Opinión
El barril caro que no llega a casa

Carlos Casanova Leal

El petróleo volvió a cotizarse cerca de los 100 dólares por barril. Durante días, el Brent superó esa cifra y luego corrigió hacia los 95 dólares, una caída importante pero insuficiente para ocultar que el crudo sigue siendo caro en términos internacionales.

Sin embargo, ese dato, que en un país con una economía organizada podría significar margen para invertir, producir y proteger al ciudadano, apenas se siente en la vida diaria venezolana. El salario no recupera terreno, los servicios no mejoran, el transporte sigue siendo una odisea, el costo de la vida sube y sube, y el pequeño comercio sobrevive sin crédito, sin seguridad jurídica y sin un plan claro.

Aquí está el problema de fondo, Venezuela no parece tener un programa de transición económica creíble, público y verificable. No se trata solo de vender más petróleo o de recibir más dólares por barril. Se trata de transformar ese ingreso en capacidad productiva, alimentos, industria, empleo formal, infraestructura, educación técnica y servicios públicos funcionales.

Mientras eso no ocurra, el alto precio del petróleo será una cifra que aparece en los noticieros, pero no en la mesa familiar. El venezolano seguirá pagando en bolívares, dólares, euros o sacrificios una riqueza que, en los papeles, también le pertenece.

El problema no comienza cuando el barril baja de precio; comienza cuando el dinero entra y nadie puede explicar, con claridad y comprobación pública, hacia dónde va. Venezuela vive una opacidad estructural en el manejo de su renta petrolera: se conocen titulares sobre producción, exportaciones y acuerdos, pero no se conocen con la misma precisión los ingresos consolidados, los costos reales, los compromisos asumidos ni el destino final de cada dólar. Informes de Transparencia Venezuela advierten que no existe un mecanismo efectivo de rendición de cuentas que permita verificar cuánto administra el Estado y en qué se emplean esos recursos

Esa opacidad no es un accidente administrativo: es el resultado de una desinstitucionalización deliberada. Cuando la Asamblea Nacional pierde capacidad real de fiscalizar, cuando la Contraloría General no ejerce con independencia sus auditorías y cuando los fondos quedan fuera del presupuesto público, el ingreso petrolero deja de ser un asunto de la Nación para convertirse en una caja discrecional. La propia legislación venezolana establece deberes de transparencia y control fiscal para PDVSA, el Banco Central y la Contraloría; el problema es que, en la práctica, esos controles han sido debilitados, sustituidos o silenciados.

Un país serio no puede administrar su principal riqueza mediante fondos opacos, balances incompletos y decisiones que no pasan por el escrutinio ciudadano. La falta de publicación de estadísticas fiscales, presupuestos y reportes de gestión convierte al ciudadano en un espectador de su propio patrimonio. Mientras el venezolano no pueda conocer cuánto entra, cuánto se gasta, cuánto se ahorra y cuánto se pierde, cualquier discurso sobre recuperación económica será una promesa sin factura.

Por eso el alto precio del petróleo no llega a casa: no porque falte petróleo, sino porque falta institucionalidad. Sin contraloría social, sin auditorías independientes, sin presupuestos verificables y sin una Asamblea con poder real de supervisión, el ingreso petrolero no se transforma en hospitales, escuelas, agua, electricidad, empleo ni producción. Se transforma en poder. Y el poder, cuando no rinde cuentas, siempre termina cobrándole la factura al pueblo.

No es que el petróleo no alcance; es que, en la oscuridad, hasta la riqueza se vuelve escasa.

Dios bendice a los venezolanos.