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Economía
“En El Salvador la población está dispuesta a aceptar un deterioro en la economía a cambio de seguridad”
24 de abril de 2023
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Para el economista salvadoreño Gerardo Olano, el gobierno de Bukele carece de un plan más allá de su política de mano dura
Diego Mendoza
En los últimos años El Salvador ha estado en el foco de la opinión pública en América Latina.
El gobierno presidido por Nayib Bukele ha sido controversial, generando varias de sus medidas amplios debates en medios de comunicación y redes sociales, sobre todo aquellas tomadas para procurar la seguridad interna del país centroamericano.
Justamente, su Plan Control Territorial que ha servido para hacer caer de manera drástica las tasas de criminalidad, poniendo tras las rejas a más de 60.000 presuntos pandilleros, parece ser el principal factor para que en varias encuestas el mandatario figure como el mejor evaluado de la región.
Diario La Nación buscó analizar si las medidas tomadas en materia de seguridad, que han servido para elevar la popularidad del Presidente, se traducen a su vez en una mejora de la calidad de vida en materia económica de los salvadoreños.
Con este propósito, conversó con el economista Gerardo Olano, docente e investigador de la Universidad José Simeón Cañas y conductor del programa de radio Hablando de Economía.
Análisis del experto
Basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país presentó en 2022 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que estuvo en torno a 2,8 % y con una tasa de inflación cercana a 7,2 %.
Al respecto, el economista Olano consideró que estos datos macroeconómicos son desfavorables, puesto que muestran una desaceleración del crecimiento y un aumento en el costo de vida, a su vez que habría que agregar la caída de la Inversión Externa Directa (IED).
“Por ejemplo, en cuanto a este último indicador, se observa que la vecina Costa Rica recibió en 2021, 3.563 millones de dólares en IED, en tanto que El Salvador recibió 313 millones, e incluso se sabe que se contrajo en 2022. Lo que sugiere que el país no está atrayendo los capitales del exterior”.
Uno de los principales inconvenientes que ha enfrentado la actividad económica en el país es precisamente la inseguridad. Por esta razón, el presidente Bukele insistió ante el Congreso en la necesidad de dictar el Estado de Excepción, que le ha permitido ejercer un mayor combate contra las bandas criminales.
Pero si bien ha ocurrido una caída considerable en los niveles de homicidios, cuyo punto más elevado fue en 2015, hay serias dudas acerca de los efectos de la permanente prolongación de esta medida extraordinaria, y el posterior procesamiento de los detenidos.
En este sentido, el abogado venezolano Carlos Ramírez López, especialista en Derecho procesal, penal civil y constitucional, consultado por Diario La Nación, consideró que, pese a que la Constitución del país avala que el Congreso continúe prorrogando el régimen de excepción establecido en marzo de 2022, no es una medida recomendable a mediano y largo plazo.
El abogado sugirió, además, poner el foco en los procesos judiciales que se deben iniciar a los detenidos.
“Ahora, el gobierno tiene que evaluar si la estructura judicial del país cuenta con la capacidad para llevar a cabo la cantidad de juicios que se avecinan, si hay los tribunales y los jueces para cumplir con el debido proceso en los plazos estipulados”, acotó el experto.
A su vez, hizo especial alusión al caso del diario digital El Faro, que, tras 25 años en el país, decidió mudar su estructura administrativa y legal a Costa Rica, argumentando que se ha experimentado un deterioro considerable en las instituciones democráticas que permiten el libre ejercicio del periodismo.
Probablemente, la incertidumbre en torno a estos temas sea en parte lo que no le permite a El Salvador atraer la inversión y continuar con una calificación dudosa frente a sus acreedores.
El economista Olano sugirió que otro factor trascendental a considerar, donde se percibe la falta de un plan paralelo bien definido en materia social y económica, es en el hecho de que “la pobreza en los últimos cuatro años ha ido creciendo, como lo refleja la última Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, a cargo del Banco Central de Reserva (BCR)”.
La investigación muestra que la pobreza extrema (carencia de alimentos) pasó de 4,6 % en 2019 a 8 % en 2022. A la par, refleja que la población del país en este mismo periodo de tiempo ha disminuido, pasando de los 6.704.864 habitantes a los 6.330.947, a causa de que las personas siguen migrando a buscar mejores oportunidades.
El BCR incluye, además, que la deuda pública aumentó 5.881 millones de dólares desde junio de 2019 a febrero de 2023.
Para Olano, esta situación se torna insostenible, y señala que dos estudios dan solidez de su preocupación: “Por un lado, el FMI recomendó un ajuste fiscal, que no se ha cumplido, puesto que existe un agujero de 1.113 millones de dólares en el gobierno”.
“Por otra parte, en marzo pasado la Cepal publicó un estudio que muestra que El Salvador tiene una deuda global de 24.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 95 % del PIB”. Estos graves desajustes en las finanzas públicas, podrían derivar en una situación de alto riesgo en 2025, alertó el economista.
Pese a este panorama, el gobierno ha seguido engrosando su deuda, “acudiendo a acreedores como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de América Latina”.
“Al mismo tiempo, ejecuta diligencias con la intención de acceder a préstamos de bancos comerciales internos, que le permita hacerse con unos 3.200 millones de dólares para financiar distintos gastos que piensa realizar este año”, relató Olano, situación que supondría menos recursos para los privados.
Se espera que, según proyecciones del FMI, el PIB crezca este año en torno a 1,7 % y que la inflación desacelere hasta un 2,0 %.
Esta misma institución apunta que el turismo podría convertirse en una pieza clave para el mejoramiento de la economía, mientras el gobierno ha emprendido acciones para alentar las inversiones en tecnología al aprobar recientemente la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que exime de impuestos por 15 años a las actividades en este sector.
El presidente Bukele ha demostrado antes su apoyo al sector de la tecnología al anunciar la construcción de Bitcoin City, pensada para convertirse en el “megacentro de operaciones de criptomonedas”, según el anuncio oficial, tiempo después de haber aceptado al Bitcoin como moneda de uso legal.
En lo referido a estas últimas medidas, el economista Gerardo Olano las tildó de “fracaso”, al sostener que los bonos soberanos respaldados en Bitcoin, que emitió el gobierno por valor de 1.000 millones de dólares para financiar la construcción de la ciudad futurista, no se han podido vender.
Además, señaló que era absurdo pensar que en un país donde prácticamente la mitad del comercio es informal, “las personas iban a realizar intercambios en una moneda cuyo precio ronda actualmente los 30.000 dólares”.
“Incluso, se llegó a montar una red de cajeros que posteriormente debió ser desmontada porque nadie les daba uso”, aseguró.
Más allá de estos reveses, parece que las expectativas seguirán puestas sobre El Salvador, donde la política de mano dura cobra adeptos y detractores a nivel de toda la región.
“Hasta el momento lo que se percibe es que una parte importante de la población está dispuesta a aceptar un deterioro en la economía a cambio de seguridad”, afirmó Olano.
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