La movilidad interna que se genera hacia el estado Táchira, producto de la denominada migración pendular, que es aquella que acude a la ciudades fronterizas de  Colombia, para el cobro de remesas, compra de alimentos y medicamentos, o recibir atención médica, para luego retornar a Venezuela, ha cambiado radicalmente el panorama en el estado, principalmente en los municipio de frontera, por lo que el Instituto Tachirense de la Mujer realiza un monitoreo constante, así como atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

 Beatriz Mora, presidenta del Intamujer, de acuerdo con una nota de prensa, se trasladó junto con su equipo de defensores estadales de derechos de la mujer y de la familia, por instrucciones de la gobernadora Laidy Gómez, para verificar las condiciones del paso fronterizo, en especial por la presencia de gran cantidad de mujeres, así como de niños, niñas y adolescentes, por lo que se hace necesaria la atención y actividades informativas a los fines de evitar situaciones de violencia en esta población, ya que pudieran ser víctimas de delitos sexuales, trata y tráfico de personas.

 “Es impresionante la gran cantidad de personas que se trasladan a nuestro estado Táchira, para cubrir necesidades básicas en el vecino país, aunado a la poca capacidad de atención que tiene el Gobierno nacional en los pasos fronterizos, lo que expone a las mujeres y a los niñas y niñas a situaciones indeseables por cualquier sociedad”, indico la presidenta de Intamujer.

En virtud de la evaluación realizada y observando la necesidad de la colectividad de los municipios fronterizos, como Bolívar, Pedro María Ureña y Junín, el Instituto Tachirense de la Mujer tiene planeada para el 2020 la creación de una Defensoría de Derechos de la Mujer en dicha zona, que permita atender a la población local, así como a las mujeres que se encuentran en movilidad por la frontera colombo-venezolana.

 Para Mora, es necesario continuar con las campañas informativas en materia de derechos de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes, así como generar programas preventivos y de atención para toda la zona fronteriza, ya que las formas de violencia que se están generando en el sector son particulares en razón de la movilidad interna y los procesos migratorios, donde aproximadamente el 51% de la población en tránsito son mujeres, de acuerdo con datos suministrados por investigaciones de las universidades de la región.