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El tráfico de migrantes en Chile, en auge por la “rigidez” fronteriza: los venezolanos entre los más perjudicados
22 de febrero de 2020
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El tráfico de inmigrantes en Chile se multiplicó por 14 en los últimos dos años, algo que las organizaciones de derechos humanos achacan a la “rigidez” de la ley migratoria del país, la más antigua de Suramérica, y a las medidas decretadas por el actual Gobierno del conservador Sebastián Piñera.
Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”.
En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”.
Haitianos y venezolanos, los más perjudicados
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”.
Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.
Además, algunos haitianos participaron del “Plan de Retorno Humanitario Ordenado”, una la política que Tijoux calificó de “perversa” porque favorece la vuelta de haitianos a su país con la condición de no poder regresar a Chile en 9 años.
La herencia de la dictadura
Además de los decretos gubernamentales, en Chile el flujo migratorio está regulado por la normativa de extranjería más antigua de Suramérica, promulgada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La académica detalló que esta regulación es restrictiva porque “se basa en la seguridad interior” y agregó que además, la verdadera intención cuando se creó era la de “evitar que volviera la gente que se había exiliado durante la dictadura“.
La legislación migratoria no es la única herencia de la dictadura que restringe el ingreso de extranjeros. Las minas antipersona, sembradas en la década de 1970 en la frontera entre Chile y Perú, se han cobrado la vida de más de 200 personas, algunos de ellos inmigrantes ilegales, según cifras del propio Gobierno.
El negocio de este paso fronterizo lo administran los “coyotes”, personas que cobran cerca de 100 dólares a los extranjeros que quieren cruzar ilegalmente a Chile, pero eso no les garantiza librarse del riesgo mortal de las minas.
Tras la firma del Tratado de Ottawa en 1997, Chile inició una labor de destrucción de estos dispositivos y, según cifras oficiales, ya se han eliminado más del 92 %, lo que significa que todavía quedan alrededor de 14.000 minas en activo.
El modus operandi
El Departamento de Extranjería y Migración estima que en 2018 más de 1.500.000 migrantes llegaron a la frontera chilena con la expectativa de instalarse en el país, pero apenas lo consiguieron un tercio de ellos.
Es en este momento cuando los migrantes son rechazos en los controles fronterizo cuando “algunos de ellos son captados por las organizaciones ilegales que facilitan, a cambio de dinero, el ingreso a Chile ya sea eludiendo el control policial o declarando antecedentes falsos ante la autoridad migratoria”, relató a Efe el subjefe de la Bitrap, Julio Sandoval.
En ocasiones, añadió Sandoval, la actividad ilícita de tráfico termina ahí y las personas comienzan a “hacer su vida” en el país, pero otras veces “los casos de tráfico ilegal de migrantes se transforman posteriormente en una trata de personas”, con fines de explotación laboral o sexual.
La trata, la esclavitud en tiempos modernos
Según los datos de la Bitrap, en 2019 se abrieron cuatro veces más investigaciones que en 2017 por trata de personas, delitos que incluyen explotación sexual, prostitución, trabajos forzados y prostitución de menores.
El subjefe de brigada apuntó que el verdadero problema de la trata es que “las víctimas nunca se sienten víctimas” porque tienen “miedo y desconfianza” y no quieren informar a la Policía sobre la situación ya que a menudo les han quitado su documento de identidad como “medida de control y sumisión”.
“La trata de personas es una esclavitud en tiempos modernos, es uno de los rubros más rentables para las organizaciones criminales después del tráfico de drogas y de armas”, sentenció. EFE
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