lunes 17 enero, 2022
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“Más de 200 muertes violentas en Zulia a manos de funcionarios de seguridad en 2021”

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De acuerdo con lo documentado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su Boletín diciembre de 2021 la entidad zuliana registró 224 muertes violentas que involucran a funcionarios de seguridad. Esta investigación, basada en un monitoreo realizado por Codhez a medios de comunicación nacionales y regionales, registró la muerte de 66 personas entre los meses de julio y diciembre de 2021. Anteriormente, en el Boletín julio de 2021, la organización registró 158 muertes durante el primer semestre del año como consecuencia del uso excesivo de la fuerza pública.

Es decir, entre el primero y el segundo semestre hubo una reducción de -58,23%, al menos en relación con casos reportados por medios de comunicación.

Si bien es cierto que al parecer hubo una disminución del número de hechos por violencia policial y del número de muertes causadas por estas circunstancias, para Codhez “aún se mantienen cifras preocupantes de este tipo de accionar de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano que dan cuenta de la inobservancia de las obligaciones de protección del derecho a la vida, como derecho central y nuclear para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

175 hechos violentos en un año

Según lo documentado por Codhez, en 2020 se verificaron en total 586 muertes por violencia policial, mientras que en 2021 se ocasionaron 224 de estas muertes, habiendo una reducción de -61,77% entre un año y otro. Sobre el número de hechos violentos, la organización precisa que en 2020 se constataron 419 acciones de violencia policial y en 2021 ocurrieron 175 en total, por lo que hubo una disminución de -58,23%.

Pese a ello, las cifras documentadas demuestran la constante conducta vulnerativa y violatoria que desempeñan los órganos de seguridad adscritos a las distintas ramas de gobierno.

Ejecuciones extrajudiciales

El Boletín diciembre 2021 indica que Maracaibo es el municipio del Zulia con mayor número de hechos en los cuales los órganos de seguridad del Estado actúan con violencia desmedida, seguido de San Francisco y Cabimas.

Solo en el segundo semestre de 2021, en Maracaibo hubo 21 hechos violentos (39,62%), en San Francisco 8 (15,09%), y en Cabimas 6 (11,32%). También padecieron de estas circunstancias otros municipios del Área Metropolitana de Maracaibo, como La Cañada de Urdaneta (4 hechos violentos: 7,55%) y Jesús Enrique Lossada (3 hechos violentos: 5,66%). Por su parte, en la Costa Oriental del Lago, se produjeron 2 hechos violentos en cada uno de los municipios Baralt (3,77%), Lagunillas (3,77%), Santa Rita (3,77%) y Simón Bolívar (3,77%),

Asimismo, el estudio señala que Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Baralt fueron los municipios donde se reportó el mayor número de muertes por violencia policial.

En tal sentido, en Maracaibo ocurrieron 27 muertes (40,91%). San Francisco registró 9 fallecimientos (13,64%). En Cabimas se reportaron 6 muertes (9,09%). En Baralt se conoció de la muerte de 5 personas (7,58%). Entre tanto, en La Cañada de Urdaneta (6,06%), Jesús Enrique Lossada (6,06%) y Santa Rita (6,06%), se verificaron 4 muertes en cada uno de ellos.

Del total de 66 personas abatidas en el transcurso de julio a diciembre de 2021, Codhez señala que 54 de ellas no pudieron ser identificadas en cuanto a sus edades se refiere (81,82%). “Otra vez se está en presencia de una grave omisión estatal, al no poder conocer información básica y necesaria para tener certeza del grupo de personas que se encuentran más vulnerables ante esta forma de violación de derechos humanos, demostrándose, una vez más, el desinterés gubernamental de dar a conocer con precisión las circunstancias que dieron lugar a estas muertes”.

Al respecto, solo se lograron identificar las edades de 12 personas fallecidas, la mayoría jóvenes adultos: 1 menor de 18 años (1,52%); 6 entre 18 y 24 años (9,09%%); 2 entre 25 y 29 años (3,03%); 2 entre 30 y 34 años (3,03%); 1 entre 35 y 39 años (0,63%).

Mayor número de muertes en manos de funcionarios nacionales y regionales

Codhez precisa que de las 66 muertes violentas 28 son imputables a los cuerpos de seguridad del Estado adscritos al gobierno nacional, lo cual representa un 42,42% del número total de muertes registradas en este período, seguido de los cuerpos de seguridad regionales a quienes se les adjudica 21 muertes por violencia policial (31,82%). Por otro lado, los cuerpos municipales causaron la muerte de 11 personas (16,67%). Mientras que, las denominadas acciones conjuntas de comisiones mixtas, ocasionaron 6 fallecimientos (9,09%).

Asimismo, especifica que cuatro cuerpos de seguridad causaron el mayor número de abatidos, en el siguiente orden: el CICPC (15,15%) y la GNB (15,15%) produjeron la muerte de 10 personas cada uno –ambos adscritos al gobierno nacional. Entre tanto, cuerpos adscritos al gobierno regional como el CPBEZ ocasionó la muerte de 9 personas (13,64%), mientras que el SIPEZ causó la muerte de 8 personas (12,12%).

Por otra parte, las acciones ejecutadas por comisiones mixtas produjeron el fallecimiento de 6 personas (9,09%). También, tanto la PNB (6,06%) como el CONAS (6,06%), el ERE (6,06%) y Polisur (6,06%), ocasionaron la muerte de 4 personas cada uno.

La integridad y la vida: bienes preciados de toda nación

Para Codhez, el caso venezolano, y concretamente, el zuliano, no son representativos de un Estado que garantice el derecho a la integridad y la vida de sus ciudadanos. A propósito, señala que la mayoría de las personas abatidas en el país son hombres jóvenes, calificados como delincuentes por parte de las autoridades, sin que se tengan mayor evidencia de investigaciones y las circunstancias de su muerte para la resolución de estos casos.

En este sentido, pese a la disminución de muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado en comparación con años anteriores, la organización considera que estas cifras no son nada alentadoras. “No se puede pretender felicitar la gestión de gobierno por una aparente reducción de hechos de violencia policial o de muertes potencialmente ilícitas, pues el verdadero objetivo que arropa la responsabilidad del Estado es la nula ocurrencia de estas circunstancias y fallecimientos”, explica.

Por último, subraya que el Estado debe comprometerse con su función suprema de ser garante de los derechos humanos, de castigar a quienes resulten responsables de estas muertes potencialmente ilícitas –siguiendo un juicio con garantías del debido proceso–, y lograr una reparación para quienes resulten vulnerados por estas acciones u omisiones./Con información de CODHEZ | AE

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