domingo 16 mayo, 2021
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EDICIÓN FRONTERA | Desapariciones: el crimen más común y silencioso de la frontera (I)

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EL DATO

Entre 15 y 20 personas  siguen con el estatus de  desaparecidas.

DE INTERÉS

En esta región es más fácil desaparecer a una persona que asesinarla”, aseguró  Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, una ONG   fundamentada, entre otros, en  el respeto  por los Derechos Humanos.

La data o cifra oficial de los venezolanos desaparecidos en la frontera de Ureña y San Antonio del Táchira, con el vecino país, hace tiempo se perdió, tanto porque sus familiares, mal aconsejados o por temor, no hacen público el caso o por el celoso hermetismo que en este sentido han adoptado, durante los últimos años, los organismos  policiales, ante los cuales se denuncian esos hechos que, valga decir, no son debidamente investigados.

En algunos  casos y casi de manera tímida, en última instancia, las redes sociales se prestan  como una opción para algunas de las desesperadas familias que buscan información sobre el paradero de sus seres queridos;  información que generalmente no llega nunca.

Aunque la abominable práctica de “desaparecer” a una persona es de vieja data y ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela, el Táchira no ha sido la excepción, por su condición de frontera. La “olla” de las desapariciones en la frontera tachirense se “destapó” en  mayo de 2015, cuando hicieron el hallazgo de fosas comunes con los restos de al menos  doce personas, en el sector La Mulata. Unos meses después, en octubre del mismo año, localizaron otras.  Las víctimas,  que lograron identificar, eran jóvenes de la misma zona y  otras que habían viajado de distintos estados del país.

¿Los responsables de los crímenes?, grupos irregulares que, desde antes de esas fechas, operaban en la frontera y que hoy se han multiplicado, fortalecido y siguen cometiendo atrocidades.

Fosas comunes “destaparon la olla” 

El descubrimiento de las fosas comunes sirvió  para que se conociera que, aparte de algunas de esas víctimas que fueron identificadas, entre 15 y 20 personas  seguían desaparecidas y, hasta el momento, así continúan.Los desaparecidos en esta vasta frontera tachirense que limita  con Norte de Santander, generalmente son de nacionalidad venezolana, pero dónde  desaparecen y el porqué es un misterio, sobre todo ahora que el transitar  irregular entre ambos países se ha hecho más permeable ante la reactivación de las llamadas trochas, pasos ilegales que los venezolanos prefieren utilizar, más aún si no poseen el Carnet Fronterizo  y transportan algún artículo o rubro, que posiblemente por los puentes no podrían pasar fácilmente.

Así han desaparecido gran cantidad de personas, en las trochas.  Caso concreto que se hizo público y notorio, el del sargento supervisor de la GNB José Germán Buitrago Castellanos, de 49 años, comandante del aeropuerto de Paramillo, quien para marzo de 2016, cuando ocurrió el evento, se encontraba a la salida de uno de estos pasos binacionales, en el municipio Bolívar. De su caso, aseguran testigos que se lo llevaron por la fuerza los  paramilitares, al darse cuenta de que era militar. Buitrago esperaba de este lado de la frontera a unos familiares que pasaron a Colombia para hacer unas compras.

Para enero de ese mismo año, otro caso icónico  de desaparecidos en la frontera, también en San Antonio, el de dos funcionarios policiales -uno de la PNB y otro de Politáchira-, Wilmer Jair Cáceres Salamanca, de 27 años,  y  Kevin José Rodríguez Botello, de 22 años, respectivamente, cuando  se supone que se juntaron y salieron para divertirse, la noche del 25 de enero.

De lo tres, más específicamente de Buitrago, posteriormente se presumió  que habían sido hallados sus restos en una fosa común, en predios colombianos, y que también podrían estar los de los policías, pero eso so quedó ahí, en presunción. Los familiares no volvieron a pronunciarse y tampoco las autoridades, que ni por su condición de funcionarios han dado respuesta.


“Es más fácil desaparecerla que asesinarla”

“En esta región es más fácil desaparecer a una persona que asesinarla”, aseguró  Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, una ONG   fundamentada, entre otros, en  el respeto  por los Derechos Humanos.

“Cuando acá (Colombia) ocurre un homicidio, se sabe, porque sale en las primeras páginas de los periódicos, pero cuando desaparecen a alguien, el crimen queda en silencio”, observó en una reciente entrevista a un medio de ese país.

Para Cañizares, “lo preocupante es que hace tres años este crimen viene en aumento en la frontera. Solo el año pasado, Medicina Legal reportó 233 personas desaparecidas en el departamento. A junio de este año, se han presentado 97 casos”, aseguró.

“(…) son principalmente trabajadores de los sectores de transporte y comercio, así como personas dedicadas al rebusque informal en los municipios de la frontera entre Colombia y Venezuela”.

En razón de esta preocupante  realidad, familiares y organizaciones, como la de Cañizares, han exigido a los gobiernos de Colombia y Venezuela activar un canal diplomático que les permita conocer qué ha pasado con sus seres queridos.

Miriam Bustos

 

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