Nacional

TSJ declaró el carácter orgánico de la Ley de Extinción de Dominio

29 de abril de 2023

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La Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue propuesta en medio de la Operación Anticorrupción iniciada por el Gobierno con la cual se busca encauzar penalmente a los implicados

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este vierte el carácter orgánico de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, remitida por la Asamblea Nacional (AN) tras ser sancionada, por considerar que tiene las características jurídicas de este tipo de normativas, en cuanto a su «forma y contenido”.

La decisión fue expresada en la sentencia 0315 de la Sala Constitucional, cuya redacción estuvo a cargo de su presidenta, magistrada Gladys Gutiérrez.
Antes de debatir el carácter orgánico de esa ley, los magistrados aclararon que ese tipo de leyes son las que desarrollan principios establecidos en la Constitución.

“Tal expresión implica necesariamente el reconocimiento de su posición preeminente frente a otros textos normativos”, dicen los magistrados al explicar la frase “ley orgánica”.

En este sentido, la Sala determinó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio tiene por objeto desarrollar preceptos constitucionales “los cuales propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico el patrimonio moral, la ética, el bienestar del pueblo, lo cual es cónsono con la lucha anticorrupción como política pública del Estado y como bandera de la ley que aquí se está analizando”.

La Sala igualmente detectó que la ley analizada “se perfila a coadyuvar en la prevención de las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que tienen un impacto negativo sobre la sociedad”.

La Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue propuesta en medio de la Operación Anticorrupción iniciada por el Gobierno el pasado 17 de marzo, en la cual se han decomisado bienes producto de actos ilícitos contra las empresas estratégicas del Estado y con la cual se busca encauzar penalmente a los implicados. (Cortesía/Ultimas Noticias)

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