicitaremos también al Ministerio Público que profundice en las investigaciones, cumpliendo con el requisito legal. Sabemos que no lo van a hacer, como hasta ahora ha ocurrido; por eso, junto con los familiares, vamos a exigir justicia en este caso bochornoso que compromete seriamente al Gobierno y al Estado venezolano. Lo mismo que ocurrió con el expresidente peruano Fujimori, pasará tarde o temprano con Maduro y  los miembros del alto gobierno, que son responsables de esta masacre”.

“Fue una ejecución”

Explicó Márquez que esencialmente el propósito es que “se  examine  el conjunto de videos que difundieron Pérez y su grupo, también la radiotransmisión, y a su vez pediremos la exhumación de Lisbeth y de todos los demás,  para estudiar los diferentes impactos de bala o granada que pudieran tener, y principalmente constatar el acta de defunción con la realidad. En  muchos casos de masacres, como lo fue la de El Amparo, la exhumación ha sido fundamental para determinar, con base en varios elementos, cómo fue el crimen. En este caso, todos siguieron en directo lo que estaba ocurriendo en El Junquito, por ello no es que presumimos,  tenemos  la seguridad de que allí lo que hubo fue un ajusticiamiento”.

“Los que tengan que pagar, que paguen”

En breve intervención, Faride Mantilla de Ramírez, todavía apesadumbrada por lo ocurrido  a la menor de sus hijos, se limitó a agradecer la intención de personas como Márquez, de amigos y el apoyo incondicional que desde un primer momento ha recibido toda la familia por parte de los medios de comunicación.

Dijo que  hasta el momento, ni ella o alguno de  los familiares han sido llamados para rendir algún tipo de declaración.

Recordó la alegría y ganas de vivir que  tenía su hija, y que de un momento a otro se lo arrebataron todo. Confesó que la vida  sin Lisbeth Andreína ha cambiado para siempre en  su hogar.

“Mi hija no era ninguna terrorista, era una estudiante que quería superarse en este país y le truncaron sus sueños. Los que tengan que pagar, que paguen, porque este dolor es muy grande. Esto no se lo deseo a nadie, mi niñita me hace mucha falta. Y si es necesario que exhumen su cuerpo para llegar a la verdad, pues que lo hagan, pese al dolor que siento”.

La afligida madre, así como una vez solo pidió poder ver y despedirse de ella por última vez, ahora, con todo derecho, exige que se aclaren puntos y se haga justicia, en nombre de toda la familia.

Miriam Bustos

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