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24 de noviembre de 2024
Humberto González Briceño
Más allá de los legítimos títulos históricos y jurídicos que Venezuela tiene sobre el Esequibo, hay una dialéctica de imperios que viene operando desde el amañado laudo arbitral de París de 1899 hasta nuestros días.
Esta dialéctica viene determinada por la confrontación de intereses geopolíticos reales y materiales donde el Derecho internacional queda actuando como una mera apariencia. Lo que en definitiva cuenta es la capacidad real que pueda tener un Estado para defender o recuperar su territorio y el Derecho internacional estará a cargo de reconocer y justificar esa realidad.
Con marchas y contramarchas (el Acuerdo de Ginebra en 1966, el Protocolo de Puerto España en 1970, las desafortunadas declaraciones de Hugo Chávez en el 2004, por ejemplo), Venezuela ha podido beneficiarse de la diplomacia y el Derecho internacional para avanzar su geopolítica en una recuperación definitiva del Esequibo. Eso habría sido el resultado de una política nacional con una visión de 100 años y no con la miopía de una clase política y militar que hace planes para 5-7 años.
El problema que tenemos hoy es que Venezuela no cuenta con una política coherente o con una estrategia sostenible para la recuperación del Esequibo. Una vez que el asunto está en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro parece zigzaguear entre aceptar o no su competencia.
El discurso beligerante de Maduro y otros voceros del Gobierno dice que no aceptan la competencia de la CIJ en la materia del Esequibo, lo cual en principio podría ser parte de un enfoque correcto si y sólo si Venezuela tuviera una posición geopolítica sólida para tomar posesión material de la zona en reclamación. Ese, ciertamente, no es el caso.
Por otra parte, el Gobierno actúa en forma contradictoria al negar verbalmente la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pero al mismo tiempo hacerse presente ante la misma para refutar los alegatos de Guyana contra el referéndum del 3 de diciembre.
Lo que no hay que perder de vista en todo momento es que contrario a lo que pudiera parecer, no estamos frente a un conflicto de naturaleza jurídica sino más bien política, o mejor dicho geopolítica.
Si fuese un asunto estrictamente jurídico, muy poco importaría los apoyos que Guyana ha ido sumando a nivel internacional. Pero no es así. Esos apoyos explícitos, y la cómoda neutralidad de países que hoy son aliados del gobierno de Nicolás Maduro, son la medida de la sentencia que habrá de adoptar la CIJ en los próximos 2-3 años sobre el Esequibo.
Esas son las realidades de la geopolítica que, inmersa en una inescapable dialéctica de imperios, le tomará a Venezuela varias generaciones revertir no por vías jurídicas sino fácticas, que es como se resuelven los asuntos entre Estados soberanos.- @humbertotweets
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