Opinión
El petróleo que es de todos y no es de nadie

Antonio Sánchez Alarcón

 Una curiosidad del petróleo es que cambia de propietario según la frontera bajo la cual tenga la mala suerte de encontrarse. En Estados Unidos puede pertenecer al dueño de los derechos minerales de una parcela. En Venezuela pertenece a la República y, mediante esa elegante operación jurídica, se afirma que es de todos los venezolanos.

¿Por qué el petróleo debajo de Texas no es de todos los estadounidenses y el que duerme bajo el lago de Maracaibo sí es nuestro?

La explicación habitual apela al capitalismo y al socialismo. El asunto es anterior y más profundo: son dos maneras distintas de organizar materialmente el territorio, la propiedad y el Estado.

En Estados Unidos, la expansión territorial estuvo vinculada a la apropiación efectiva de la tierra. Poseer significaba ocupar, trabajar, defender, vender y explotar. En muchos casos, esa propiedad comprendió también los derechos sobre los minerales del subsuelo. El petróleo que allí aparece no se convierte mágicamente en patrimonio de todos los estadounidenses. Tiene propietarios concretos capaces de negociar su explotación y cobrar por ella.

Venezuela siguió otro camino. Nuestra tradición jurídica separó al propietario del suelo de las riquezas minerales existentes debajo. El subsuelo quedó reservado al Estado. Usted podía ser dueño de la hacienda, los árboles y el ganado, pero si debajo aparecía petróleo descubría inmediatamente que su propiedad tenía profundidad limitada.

Así nació una de las frases más repetidas de nuestra historia: El petróleo es de todos los venezolanos.

La afirmación es jurídicamente comprensible, pero filosóficamente sospechosa.

Una propiedad atribuida a millones de personas necesita alguien que la administre. Allí aparece el verdadero propietario operativo: el Estado. No como abstracción solemne, sino como gobiernos, ministerios, empresas públicas y funcionarios que deciden quién extrae, cuánto produce, a quién vende y qué hace con el dinero.

El venezolano resulta entonces propietario de una manera bastante peculiar. No puede vender el petróleo, explotarlo, hipotecarlo, heredarlo ni decidir su destino. Es dueño porque la ley afirma que aquello le pertenece, mientras una estructura política decide absolutamente todo sobre su supuesta propiedad.

El estadounidense puede no poseer una gota del petróleo de su país y, sin embargo, cobrar directamente por el crudo extraído bajo un terreno cuyos derechos minerales le pertenecen. El venezolano, en cambio, es solemnemente declarado copropietario de gigantescas reservas, pero debe esperar que el administrador convierta algún día esa riqueza en carreteras, hospitales o escuelas.

Y entre el pozo y el hospital, como sabemos, pueden ocurrir muchas cosas.

La cuestión decisiva no es entonces quién figura como propietario en una declaración jurídica, sino quién posee materialmente la capacidad de disponer del recurso.

Quizás por eso convenga terminar con una pregunta impertinente: si el petróleo es de todos, pero solamente unos pocos pueden decidir qué hacer con él, ¿de quién es realmente?