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Internacional
Venezolanos deportados de Trinidad bailaban en una discoteca cuando cayó redada
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Lo que empezó como una noche de fiesta terminó en una terrible situación para unos 200 venezolanos que asistieron a una discoteca en Trinidad y Tobago. Solo salieron a disfrutar, sin imaginar que eso echaría por tierra sus planes de establecerse en ese país. Un mes después, la mitad del grupo, 100 venezolanos fueron deportados a Venezuela, el pasado sábado 12 de agosto.
Organizaciones defensoras de DD. HH. denunciaron este fin de semana la deportación de los venezolanos que llegaron a Guiria, estado Sucre; luego de pasar un mes detenidos en condiciones inhumanas.
El Cooperante profundizó sobre el caso y conoció de fuentes cercanas a los deportados que ese día, asistieron a una fiesta en el Apex Bar and Lounge, ubicado en el 81 Western Main Rd, Port of Spain.
Lorena Beatriz Vargas Hernández es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en él área del Derecho Internacional; preparadora de documentos egresada del Instituto de Inmigración de la Florida y defensora internacional de DDHH.
En contacto telefónico con esta redacción, explicó que el grupo de venezolanos asistió a una celebración en el mencionado local cuando cayó una redada de los cuerpos de seguridad locales.
«Era una fiesta LGBTIQ+, llegaron los efectivos, pidieron la documentación y la mitad tenía una situación migratoria regular porque portaban carnet por razones humanitarias, pero los otros cien estaban en condición irregular», detalló. «Esa noche se los llevaron detenidos a todos, pese a que no procedía privarlos de libertad sino que debían ser advertidos de que tenían que salir de Trinidad y Tobado sin tuvieran una situación regular migratoria».
Desde el pasado 4 de julio, el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago declaró que las obligaciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se aplican y no pueden hacerse cumplir en el país caribeño. Por tanto, todos los migrantes que llegan a sus costas están sujetos a las disposiciones de la Ley de Inmigración y en consecuencia, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo pueden ser deportados aunque se hayan registrado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Sin embargo, Vargas Hernández remarcó que las autoridades actuaron ilegalmente al detenerlos y privarlos de libertad, estando incomunicados por más de un mes, sin comida y en condiciones inhumanas.
«Es lamentable que en este país, el Gobierno siga violando DDHH a venezolanos. Las organizaciones que velamos porque se respeten los DDHH debemos elevar la protesta para que esto sea remediado, que la comunidad internacional solicite sanciones a Trinidad porque es inconcebible lo que hace con los venezolanos», desaprobó.
En Trinidad y Tobago hay 35,314 migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales aproximadamente 16,300 han solicitado refugio y solo 3,200 se le ha reconocido esta condición, precisó la experta en leyes.
Todo estaba en regla en el local
El medio local de Trinidad, Guardian reseñó unas declaraciones del dueño del local nocturno Brent Fernández, en la que destacó que estaba considerando «su opción legal».
«En la fiesta había un socio comercial de nacionalidad china que tenía una tarjeta de Acnur, pero no fue detenido, así que no estoy seguro de si se trata de una victimización dirigida específicamente a personas hispanohablantes. Me resulta confuso. Pediré consejo sobre si debo proceder o no», expresó en aquel entonces.
Fernández manifestó estar preocupado por las condiciones en las que estaban detenidos los venezolanos, aunque destacó que les prestaría la ayuda necesaria.
«Buscamos proporcionarles refrescos y artículos de primera necesidad porque no sabemos si están recibiendo comida o algo de beber. No sabemos si están retenidos en condiciones humanas o inhumanas».
Pero fue precisamente las condiciones en las que estuvieron retenidos por varias semanas en el Helipuerto de Chaguaramas, una base de la Guardia Costera. En redes sociales circularon videos de los detenidos protestando porque no tenían acceso a alimentos ni agua potable. Tenían que dormir en colchones en el suelo y permanecían incomunicados.
La activista de Trinidad y Tobago Yesena González confirmó esta información en entrevista con El Cooperante, este miércoles.
«Estuvieron un mes detenidos en un sitio que tenía una orden de investigación desde hace varios meses por la violación a una venezolana. Ese sitio debería estar clausurado por la investigación que ordenó un juez, pero no fue así, los llevaron allí y los tuvieron por un mes detenidos arbitrariamente».
Explicó que no se les acusó de ningún delito, pero que fueron deportados porque Trinidad y Tobago no cumple con los convenios humanitarios.
«El Gobierno solo hace cumplir sus leyes locales, entraron a la fuerza sin una orden a ese local, pese a que estaba en regla», rechazó. «Es vergonzoso que arremetan de esta forma contra los venezolanos».
«Los obligaron a firmar»
Por su parte, el coordinador del Foro Penal en Delta Amacuro y defensor de DD. HH. Orlando Moreno, especificó que la expulsión de los venezolanos fue ordenada por el Ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Fizgerad Hinds, quien acudió con inmigración al Helipuerto de Chaguaramas donde permanecían los detenidos, para quitarles su documentación y obligarlos a firmar una «repatriación».
«En ese momento, no había ningún funcionario de la Embajada Venezolana facultado para ser testigo de este proceso, luego, apareció el embajador venezolano en Trinidad, Álvaro Sánchez Cordero y los obligó a firmar la deportación, pese a que las boletas de liberación estaban listas», lamentó.
Asimismo, condenó que los venezolanos hayan llegado a Guiria, sin identificación, sin insumos: «En total abandono vulnerando todos sus derechos».
«Con esta acción, vemos como Trinidad sigue violando DD, HH. junto al régimen venezolano, con la mirada complaciente de Acnur y la OIM, al expulsar a nuestros connacionales en una clara violación a los tratados y estatus internacionales, vulnerando el Principio de No Devolución y violando sus derechos fundamentales».
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